Gonzalo Marroquín Godoy
La Constitución y las leyes, pueden ser buenas o regulares, pero si quienes la aplican las retuercen o manipulan, el resultado es malo. Hecha la ley… hecha la trampa.
¿Por qué la mayor parte de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) protegen a diputados, políticos y operadores? ¿Por qué el sistema de justicia del país está literalmente en trapos de cucaracha? ¿Por qué no se puede hablar de independencia de magistrados y jueces?
Muy sencillo, porque diversos grupos, pero principalmente políticos, han cooptado las cortes y tribunales, con el fin de construir un muro de impunidad que protege a las estructuras y personajes corruptos, así como a los grupos criminales que, con largos tentáculos, influyen descaradamente en los procesos de elección de magistrados a las cortes.
Todo esto no es nuevo. La impunidad y la manipulación de los procesos de postulación y elección de magistrados es del dominio público. Es tan descarado el asunto, que la exvicepresidenta Roxana Baldetti –presa por corrupción– llegó a reconocer con absoluta desfachatez que en el año 2004, la selección de magistrados se había realizado entre personajes políticos alrededor de una cama, en un hotel de carretera a El Salvador.
Es claro entonces, que uno de los defectos de nuestro sistema de justicia es que se ha convertido en dependiente del poder político –corrupto como se sabe–. Es claro que dicha manipulación tiene por objetivo mantener ese nivel de impunidad y, lo que se debiera de buscar, es una fórmula para que el sector político tenga menos capacidad de meter sus nefastas manos en este asunto.
Ahora el presidente Alejandro Giammattei saca el tema de una reforma constitucional, nada menos que en medio de la pandemia por el coronavirus, cuando la sociedad tiene poca fuerza para manifestarse y expresar su opinión. ¿Y que cambios plantea? No muchos, pero en la misma dirección que el sistema actual, aunque eliminando las comisiones de postulación.
El presidente, que en este momento no puede influir –directamente– en la elección, se receta en la pretendida reforma la potestad de elegir a tres magistrados, por lo tanto, dependientes del poder político; al Congreso, se le daría el derecho de nombrar otros tres magistrados –van seis del sector político–; y tres más serían elegidos por el Colegio de Abogados, que ya ha mostrado que es una institución totalmente manipulable. Es decir, que al menos habría 9 magistrados de 15, que podrían estar al servicio de la impunidad.
La buena intención del presidente Giammattei no queda clara, luego que para controlar el Congreso no tuvo empacho en aliarse con grupos oscuros, incluso con el partido UCN, señalado como partido narco. En todo caso, la propuesta planteada debiera ser discutida ampliamente antes de llevar a cabo su aprobación en el Organismo Legislativo.
Además de los peros sobre quienes se convierten en electores –lo que asegura que el sistema de justicia seguiría dependiendo del corrupto sistema político–, caben otras consideraciones, como por ejemplo, qué pasa con el mandato de la CC que ha ordenado al Congreso que proceda a la elección de la CSJ. Pero hay más dudas e interrogantes y no hay que olvidar que el pueblo tiene la última palabra y la puede rechazar. Hay tantos supuestos que no se pueden garantizar, que me parece un proyecto mal planteado y en mala hora.
No es la mejor idea poner a discusión un tema tan delicado cuando estamos empantanados por lluvias ¡y por el coronavirus! El presidente debiera meditar mejor el tema, salvo que lo quiera pasar aprovechando el complejo entorno o que sea una cortina de humo para un momento que puede complicarse. En resumen, mala idea en este momento y sin un cambio en la dirección correcta. Lo peor, puede provocar más división social en el país.