Cuando hacer lo correcto se vuelve pecado, entonces vemos a la maldad perseguir a quienes están del lado de la ley y en contra de la corrupción. Otra forma de fomentar impunidad.».
Gonzalo Marroquín Godoy
Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal Virginia Laparra presenta serias deficiencias, además de múltiples irregularidades en el manejo del caso. No hay pruebas sólidas de que haya cometido delito alguno…
Esta es la opinión de la experta abogada mexicana Erika Guevara Rosas, directora para América de Amnistía Internacional, sobre el sonado y controversial caso de Virginia Laparra, contra quien se ha ensañado la Fundación Contra el Terrorismo, esa organización convertida en punta de lanza del terrorismo judicial que ejerce la alianza oficialista por medio del control que mantiene sobre el sistema de justicia, en favor de la corrupción y la impunidad.
Ayer viernes, la jueza Oly González fue la encargada de emitir la sentencia en la forma en que estaba previsto. En la forma en que la Fundación Contra el Terrorismo deseaba. En la forma que la alianza oficialista necesita para enviar un mensaje intimidatorio a fiscales, jueces y operadores de justicia independientes.
Ese mensaje no es otro que este: Si se lucha contra la corrupción en Guatemala, se corre el riesgo de ser condenado y de terminar con su carrera profesional.
La sentencia, al menos es conmutable, pero el castigo es injusto y acaba con la carrera de una fiscal que se brindó como servidora pública.
Para quienes no están familiarizados con el caso, permítanme resumir lo sucedido: La fiscal Virginia Laparra, jefe de la FECI de Quetzaltenango, denunció al juez de Mayor Riesgo, Lesther Castellanos, ¡en cuatro ocasiones!, por supuestamente brindar información sobre casos importantes que llevaba. Ella, a su vez, fue denunciada por el juez por abuso de autoridad.
Al juez señalado por la fiscal anticorrupción, Lesther Castellanos, el sistema lo benefició, protegió y premió. Curioso, ¿verdad?
Todos sabemos que el Organismo Judicial y el Congreso son dos instituciones absolutamente cooptadas por la alianza oficialista. Hace mucho que esto ha trascendido de nuestras fronteras. Instituciones y organismos internacionales lo han dicho. Estados Unidos y la Unión Europea (UE) lo han reafirmado y, en el caso de los estadounidenses, hasta han emitido sanciones contra funcionarios(as) que consideran corruptos y antidemocráticos por lo que hacen para impedir que se investigue la corruptela imperante.
Por cierto, que dos de los sancionados por EEUU eran los superiores de Laparra, el fiscal Rafael Curruchiche y la fiscal general Consuelo Porras.
Virginia Laparra ha demostrado ser una mujer de coraje durante los diez meses que ha permanecido injustamente en prisión. No se le quiso dar prisión domiciliar, seguramente para dejar claro que se buscaba darle un escarmiento para que compañeros suyos en la FECI u otras fiscalías, entiendan que salirse de la línea de impunidad que se ha marcado desde las más altas autoridades tiene un costo.
Debo decir que no me extrañó escuchar a la jueza González buscar cualquier argumento para desacreditar las pruebas de la defensa. No así cualquier indicio o documento presentado por el MP y Fundaterror. Ciertamente los artículos de cualquier ley como ocurre con la Constitución, pueden ser interpretados de diferente forma por los abogados y también por nosotros, los pobres leguyelos que a veces abordamos temas legales. Pero no hay que ser un doctor en derecho para ver cuando es evidente que se están retorciendo pruebas, argumentos o se ignoran aspectos relevantes presentados por la defensa.
Este caso, como muchos otros que se están llevando a cabo por esta administración político-justiciera, provoca gran daño al país. En primer lugar, porque se está violentando el debido proceso y el estado de Derecho. En segundo, porque trae un desprestigio enorme a nivel internacional. Por más que algunos empresarios quieran ignorarlo, esto afecta incluso en el campo de la inversión extranjera. Si no hay certeza jurídica, traer una operación de negocio o industria a Guatemala trae un riesgo, al menos para inversionistas honestos que no están dispuestos a dar sobornos a funcionarios o jueces.
Recordemos que el caso de Laparra es uno entre varios. Hay un montón de fiscales, jueces, periodistas, operadores de derechos humanos o simplemente opositores al régimen autoritario –que por detentar todos los poderes en una mano puede llamarse dictadura–, que están presos, en el exilio o esperando ser procesados judicialmente.
La justicia que se les aplica no trata de probar su culpabilidad o inocensia. Les ven en la frenbte la palabra opositor, que implica que debe ser castigado por buscar que la impunidad y la corrupción cese.
Mientras la justicia aquí siga siendo una marioneta del poder político y esté al servicio de las mafias, seguiremos viendo que el país está a la deriva. Es cotidiano ver esfuerzos del MP –Porras y Curruchiche–, a favor de la corrupción y la impunidad.
Hoy en día es delito estar contra la corrupción, pero falsificar documentos para ser magistrado, recibir sobornos para dar obras o favorecer a las mineras rusas, comprar vacunas rusas con sobreprecio, construir carreteras hacia pueblos inexistentes y dar o tener plazas fantasmas, es lo más normal del mundo… al menos para el MP y la alianza oficialista…. ¡Ah!, se me olvidaba: tampoco es malo que un juez pase información bajo la mesa. Eso, incluso, es digno de un premio como relator contra la tortura.