Gonzalo Marroquín Godoy
Un magistrado, sin la humildad para pedir perdón por sus errores, demuestra arrogancia y absoluto desconocimiento de la Constitución.
Le guste o no le guste al presidente magistrado del TSE, Jorge Mario Valenzuela –o a sus colegas–, cualquier guatemalteco tiene el derecho de decir, gritar o señalar que hubo FRAUDE en las pasadas elecciones, al amparo del articulo 35 de la Constitución de la República, que dice –para todos los ciudadanos de este país–: Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna.
Clarísimo entonces. Los periodistas, pero también el ciudadano común, pueden hacer uso de este derecho y expresar lo que sienten en torno al desafortunado proceso electoral que hemos vivido, el peor –sin ninguna duda– que hemos vivido desde que retornó la democracia al país en 1986, precisamente luego de un período en donde se denunció fraude en tres procesos consecutivos: 1974, 1978 y 1982.
He escuchado muchas opiniones en las que se expresa que no debe usarse la palabra fraude, porque lo que hubo son errores informáticos. ¡Por favor!. Lo que ha habido es una pésima Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), con un reglamento igual de malo, a lo que han seguido una cadena de horrorosas decisiones del TSE, no se sabe si por incapacidad, negligencia o por mala intención.
Quiero aclarar que hasta el día de hoy no hay ninguna sombra sobre la valiosa labor realizada por las juntas receptoras de votos, las juntas municipales o juntas departamentales, pues se trata de una labor cívica ejemplar y voluntaria de miles de ciudadanos, que constituye una de las garantías más importantes en la defensa del voto. Sin ellas estaríamos en medio de un auténtico caos.
Lo que no se puede ya tapar con un dedo a estas alturas, son las anomalías que se han denunciado a partir del inicio del escrutinio, como tampoco se pueden dejar de mencionar todos los acontecimientos que se dieron previo al día de las elecciones y que en muchos países podrían ser motivo de denuncia de fraude, porque –dicho sea de paso–, el fraude no se comete únicamente durante el escrutinio.
La compra de votos, el acarreo de personas el día de la elección, el uso de recursos del Estado a favor de los candidatos oficiales, la inscripción en el Renap de personas en lugares que no son en donde viven y ¡ojo!, la manipulación de los sistemas de cómputo, son factores que puede calificarse como fraude.
¿Cómo quiere el magistrado Valenzuela que cualquier persona no piense en fraude, cuando e entera que en un país donde hay 28 partidos políticos se compra un software que solo puede procesar para 20?.
En cualquier empresa de mediano o gran tamaño, si un ejecutivo compra un software caro, que no funciona y lo hace de manera tan tonta –¿o mal intencionada?– es sin duda despedido. En la compra y la falta de realizar pruebas para verificar su funcionamiento y eficiencia, se puede encontrar –al menos–, el delito de incumplimiento de deberes, porque los magistrados estaban obligados a verificar que se hiciera bien esa compra y verificar que se garantizaría el absoluto respeto al voto ciudadano.
En vez de preocuparse por quienes les hacen señalamientos justificados, debieran aclarar si fue simplemente por incompetencia –al menos no habría dolo–, o se hizo de manera premeditada. Esas dudas están en el ambiente.
Pero hay más situaciones que atizaron el fuego de las dudas: ¿en qué país del mundo se envía de vacaciones a pocos días de las elecciones a personal clave como son el Fiscal de Delitos Electoral y el Director del Registro de Ciudadanos? ¿Por qué se intentó impedir que los miembros de las mesas electorales y fiscales de partidos pudieran tomar fotografías de las actas con sus teléfonos celulares?. ¿Por qué se complicó a los partidos políticos para que tuvieran fiscales en más mesas?.
¿Por qué no se intervino para impedir que el Gobierno repartiera bonos, que los candidatos dieran láminas y rifaran hasta electrodomésticos en reuniones políticas?. Estas son formas de falsear la voluntad ciudadana, pues se están comprando voluntades y el voto –por necesidad muchas veces– deja de ser auténtico. Y qué decir de permitir el engaño a los electores, cuando se tolera propaganda de candidatos que no fueron inscritos, como el caso de Alfonso Portillo, entre otros.
Como ciudadano común, todos estos hechos –y muchos más–, me llevan a una conclusión evidente: no ha existido la transparencia debida, no se han hecho bien las cosas… y todo eso puede llevar a un fraude. Si los magistrados no quieren escuchar la palabrita –FRAUDE–, mejor hubieran hecho bien las cosas. Ahora tienen que aclarar todo lo sucedido. Son ellos y no los miembros de juntas electorales, los responsables de todo este entuerto fraudulento que empaña nuestra maltrecha democracia.