Gonzalo Marroquín Godoy
Hay algunas personas a las que no les gusta el estilo de la CICIG y el MP. Eso puede entenderse, pero en la práctica, lo que debiera importarnos a los guatemaltecos, es si el resultado que están teniendo vale la pena o no. Debe sopesarse también qué es más importante, si el “estilo” o que dos personajes –en este caso Thelma Aldana e Iván Velásquez– se atrevan a limpiar esa cloaca en la que han convertido a Guatemala.
Ayer el país volvió a sacudirse con un caso que ya se veía venir, el del Transurbano, aunque –dicho sea de paso– no se pensaba que pudiera estar implicado el expresidente Álvaro Colom y casi todo el que fuera se gabinete de ministros. En todo caso, mucho se dijo en la prensa sobre la forma en que se organizó y financió ese proyecto de transporte público que apestaba desde su inicio.
La montaña de corrupción se desmorona a cada momento. Para algunos –como Jimmy Morales y Álvaro Arzú– es más importante acallarlo todo.
Para quienes compraron la idea –difundida de manera interesada– en el sentido que esta lucha contra la corrupción está “ideologizada” y dirigida exclusivamente en contra de funcionarios y personas de “derecha”, el argumento se viene abajo. Álvaro Colom definió su gobierno de la UNE como “socialdemócrata” y uno de los ministros capturados, Alberto Fuentes, es parte del Movimiento Semilla, al que tanto mencionan los grupos extremistas como de “izquierda”.
Por supuesto, ahora escucharemos que suben de tono los otros argumentos, como el que dice que “no se respeta la presunción de inocencia” –algo que corresponde al juez, no a la parte acusadora–, ni el “debido proceso”, o la forma en que se captura a los implicados en los escándalos por corrupción e incluso, no faltará quien diga que es “un exceso” haber detenido a todos los ex ministros de la UNE por haber firmado de manera anómala el acuerdo que dio vida al Transurbano.
¿Qué tan mal hemos estado –¡y estamos!– en cuanto a transparencia y corrupción? Pues simple y sencillamente hay que ver los ejemplos que tenemos:
Cuatro expresidentes –Álvaro Arzú, Alfonso Portillo, Álvaro Colom y Otto Pérez Molina– y el actual gobernante, Jimmy Morales, han sido señalados –Portillo fue incluso condenado– por actos de corrupción. Ninguna muestra más clara de lo corrompido que está el sistema político del país.
Solo falta que al plan estratégico que dirige Arzú y obedece Morales, se sumara Portillo, quien por cierto nunca fue juzgado ni consignado por el dinero que recibió en lo personal de la empresa Comcel –hoy Tigo– y que la prensa documentó con lujo de detalles en su oportunidad.
¿Puede o no puede llamarse a toda esta trama “Pacto de Corruptos”?.
Los vasos comunicantes van y vienen. En el caso de Transurbano se mencionó con claridad que la Municipalidad capitalina “sabía de todo” lo que se estaba haciendo –¿pacto?–. Además de no cumplir con su función rectora del transporte urbano, permitió que en la licitación de rutas se dieran anomalías, al extremo de dejar que participaran empresas fantasmas o de cartón. Además, hay que aclarar por qué un pariente del alcalde recibió más de Q9 millones.
No extrañan las razones que tienen los que se oponen con más fervor a la CICIG y al MP. No extraña que se rasguen las vestiduras con demostraciones “nacionalistas” y “soberanas”. No extraña, porque deben estar desesperados y con miedo ante la posibilidad de que el brazo de la justicia pueda llegar hasta ellos.
Muchos habrán abierto los ojos ayer sobre el tema ideológico. Otros irán comprendiendo paulatinamente la magnitud del problema de corrupción. No son casos sacados de la magna, son investigaciones serias y bien sustentadas, y eso que la corrupción es uno de los delitos más difíciles de probar.
El país no puede seguir en la maraña de corrupción que ha creado el sistema político. Hay que revertir esa situación. Si el Presidente Jimmy Morales no tiene nada que temer, debería aplaudir a la CICIG y pedirle que intensifique sus acciones, porque el tiempo que le queda en el país se acorta cada vez.
Eso, por supuesto, no puede suceder. En vez de ello, veremos en las próximas semanas y meses, más acciones suyas en contra de la CICIG y Velázquez y un desmedido afán por imponer un Fiscal General a su medida.
La estrategia de Arzú se desmorona, como se desmorona –gracias al MP y la CICIG– esa montaña de corrupción que se ha construido con la opacidad de la “vieja política”, esa que nos empobrece, agobia y complica como Nación.