Gonzalo Marroquín Godoy
Recientemente, conversando con José Rubén Zamora sobre todos los acontecimientos que hemos vivido en Guatemala durante los últimas diez días, me decía que el país está en un “laberinto perfecto, porque no hay salida”. La verdad es que es una frase lapidaria, pero muy acertada de acuerdo al momento y a la realidad sociopolítica nacional.
Mi impresión es que en esta batalla –hasta ahora– la ha perdido la lucha contra la corrupción y la impunidad. Eso significa que el gran perdedor es Guatemala, porque se corre el riesgo de que las mafias criminales y las mafias políticas, se vean fortalecidas y tomen un nuevo aire para seguir el saqueo voraz de las arcas públicas. En pocas palabras: que lo que hemos avanzado se pierda.
Siguiendo la línea de mi columna anterior, yo me atrevería a asegurar que en ese proceso nos encontramos ahora, si no se plantea una solución diferente.
El debilitamiento innecesario al que el presidente Jimmy Morales ha sometido al MP y a la CICIG me hace ver que en el futuro –si no hay un cambio de rumbo en la tendencia de los acontecimientos–, la “clase política” podrá esconderse de nuevo detrás el manto de impunidad, el mismo que nunca se había logrado romper hasta que Iván Velásquez decidió entrarle de lleno a las estructuras criminales que se han formado en torno a los partidos políticos de turno y han terminado cooptando las instituciones del Estado.
Con un MP en vías de perder la fuerza por el cambio de Fiscal General en mayo del año próximo, y con un Velásquez que ha sufrido el desgaste natural del enfrentamiento público y judicial, no hay muchos argumentos para ser optimista. Sin embargo, no hay que permitir que Guatemala vuelva a la deriva, como tampoco se debe dejar a la “clase política” retomar el control del país. Esta crisis no es fácil de resolver y menos hacerlo de manera positiva. El problema es que la polarización que se ha manifestado, no ha permitido que las partes, los sectores sociales, vean con tranquilidad los graves desafíos que tenemos por delante si no se encuentra un camino distinto al que llevamos.
Es difícil ser optimista en la coyuntura actual, porque hay fuerzas oscurantistas que no quieren que el país avance, sino que más bien han encontrado en la confusión pública el mejor aliado para volver al pasado, ese pasado en el que funcionaban casi a la perfección las estructuras de corrupción y, por supuesto, la impunidad judicial.
En momentos de crisis es cuando surgen oportunidades. Aquí hay quienes pretenden cerrar todo espacio de solución que permita mantener la lucha contra la corrupción. Hay discursos a favor del diálogo, pero más o menos sugiriendo que hay que “negociar”, cuando la justicia y el respeto a las leyes no son algo negociable.
Muy pronto se verá el contubernio político que hay para no permitir que avancen las investigaciones sobre el financiamiento de los partidos políticos. Se ha visto la perversa “alianza” de la clase política marcada por la corrupción –diputados, alcaldes y Presidente–, que anuncia en boca de uno de sus representantes, el alcalde Álvaro Arzú que están dispuestos a “hacer la guerra”. ¿Qué “guerra”? ¿contra quién la “guerra”?. Guatemala no necesita ese tipo de “guerras”, necesita de unidad para combatir a las mafias, pera terminar con la impunidad y fortalecer el Estado de derecho con un marco de certeza jurídica para todos.
Es tiempo para escuchar ideas creativas para reconstruir el Estado. Nos guste o no, Guatemala debe reconocer a Iván Velásquez haber iniciado la lucha contra la corrupción, una corrupción que nos ha sumido en la pobreza, en la desesperanza y en la frustración por la falta de oportunidades.
Ojalá vengan pronto, pero tristemente estamos en el punto en que podemos preguntarnos: y ahora…¿quién podrá defendernos?.