La justicia está en manos del sector político y ahora se trabaja para asegurar que la impunidad continúe. ¿Puede cambiar el país algún día así?
Gonzalo Marroquín Godoy
Hay muchas cosas que no están bien en Guatemala. La educación es deficiente, el sistema de salud ni se diga, la pobreza es galopante, la mayor parte de la niñez se ve afectada por desnutrición, millones de guatemaltecos han tenido que salir del país ante la falta de oportunidades, la economía –que es sólida en números–, depende de las remesas de los migrantes y de una economía informal que es la única forma de sobrevivencia para cientos de miles de familias.
La lista de falencias que tenemos como país puede ser muchísimo más larga. De hecho, solamente Honduras, Nicaragua y Haití están peor que nosotros en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) a nivel latinoamericano, a pesar de ser un país rico en recursos, naturaleza, atractivos turísticos y potencial humano.
¿Por qué no logramos ni siquiera despegar económica y socialmente?
Con el paso del tiempo y los gobiernos, se ha podido comprobar que la causa principal de todos nuestros males es el fracaso del sistema político, un sistema que se ha caracterizado por la corrupción, ese mal enraizado que siempre camina de la mano con la ineficiencia y solo puede sobrevivir bajo un manto de impunidad.
Si bien la Constitución creó un ordenamiento adecuado y ordena la independencia entre los poderes del Estado, es claro que eso no sucede y que más bien hay subordinación, principalmente en el caso del Organismo Judicial (OJ), carente de independencia en la mayoría de sus jueces y magistrados, convertidos en maleables y dóciles servidores del poder político.
En este momento hay varios focos de atención en torno a la conformación del sistema de justicia. La lucha por concretar el control de la actual Corte de Constitucionalidad (CC) –tratando de llevar al nefasto Mynor Moto como magistrado por el CANG–, seguido de las elecciones de la nueva CC –proceso que se ha iniciado–, y las largamente postergadas de la nueva CSJ y magistrados de sala, las cuáles el Congreso se resiste a realizar de inmediato, en cumplimiento de un plan estratégico diseñado para tomar el control de todas las instituciones del sector.
Hay que reconocer que la CC ha tenido varios fallos controversiales, pero también lo es que, en momentos importantes, ha servido como contrapeso para aquellos que se cobijan bajo ese manto de impunidad citado. Lo deseable sería tener una CC con magistrados independientes, que no respondan a intereses particulares o de grupo y, sobre todo, con el firme compromiso de hacer que se respete el Estado de Derecho y la Constitución.
Guatemala está en una encrucijada: se sigue por el camino marcado por la corrupción y la impunidad –y por lo tanto nada cambia–; o se da un paso, aunque sea pequeño, para liberar en algo el sistema de justicia.
El bloque oficialista –Ejecutivo, Congreso, CSJ, MP, mafias, y aliados– no piensan moverse para nada del camino trazado para controlar TODO el sistema de justicia. La única opción, que ni siquiera puede asegurar que se detenga el plan establecido por ellos, es que haya una fuerte presión social, acompañada del apoyo de la comunidad internacional, para que el daño no sea tan abrumador.
Un problema para lograr una fuerte presión social, es que se trata de un tema complejo, confuso y de poco interés para la mayoría de la ciudadanía. Sin embargo, no hay otra forma. Por el momento, la aspiración debe ser esa y, en todo caso, el papel de la prensa es desnudar el maquiavélico fin que pretende la clase política y las mafias afines.