La justicia mexicana resolvió este martes enjuiciar por operaciones con recursos ilícitos a Emilio Lozoya, exdirector de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y señalado también de recibir sobornos de la brasileña Odebrecht que habrían financiado una campaña presidencial.
La audiencia se desarrolló por videoconferencia pues el exfuncionario, de 45 años, fue hospitalizado por un cuadro anémico tras llegar extraditado desde España el 17 de julio, tras su captura en febrero.
La Fiscalía General (FGR) presentó cargos por la compra, entre 2013 y 2015, de una planta de fertilizantes por la que Pemex pagó unos 485 millones de dólares, un precio considerado excesivo pues la fábrica no se había usado durante 14 años.
US$3 millones
Lozoya es acusado de recibir de la propietaria de la planta de fertilizantes, previo a la venta, un pago de 3 millones de dólares con los que habría adquirido una lujosa vivienda en la capital.
La modalidad del delito es la de haber adquirido el inmueble con recursos ilícitos «con el propósito de ocultar el origen o propiedad de dichos recursos», determinó el juez, según reportes que el Poder Judicial entregó a la prensa por un servicio de mensajería instantánea.
Lozoya aseguró que poseía esa vivienda antes de asumir la dirección de Pemex, en diciembre de 2012.
Prófuga
En esta denuncia también está imputada su hermana, Gilda Lozoya (prófuga), y el empresario Alonso Ancira, quien gestionó la venta de la factoría y enfrenta un proceso de extradición en España.
No se presentaron cargos por el escándalo de Odebrecht, que se abordará durante la audiencia del miércoles, según medios locales.
Lozoya es sospechoso de gestionar sobornos por 4 millones de dólares de Odebrecht, que habrían financiado la campaña que llevó a la presidencia a Enrique Peña Nieto (2012-2018), del Partido Revolucionario Institucional.
Ofrece nombres y cargos
Antes de la resolución judicial, la defensa declinó debatir la acusación fiscal, asumiendo los cargos, según destacó el propio juez.
No obstante, sus abogados alegaron que Lozoya había sido utilizado por «un aparato organizado de poder» y que denunciará oportunamente los ilícitos cometidos.
Señalará «claramente a las personas responsables y los cargos que ocupaban (…) en el ánimo de salvaguardar la edificación de un criterio de oportunidad» con la fiscalía, agregó la defensa según los reportes del Poder Judicial.
El «criterio de oportunidad» es una figura por la que la fiscalía declina enjuiciar a un acusado pues hacerlo reportaría pocos beneficios o porque el imputado puede ofrecer información sólida para perseguir un delito más grave del que se le imputa.
Desde antes de su captura, los abogados de Lozoya sostienen que el exdirectivo -cuyo cargo era equiparable al de un ministro de estado- no actuó solo y han sugerido que los más altos funcionarios del gobierno de Peña Nieto conocían sus acciones.
Este juicio «ayudará a que se destierre la corrupción en México», dijo más temprano el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin prisión preventiva
La fiscalía solicitó que Lozoya
- permanezca bajo vigilancia policial en el hospital
- que se le coloque un localizador electrónico
- y que entregue su pasaporte y visas para evitar que salga del país.
La institución, sin embargo, no pidió su prisión preventiva.
El juez exigió además solicitó que:
- se presente cada 15 días ante la autoridad judicial
- y aceptó otorgar seis meses más a la fiscalía para investigar y recabar más pruebas.
Lozoya, que se declaró inocente, convalece en un lujoso hospital privado del sur de Ciudad de México mientras que el magistrado presidió la audiencia desde un penal del norte de la metrópoli donde fue abierta la causa.