Gonzalo Marroquín Godoy
Los últimos dos días de esta semana han sido agitados noticiosamente. El jueves, el MP y la CICIG mostraron –con lujo de detalles y pruebas– que el partido oficial FCN-Nación recibió financiamiento electoral ilícito, proveniente de un grupo de empresarios que manejaron esos fondos por medio de una empresa de comunicación. Eso ocurrió al filo del mediodía del jueves.
En horas de la tarde, un grupo de los empresarios aludidos, se presentó en conferencia de prensa para “dar la cara”, y “pedir disculpas” al pueblo de Guatemala por haber dado millones de quetzales para que el partido FCN-Nación, –del cual era Secretario General en ese momento Jimmy Morales–, pudiera tener fiscales para la primera y segunda vuelta electoral en 2015.
Jimmy Morales dice que no recibió dinero electoral ilícito, mientras el MP, la CICIG y los empresarios presentan pruebas y dicen lo contrario.
Es decir que corroboraron con su declaración y mea culpa lo que el MP y la CICIG mostraron a la población antes. Por cierto, varios de ellos ya se habían presentado ante la CICIG para exponer sus casos y confirmaron las pruebas que la colaboradora eficaz, Paulina Paiz, había entregado previamente.
Se trata de empresarios y representantes de grandes grupos. En la conferencia estuvieron Stéfano Olivero, Felipe Bosch, Salvador Paiz, Guillermo Castillo, Herbert González y Fraterno Vila. Ellos reconocieron como “un error” lo que hicieron, pero en ningún momento pusieron en tela de duda lo dicho por Thelma Aldana e Iván Velásquez. Todas las piezas encajan perfectamente.
Por supuesto que en el ambiente queda la duda –que si fue planteada por la periodista Sonia Pérez– sobre si el siguiente paso sería solicitar un nuevo antejuicio contra Jimmy Morales, por ser el responsable legal del partido FCN-Nación. Esto debiera ser automático, pero la Fiscal General, prudentemente, dijo que antes de hacerlo tendrían que profundizar más en las investigaciones.
Más claro no canta un gallo. No hay que ser genio para entender que si acusan a una persona de dar el financiamiento electoral ilícito y esta acepta haberlo dado ¡es que sucedió!. Se sabe el monto –cerca de Q15 millones–, quienes lo dieron y como se hizo la operación. Todo con detalles y reconocido por los donantes.
Hasta ese punto todo estaba claro. Quedaba pendiente, por supuesto, la reacción de FCN-Nación o al menos del presidente Jimmy Morales. Eso ocurrió ayer.
Arropado por un acto militar en el Campo Marte, el mandatario aprovechó el escenario para sacar su cólera y malestar en contra del MP, la CICIG, los empresarios y, por supuesto –al mejor estilo de Álvaro Arzú–, arremeter contra Prensa Libre y elPeriódico, a los que calificó –sin mencionarlos por su nombre–, de pasquines, sin saber que el significado de esta palabra es para calificar a un escrito anónimo de contenido satírico o crítico que se coloca en lugar público. Ninguno de estos periódicos puede considerarse anónimo, porque son reconocidos y gozan de credibilidad.
Claro que en los canales de su amigo Ángel González no se le critica, se le da espacio para que repita su discurso y se ataca a los críticos del Gobierno y a aquellos que mantienen una postura a favor de que el MP y la CICIG puedan continuar con la lucha contra la corrupción y la impunidad. Esas campaña televisivas ya no engañan a la opinión pública.
Pero lo peor de todo ha sido que con tono enérgico, el presidente Morales repitió una y otra vez que es mentira que recibió ese dinero. No he recibido dinero y no aceptamos dinero para la campaña, dijo en varias ocasiones.
¿A quién o qué creer entonces?.
Nunca he escuchado que algún político, acusado de corrupción o de diferentes ilícitos, acepte que ha cometido un crimen. Todos lo niegan. La ventaja aquí es que la otra parte implicada –los empresarios–, han confirmado que se consumó el ilícito electoral.
Es una pena que el presidente no haya meditado su respuesta. Anunció que le ha pedido a la Procuraduría General de la Nación (PGN) que actúe en contra del mandato de la CICIG, en lo que parece que será un nuevo intento por sacar a Iván Velásquez del país. Además, pone en una situación incómoda a la Procuradora General, Annabella Morffin, una abogada de prestigio, quien supongo no estará de acuerdo con la intención del molesto Presidente.
Es una desfachatez absoluta negar lo que a todas luces ocurrió. Jimmy Morales no mide el grado de pérdida de credibilidad que sufrirá por su fogoso discurso ante los militares –a quienes incluso llegó a pedirles que aplaudieran su discurso–. Quizás pensó que sería su palabra contra la del MP y CICIG, pero se trata de su palabra –tras escudarse en el antejuicio y el Pacto de Corruptos–, contra pruebas y testimonios irrefutables. No hay duda de a quien debemos creer. ¿No es cierto?