Para reducir la desigualdad imperante en Guatemala, la principal causa de la pobreza – lo que explica que países con un PIB per cápita menor que el nuestro tengan menos pobreza – los dos principales instrumentos son una política fiscal progresiva, con un fuerte peso de los impuestos directos, que permita al Estado ofrecer a los sectores menos favorecidos los satisfactores sociales básicos, como la educación, la salud y el acceso a una vivienda digna; y el salario. Ambos tienen un efecto redistributivo sobre la sociedad. Es de esa manera como las sociedades hoy desarrolladas llegaron a serlo.
Cuando los trabajadores están en condiciones de negociar colectivamente con sus empleadores, no es necesaria la intervención del Estado para que puedan aumentar sus ingresos. Es lo que sucede en países como los nórdicos y Alemania. El Estado interviene muy poco o casi nada, porque trabajadores y empleadores, en ejercicio de la autonomía de las partes, alcanzan acuerdos sobre los montos salariales y demás condiciones de trabajo.
Los neoliberales afirman que es el mercado el que debe fijar los salarios, porque es un precio más. No aceptan la intervención del Estado ni la organización de los trabajadores, porque consideran que introduce distorsiones indeseables en el mercado de trabajo. Tenemos el ejemplo de Europa – citado por Pikketty en el Capital en el siglo XXI – donde durante la primera mitad del siglo XIX los salarios permanecieron estancados e incluso retrocedieron a niveles del XVIII, a pesar de las elevadísimas tasas de crecimiento económico derivadas de la Revolución Industrial. Fue hasta que surgieron las luchas sindicales que los salarios mejoraron.
En Guatemala la negociación colectiva en el sector privado es prácticamente inexistente y la desigualdad enorme. Esta es un obstáculo para el crecimiento económico y para el desarrollo del mercado interno. Por ello es indispensable que los gobiernos adopten una política de salario mínimo, que debe buscar elevar progresivamente, como señalan los Acuerdos de Paz que están cumpliendo 20 años, el salario real de los trabajadores. Salario que, dicho sea de paso, está estancado. El salario real de 2015 es prácticamente el mismo que el de 2002, debido a que el incremento de los precios ha sido superior a los aumentos nominales del salario mínimo.
Esa política de salario mínimo debe ser previsible, para que los inversionistas sepan cuáles son las reglas del juego en la materia. Tanto la OIT como la CEPAL y destacados expertos a lo largo y ancho del mundo, sugieren que los aumentos sean graduales, progresivos y sostenidos. Aumentarlos de golpe y porrazo, para alcanzar el costo de la canasta básica de alimentos, como hizo Mel Zelaya en Honduras, es irreal e irresponsable. Es preferible el ajuste anual del salario mínimo, pues en caso contrario, al hacerlo cada dos o tres años, los incrementos son mayores. Las empresas pueden absorber con más facilidad un 5% cada año, que 10% o 15% cada dos o tres años.
La discusión anual entre representantes de empleadores y trabajadores casi siempre concluye sin acuerdos. Es más fácil para ambos que el gobierno tome la decisión, teniendo así a quien echarle la culpa. Hay problema de confianza entre representantes y representados, que también dificulta plantear propuestas realistas. En todo caso, el objetivo de un proceso de consulta es conocer la opinión de los involucrados. Si se alcanza acuerdo mucho mejor. Si no se llega a una decisión compartida, el gobierno ya cumplió con escuchar y le corresponde fijar el salario o los salarios mínimos en un monto que sea razonable, sopesando las necesidades de los trabajadores y las posibilidades de las empresas.
Sobre el salario mínimo se dicen muchas falsedades. Por ejemplo, que provoca informalidad. Tenemos el caso de México, donde el salario mínimo es irrelevante y la informalidad en las actividades no agrícolas tan elevada como en Guatemala. También el caso de El Salvador, que tiene un salario más bajo que Guatemala y con una informalidad similar. Que ahuyenta la inversión y está el mismo caso de El Salvador, que tiene además una economía dolarizada, y atrae menos inversión que Guatemala.
Es entonces conveniente que el actual gobierno, ahora que está por terminar el proceso de discusión, adopte una política de salario mínimo prudente y moderada, teniendo presente que es el mejor instrumento para reducir la pobreza y la desigualdad.