Trinidad Monterroso Bonilla y Jorge Eduardo García Monterroso, esposa e hijo del diputado Jorge García Silva, fueron ligados a proceso este martes 1 de febrero por la jueza Judith Secaida, por el caso de corrupción descubierto en el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
Además de los familiares del diputado, otras siete personas enfrentarán proceso por los señalamientos del Ministerio Público, cuya investigación reveló que las autoridades del ente científico, durante la gestión del director Yeison Broderson Samayoa Velásquez, habrían incurrido en compras anómalas e irregulares.
Además, en la audiencia se revelaron indicios que comprometen al legislador cuya esposa e hijo ya enfrentan a la Justicia.
Hasta el momento, el congresista no está siendo investigado por la Fiscalía contra la Corrupción debido a que goza de derecho a antejuicio, pero los indicios que lo vinculan como líder de una estructura que desfalcó al Insivumeh se descubrieron como hallazgos inevitables, cuando se investiga a otros implicados.
Los fiscales expusieron ante la jueza que las conversaciones eran de Monica Danirla Tagre Ordóñez y Marleny Gessel Diaz con el diputado.
En las conversaciones, según los fiscales, el diputado daba órdenes para pagar a proveedores y en otro de los chats descubiertos solicitó comprar una camioneta, el vehículo fue decomisado en una Casa de Campo de la familia de García Silva.
El caso
Según informó el Ministerio Público, una denuncia interpuesta el 21 de noviembre de 2020 alertó “que posiblemente un diputado facilitó contratos de servicios de asesoría a personas vinculadas a su partido y familiares para beneficios en la adjudicación contratando a una entidad mercantil por Q21 millones, vinculada a él y a su esposa, así como un contrato por Q1 millón 980 mil con otra entidad comercial vinculada al esposo de una asesora de la bancada de dicho diputado.
Un cable de la agencia de noticias EFE hizo referencia a una investigación del diario “La Hora”, en la que se detalla que la Fiscalía Contra la Corrupción indagó de oficio las compras del Insivumeh realizadas a la sociedad anónima “Outsoursing Total”, que presuntamente está vinculada al diputado Jorge García Silva del partido Prosperidad Ciudadana.
El 5 de noviembre, el Ministerio Público coordinó las primeras capturas del caso. Juan Luis Pantaleón, vocero del MP, informó que no se había solicitado el retiro de la inmunidad del diputado y que se analizaba presentar en los próximos días; sin embargo, luego dijo que “la Fiscalía estaba trabajando en ello de momento”.
El Ministerio Público agregó que, aprovechando las influencias políticas y de poder, entre ellas de la abogada Sabrina María Véliz Castañeda, asesora parlamentaria del bloque legislativo Prosperidad Ciudadana y asesora de la Dirección General del Insivumeh, “así como la influencia de Yeison Broderson Samayoa Velásquez, quien fungía como director general del Insivumeh (…) utilizaron sus cargos y la emergencia del covid-19, así como la integración del congresista en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, para obtener una modificación presupuestaria a través del Decreto 20-2020 del Congreso de la República”.
Agregó que con esas acciones se benefició al Insivumeh con una asignación presupuestaria de Q30 millones “destinados para la compra de un radar para tecnificar la red meteorológica nacional”, un procedimiento considerado como injustificado, debido a que no es una entidad estatal “que en ese momento se encargara de velar por el combate y atención a la pandemia, ni ser una institución con servicios esenciales”.
Además, el MP refirió que “las pesquisas revelan que se utilizaron diversas artimañas destinadas para gestionar la adjudicación de los eventos de contratación pública a las entidades mercantiles sin contar con la experiencia necesaria, las capacidades técnicas, las especialidades a fines para prestar los servicios científicos que anómalamente les fueron adjudicados, así como del incumplimiento de requisitos; sin embargo, fueron aprobadas por Samayoa Velásquez en su calidad de director general y finalmente avaladas por el entonces Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, provocando con ello, un grave perjuicio para el patrimonio del Estado de Guatemala por la cantidad de Q.28 millones 69 mil 214.40 en nueve adjudicaciones”.