- Si el Congreso no lo aprueba antes del 30 de noviembre, quedará vigente el actual para el año 2025, complicando gestión del gobierno de Arévalo
El Congreso de Guatemala enfrenta una semana crucial para la aprobación del presupuesto 2025, cuyo plazo vence el 30 de noviembre. Si no se aprueba, el gobierno de Bernardo Arévalo deberá operar con el presupuesto de 2024, lo que podría limitar su capacidad para implementar programas clave en áreas como salud, educación e infraestructura.
Perspectivas para la aprobación:
- Consenso y desacuerdos: Existen posturas encontradas entre las bancadas. Por un lado, hay consenso sobre la necesidad de priorizar sectores como salud y educación, pero también persisten críticas sobre el incremento del déficit fiscal, que se estima en 3.1%, financiado en gran parte por bonos del Tesoro. Este endeudamiento, en su mayoría destinado al gasto de funcionamiento, es un punto de controversia para sectores empresariales y analistas económicos
- Falta de quórum: El 22 de noviembre, una sesión del Congreso para discutir el presupuesto no se llevó a cabo debido a la ausencia de varios diputados, lo que refleja la dificultad de alcanzar acuerdos entre las distintas fuerzas políticas
- Recomendaciones técnicas: Diversos actores, como el Consejo Económico y Social (CES) y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), han planteado ajustar el déficit fiscal y priorizar inversiones estratégicas en infraestructura. Aunque estas observaciones no son vinculantes, reflejan presiones externas hacia el Congreso para una aprobación responsable del presupuesto.
Escenarios posibles:
- Aprobación de urgencia nacional: Algunos diputados buscan aprobar el presupuesto bajo esta figura para evitar una discusión prolongada. Sin embargo, esto requiere una mayoría calificada de 107 votos, algo que parece complicado dadas las divisiones actuales.
- Imposibilidad de aprobación: Si las bancadas no logran consensuar esta semana, el presupuesto 2024 seguirá vigente, lo que podría restringir la ejecución de programas planeados por el gobierno.
La instancia de jefes de bloque deberá incluir en la agenda de la semana nuevas sesiones extraordinarias, previendo que no se apruebe de urgencia nacional y requiera las tres lecturas ordinarias.
El tiempo es un factor determinante, y las negociaciones en los próximos días serán clave para definir si el presupuesto 2025 será una realidad o si el gobierno deberá adaptarse al marco financiero del año actual.