Se trata de asegurar el anillo de impunidad en el sistema de justicia y el blanco ahora es la jueza y Mujer coraje, a la que apuntan el MP y la ilegítima Corte Suprema de Justicia.
Gonzalo Marroquín Godoy
Se trata de una lucha en la que aparecen en primer plano tres mujeres, pero una de ellas es diferente. Erika Aifán ha optado por el camino de la independencia y se niega a ser en una marioneta más dentro del sistema de justicia, convertido en engranaje vital de la alianza oficialista para mantener firme el muro de impunidad que ha construido.
Es una batalla desigual. Las otras dos mujeres involucradas, que actúan por intereses de la alianza oficialista, son la fiscal general, Consuelo Porras y la presidenta de la ilegítima CSJ, Silvia Valdés, dóciles piezas que han recibido la tarea de hostigar y eventualmente quitar del camino a la incómoda jueza Aifán, precisamente porque actúa de forma independiente, como debieran hacerlo todos los jueces y magistrados.
El 10 de diciembre pasado, Alemania y Francia dieron el premio Derechos Humanos y Estado del Derecho 2021 a la que reconocen por su lucha contra los obstáculos y ataques que afronta día a día para cumplir su labor. Antes de eso, en marzo, la Casa Blanca entregó el premio Mujer coraje a 15 mujeres de diferentes países y entre ellas destacaba la jueza Aifán, a quien se reconocía su valor en la lucha antricorrupción.
Ese premio lo entregó nada menos que la primera dama estadounidense, Jill Biden, quien seguramente siente como una bofetada en pleno rostro lo que intentan hacer contra la galardonada juzgadora.
En contraparte, Valdés, quien encabeza una Corte ilegítima desde hace más de dos años, nunca ha recibido alguna mención positiva por su labor al frente de la CSJ o como magistrada. Eso sí, es pieza fiel y clave para la alianza oficialista, empeñada en mantener esa impunidad que es barrera protectora de la corrupción.
La que sí ha tenido menciones, y muy importantes y destacadas a nivel internacional, es la fiscal general Porras –empeñada en gastar recursos en una campaña publicitaria para mejorar su imagen–, pues fue tildada dura y directamente por el Departamento de Estado de EEUU como corrupta y antidemocrática, lo que resumen su papel al frente del MP.
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Este esbozo de las tres mujeres involucradas en la batalla que libran permite ver las diferencias entre unas y la otra. Por un lado, se muestra a dos personajes que son simples peones de la alianza oficialista y, por el otro, a una jueza que resiste con dignidad, porque se niega a entregar lo más sagrado que tienen los juzgadores: su independencia.
El problema es que las fuerzas son desiguales, puesto que nadie puede dudar del poder que hay detrás de dos instituciones como el MP y la CSJ, a las que en última instancia respalda la también oficialista Corte de Constitucionalidad (CC). A ello hay que agregar el peso del Ejecutivo –con el presidente Alejandro Giammattei a la cabeza– y el Congreso, controlado por la alianza.
Es decir que la jueza Aifán está enfrentando en realidad al Estado, además de otros de los aliados, como son mafias, estructuras de corrupción, militares, empresarios, y otros grupos de poder que hacen que el enemigo sea un auténtico gigante.
Sin embargo, eso no ha doblegado a la jueza, que apenas cuenta con el respaldo de grupos projusticia, de guatemaltecos democráticos auténticos y de la comunidad internacional, que no siempre puede hacer valer su peso.
Ya perdí la cuenta de los antejuicios que han planteado contra Aifán, pero recordemos que la CSJ siempre falla a favor de los corruptos y en contra de los que los persiguen o combaten. Adicional a ello, cuando se sube de instancia, la desprestigiada CC termina de dar el mazazo definitivo.
A la fiscal Porras, el Departamento de Estado le dijo que deje de perseguir a los que combaten la corrupción y persiga a los corruptos, pero ella sigue en lo suyo, aunque su vergonzosa publicidad diga lo contrario.
Ante toda esta situación de INJUSTICIA, cabe preguntar cuál debe ser el papel de la sociedad, de usted apreciado(a) lector(a) y de todos los demás que la integramos. Si pasan sobre la jueza Aifán, la impunidad se fortalecerá y el daño será en el corto, mediano y largo plazo, para todos los guatemaltecos y nuestra democracia.
En una dictadura, todo el poder se concentra en una persona. Los tres poderes del Estado están supeditados al dictador. Nosotros tenemos una dictadura no de persona, sino de un sistema político que todo lo manipula, controla y, aunque cada cuatro años hay cambio, el sistema corrupto y la impunidad siguen caminando tan campantes.
Por eso y por muchas cosas más, debemos gritar y exigir: ¡Basta Ya! ¡Queremos la independencia de la Justicia! ¡No más corrupción!