La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) no persigue a los corruptos; se dedica a perseguir a los que intentaron detener la corruptela o la denunciaron».
Gonzalo Marroquín Godoy
Se ha alborotado el hormiguero en torno a la justicia en Guatemala y, de nuevo, alcanza niveles internacionales. Esta vez se crea tensión en extremo con Colombia, al tiempo que se provoca para que Estados Unidos vuelva a manifestarse en contra de la criminalización que hace el Ministerio Público (MP) en contra de ex operadores de justicia independientes.
El caso no es sencillo de comprender, especialmente para quienes no han seguido de cerca lo que ha venido sucediendo, paso a paso, con nuestro sistema de justicia. Esta vez aparecen como personajes principales la fiscal general, Consuelo Porras y el fiscal de la Feci, Rafael Curruchiche, dos funcionarios cuestionados fuertemente por el departamento de Estado de los Estados Unidos que, en su momento, los ha calificado de “corruptos y antidemocráticos”.
Curruchiche, abanderado del MP para perseguir a exfiscales, exjueces y periodistas que representan la lucha contra la corrupción que se dio en el país entre 2015 y 2019, logró órdenes de aprehensión en contra de Thelma Aldana –una más–, Mayra Veliz, Luis David Gaitán –exmandatario de la CICIG– y Pablo Carrasco de Groote, presidente de Amcham y exasesor de la empresa Odebrecht.
Sin meterme en las interioridades del complejo caso judicial, el resumen es que, de nuevo, el MP arremete contra los perseguidores de la corrupción, en un afán desmedido de lo que parece una revancha sin sentido, aunque por las declaraciones del propio presidente Alejandro Giammattei a una agencia de noticias en España, podemos deducir que es parte de la estrategia de la alianza oficialista, que no cede ni ante la crisis diplomática que ha provocado.
Curruchiche y Giammattei confirmaron que se lleva a cabo una investigación en contra del excomisionado de la CICIG, Iván Velásquez, quien ahora ocupa el cargo de ministro de la Defensa en el gabinete del presidente Gustavo Petro. El mandatario colombiano salió en su defensa y recordó que si la justicia guatemalteca … insiste en apresar a hombres justos no tenemos nada que hacer con Guatemala.
Esta frase desencadenó la furia de Giammattei y de la cancillería, que calificó las declaraciones de Petro de exabrupto, mientras que el presidente subió el tono de la polémica y en entrevista en tierras españolas –en donde pretende motivar el turismo–, calificó a su par colombiano de guerrillero y traficante.
Ambos gobernantes mandaron a llamar a sus embajadores a consultas, en lo que podría catalogarse como una crisis diplomática. Al mismo tiempo, Estados Unidos vuelve a expresar su preocupación por la forma en que actúa la justicia guatemalteca en contra de exoperadores anticorrupción y el escenario se complica seriamente.
Como diría un argentino, se armó un gran quilombo. ¿Se hizo a propósito? ¿No se midieron las consecuencias? No es fácil saber lo que pasó por las cabezas de Curruchiche y sus jefes –Porras y Giammattei–, pero lo que es cierto, es que nuevamente se pone bajo el escrutinio nacional e internacional el tema de la manipulación de la justicia con fines políticos.
Las relaciones con EEUU han sufrido de fuertes tensiones los últimos dos años. Un montón de funcionarios o personajes que forman parte de la alianza oficialista han sido incluidos en la Lista Engel, sin que internamente se haya hecho el menor intento por investigarlos. Claro que no, porque ello implicaría a la propia cúpula del MP, que es el ente investigador.
A propios y extraños nos preocupa que todas las instituciones del Estado estén cooptadas por la alianza oficialista, al extremo de negarse rotundamente a elegir una nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyos magistrados, dicho sea de paso, acaban de recetarse un abusivo aumento salarial y jugosas prebendas adicionales, a pesar de ser funcionarios espurios.
Seguramente ahora escucharemos la famosa cantaleta de exigir respeto a nuestra soberanía, así como la mentirota de que el Gobierno es respetuoso de la independencia judicial. Sin embargo, nos guste o no, estamos inmersos en un mundo en donde nadie puede ignorar lo que está pasando en otras latitudes, sobre todo, cuando lo que se afecta es la democracia y se violan los derechos humanos.
Guatemala, por ejemplo, debiera elevar su voz en contra de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, un país en el que no se respeta ni la libertad religiosa. No se hace, en buena medida, porque mucho de lo que aplica aquel dictadorzuelo a sus opositores se replica en nuestro país.
Se acusa a la CICIG de abusar de su poder en la persecución judicial… se cometen peores atropellos ahora. Se decía que la CICIG actuaba selectivamente… la situación es más dramática bajo este Gobierno, porque ni siquiera se respeta a inocentes, a quienes se encarcela o persigue, simplemente por estar en contra de la corrupción.
Si Guatemala persiste en sus actitudes confrontativas ante Estados Unidos y Colombia, podríamos ver un desenlace nefasto en política exterior. Colombia puede influir en varios países de la región latinoamericana y Washington en europeos y canadienses. Entonces veríamos un enfriamientos o asilamientos internacional como no se veía desde la época de Romeo Lucas García (1978-1982).
¿Por qué será que nos miran mal? ¿Será invento de Washington, Bogotá, Bruselas, y de muchos lugares más, eso de que la justicia es el brazo represor de la alianza oficialista?, –dicho en otras palabras, claro–. La verdad es que muchas cosas se están haciendo mal y molesta que se les diga.
¿Quién gana con todo esto? El que seguramente no ganará nada para su legado histórico, es Giammattei. Por dónde se vea, nadie gana con los circos que arma el MP, pero quien pierde es Guatemala.
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