La Corte de Constitucionalidad (CC) está llamada a defender el orden constitucional y ser el contrapeso más importante dentro del Estado para impedir cualquier abuso del poder político y judicial.».
Gonzalo Marroquín Godoy
No es la primera vez que Guatemala atraviesa por un momento de oscurantismo político, pero vaya si no se ha complicado la situación, pues se ha perdido absolutamente toda institucionalidad, al tiempo que prevalece una amalgama de poder pocas veces vista en el pasado reciente, la cual controla los principales organismos y dependencias estatales.
El caso es que esta cooptación absoluta del Estado incluye a las cortes –Suprema (CSJ) y de Constitucionalidad (CC)–, al Ministerio Público (MP), y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), control que hace prácticamente imposible que funcione la democracia y, por lo tanto, los derechos ciudadanos se ven seriamente limitados, dependiendo directamente de la línea que dicte ese poder oficialista que apunta a perpetuarse.
En el año 1993 la institucionalidad y la democracia estuvieron a punto de colapsar, cuando Jorge Serrano pretendió tomar el control del Congreso y la CSJ en un golpe de Estado que provocó la repulsa doméstica e internacional, hasta que sucedió lo que por momentos parecía impensable: la CC reaccionó, defendió la institucionalidad y obligó al restablecimiento del orden constitucional, forzando la renuncia del presidente golpista y rescatando la democracia en un momento crítico.
La respuesta de la CC fue exactamente en la dirección de lo que establecen los mandatos de esa institución. Si no se hubiera producido la resolución en contra del intento de golpe de Estado, una dictadura pudo haberse establecido en Guatemala, con un presidente, Serrano, controlando plenamente los tres poderes del Estado y asumiendo una postura autocrática, de la cual nos hubiera costado salir indudablemente.
En resumen, la CC intervino y funcionó como el contrapeso de aquel poder político que pretendía pasar sobre la Constitución. Ello se logró porque los magistrados actuaban con independencia y sabían que su función era cumplir el mandato superior de hacer que se respete la Constitución.
Vale la pena recordar los nombres de aquellos magistrados titulares que hicieron valer el sistema legal del país: Epaminondas González Dubón, Jorge Mario García Laguardia, Edmundo Vásquez Martínez, José Gabriel Larios Ochaeta y Adolfo González Rodas. Ellos antepusieron el interés nacional al interés particular.
Sin duda sabían que incluso su vida y seguridad estaban en juego al oponerse a los deseos de aquel presidente golpista. Su actitud, apegada a la Constitución y ejecutada de manera valiente, salvaron en su momento el proceso democrático que ahora mismo vuelve a estar en peligro, aunque de una forma muy diferente.
Después de eso principió paulatinamente un manoseo político en la elección de magistrados. Poco a poco nombre de prestigio como los mencionados, fueron cambiando, hasta llegar a la actual, la menos independiente de todas las CC hasta la fecha. Ahora cabe esperar cualquier resolución posible de parte de los magistrados, menos alguna que afecte los intereses de la poderosa alianza oficialista que mangonea también al MP, CSJ, salas de apelaciones, TSE, PDH y hasta al Comité Olímpico (COG) y la USAC.
Después de aquella magistratura de la CC, no se ha vuelto a ver tantos abogados de prestigio, independientes en esos cargos. En las subsiguientes hubo algunos destacados, pero cada vez se observa una elección más politizada, hasta llegar a la actual, cuando se produce una descarada integración de magistrados afines a la corriente política dominante, esa alianza oficialista.
El presidente Alejandro Giammattei nombra a su secretaria Privada, Leyla Lemus, el Congreso a Dina Ochoa, la espuria CSJ –que debió ser cambiada en 2019– a Roberto Molina Barreto, la USAC, que había nombrado a la independiente Gloria Porras, sufre presiones y alegatos legales retorcidos, hasta lograr sustituirla por Héctor Hugo Pérez Aguilera y un manoseado Colegio de Abogados envía a Néster Mauricio Vásquez Pimientel. En resumen, ni siquiera satisfizo a la alianza oficialista tiene una amplia mayoría, hicieron que la CC no tenga ni tan solo una voz disonante.
Por cierto que, para vergüenza nuestra, el magistrado Vásquez Pimientel ha sido incluido en la famosa Lista Engel que el departamento de Estado de EEUU ha creado para incluir a personajes extranjeros que sean corruptos y antidemocráticos. En cualquier país del mundo que se precie de ser medianamente democrático, esta situación hubiera obligado a que el magistrado renunciara. Aquí no pasa nada.
Pero entonces ¿para qué hablar de la CC? Pues quisiera exponer que, analizando la situación del país, es indispensable que se rescate la figura de la CC, aunque para ello –algún día– tenga que reformarse la Constitución. Ha quedado claro que no puede quedar en manos de estas cinco instituciones –Ejecutivo, Congreso, CSJ, Colegio de Abogados y USAC– la integración del pleno de magistrados. Es indispensable encontrar una fórmula de elección más ecuánime, en la que el poder político tenga la menor injerencia posible. No se puede poner a cuidar del poder político, de los corruptos, antidemocráticos, y autoritarios, a los mismos representantes de estos. Es como poner a un lobo a cuidar ovejas. Lo que hará el guardián, es permitir que una manada de lobos compañeros se coman a las pobres e indefensas ovejas (el pueblo).
No es un tema para este momento, pero es algo que debemos ir pensando como sociedad para hacer que la institucionalidad no pueda ser mangoneada como ahora sucede. Algún día el país debe mejorar y hacer un cambio a la integración de la CC dará solidez institucional.
¿…Y si la CC fuera distinta y actuara diferente?: Muy sencillo, la Guatemala de hoy podría ser distinta y la democracia reverdecer en el respeto de nuestros derechos ciudadanos.
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