Defender las libertades es un privilegio que está permitido solo a quienes creen en ellas; La Procuraduría de los Derechos Humanos es ahora una comparsa del sistema imperante».
Gonzalo Marroquín Godoy
La figura del Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala (PDH) se estableció con el mandato explícito de defender los derechos y libertades consignados en la Constitución de la República y tiene dictadas entre sus tareas obligatorias y específicas, emitir censura pública por actos o comportamientos en contra de los derechos constitucionales.
No conozco a José Alejandro Córdova, actual Procurador de los Derechos Humanos, pero estoy seguro de que la mayoría de los guatemaltecos desconoce lo que hace, lo que deja de hacer y su trayectoria, a pesar de haber llegado al cargo desde julio del 2022, tiempo suficiente para demostrar sus intenciones, tendencias y forma de pensar y actuar.
Como que si en Guatemala se respetaran el derecho a la justicia, a la libertad de expresión del pensamiento, identidad, educación, salud, de elegir y ser electo, no se abusara del consumidor, y el poder político no se impusiera abusivamente pisoteando nada menos que la propia Constitución, este PDH –como ningún otro– se ha dado el lujo de pasar inadvertido en medio de una situación muy agrave, que haría que cualquier magistrado de conciencia actuara en cumplimiento de su deber.
Hoy en día un juez puede resolver violando en toda su extensión una norma constitucional para satisfacer al oficialismo y sus aliados, que el señor Arévalo no hace más que mirar hacia otro lado y hacerse el baboso, cómo dirían nuestras abuelitas. Pero de baboso, nada. Se trata de una actitud muy bien premeditada, porque fue elegido precisamente para impedir que el PDH vea por los derechos humanos y convierta la institución en uno más de los circos de marionetas que bailan hoy al son que les tocan.
Al hablar de estos circos de marionetas, me refiero a la Corte de Constitucionalidad (CC), la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y, por supuesto, el Ministerio Público (MP). Vaya si no es un circo institucional interesante, aunque para nada divertido.
Volviendo a la figura del PDH, basta ver las redes sociales y la página institucional, para comprender que el Procurador se entretiene en cursitos, charlas y campañas, pero no emite resoluciones que sean verdaderamente significativas.
Su papel es tan insípido puesto que la alianza oficialista pide poco de él. Lo han utilizado fundamentalmente en dos ocasiones: la primera para que presentar una denuncia ante la Contraloría General de Cuentas (CGC) –que también responde al oficialismo– en contra de su antecesor Jordán Rodas. Se logró el objetivo, pues el TSE y luego las cortes, le han vedado el derecho –consagrado en la Constitución– al binomio Thelma Cabrera-Jordán Rodas, del Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP).
La otra ocasión fue cuando le dijeron que tenía que interponer un amparo en contra de los bloqueos de carreteras, argumentando el derecho a la libre locomoción de las personas. Si bien hay argumentos para defender este derecho, él no ha salido a defender los derechos de quienes protestan, precisamente porque quieren denunciar que están siendo vulnerados los suyos.
No ha dicho ni esta boca es mía ante la forma antojadiza como el TSE ha resuelto a favor de unos y en perjuicio de otros. No ha dicho nada ante la corrupción que afecta los derechos de todos los guatemaltecos, no dice nada por las carencias en educación y salud –para citar solo dos casos– y, ¡por supuesto!, nada dice de la manifiesta falta de independencia del sistema de justicia. Ni siquiera ha dicho pío porque el Congreso lleva más de dos años negándose a elegir a los magistrados para la CSJ y de salas de apelaciones, lo que constituye una violación a la Constitución y al derecho a la justicia de todos los guatemaltecos.
En lo personal me parece indignante que un PDH que, en teoría, debiera velar por la libertad de expresión del pensamiento y el respeto a la Constitución, calle de manera cómplice, incumpla su mandato y se haga de ojos ciegos y oídos sordos, para facilitar los atropellos que fiscales, jueces y marionetas de una fundación puedan llevar a cabo impunemente.
Si un juez, sabiendo que es delito, emite una resolución anticonstitucional, se trata de una grave violación a los derechos humanos. ¿Qué ha dicho el señor Procurador? Debiera ser para llorar, pero es mejor reír. Esto dice: El PDH es respetuoso de la independencia judicial y también del ejercicio periodístico del país, estará atento al desarrollo de este caso en particular –el de las investigaciones ordenadas por un juez contra varios periodistas de elPeriódico–, de conformidad con las facultades que le competen.
Sus facultades no son las de estar atento. Él debiera dar una sanción moral al juez Jimmi Bremer por no cumplir con su deber y resolver en apego a la Constitución y las leyes vigentes en el país. Él debiera exigir que se respete el Estado de Derecho. No se le paga –y muy bien– para que sea un observador. Debiera ser un jugador, y estar siempre del lado de los derechos humanos, no del poder político.
Su función es precisamente velar porque el poder del Estado no aplaste a los ciudadanos. Claro, para defender los derechos de todos los guatemaltecos, primer tendría que creer en ellos, en el Estado de Derecho… y ser independiente.
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