¡La LIBERTAD es un concepto muy amplio. La valoramos en la medida en que la perdemos y, sobre todo, cuando vemos que el sistema no respeta nuestros derechos y debemos luchar por ellos«.
Gonzalo Marroquín Godoy
¿A quién debe interesarle cuándo se acosa a un fiscal o juez porque es independiente y se convierte en obstáculo para el poder político?
¿A quién se afecta si se persigue y/o encarcela a un periodista por denunciar lo que sucede en el país?
¿Quién pierde opción de elegir si se saca antojadizamente de la carrera electoral a uno, dos o más candidatos a cargos de elección popular?
Tres preguntas diferentes, con protagonistas distintos, pero con la misma respuesta: Si la justicia no funciona, si no hay libertad de prensa plena y si se ensucia un proceso electoral, quien debe preocuparse, porque se ven o pueden ver afectados sus derechos es… ¡Si!, usted, yo, nuestra familia, la comunidad, la sociedad en general y, finalmente el país que formamos todos los guatemaltecos.
Todo esto está sucediendo en la Guatemala de hoy. Ocurre a diario y quizás no hemos comprendido el alcance de lo que pasa cuando el poder del Estado se vuelve absoluto y se aplica en contra de aquellos que rechazan las prácticas autoritarias. Finalmente, el daño que hace esa concentración de poder afecta al pueblo, a las personas individuales y a los grupos colectivos.
Mucho hemos escrito –yo y muchos otros– sobre la persecución y criminalización en contra de decenas de jueces y fiscales que mantuvieron su independencia en la lucha anticorrupción y, al negarse a ser parte del rebaño, se vieron obligados a salir al exilio o están en prisión.
También se ha denunciado el acoso, encarcelamiento o exilio de periodistas. Los casos de José Rubén Zamora, Jerson Antonio Xitimul y Juan Luis Font, son ejemplo de la intolerancia y prepotencia del poder político reunido en la alianza oficialista, que controla a su sabor y antojo todo el sistema legal del país, desde fiscales, jueces y magistrados de sala, hasta las cortes.
Pero ahora voy a referirme a un nuevo y esperado abuso del poder, para el cual se lo requiere lo mismo: que todas las instituciones controladas por el oficialismo actúen de manera alineada, para cerrar cualquier posibilidad de que la justicia impere.
Para muchos, se trata de una jugada cantada. El oficialismo no quiere tener detractores y, mucho menos, candidatos que puedan crecer y tener alguna posibilidad de romper con el sistema político marcado por la corrupción y la impunidad. Entonces, ¿qué mejor que poner a funcionar la trituradora?
Los fiscales y jueces que son perseguidos no han cometido delitos. Pero eso no importa, igual los obligan a mantenerse en el exilio o los meten a la cárcel. Los periodistas mencionados –y otros– cumplen con su función y debieran ser protegidos por mandato constitucional, pero si no salen del país, son sometidos a procesos judiciales viciados. La justicia brilla por su ausencia.
Ahora son candidatos o binomios presidenciales quienes comprobarán cómo funciona nuestro sistema de justicia. Tanto Thelma Cabrera-Jordán Rodas (MLP), como Roberto Arzú-David Pineda (Podemos), han quedado fuera de la contienda por mandato del Tribunal Supremo Electoral (TSE), un órgano que debiera dar muestras claras de absoluta independencia, pero, en vez de ello, responde dócilmente al poder de turno.
Resulta que al oficialismo no le gusta el exprocurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, por lo que han impugnado su participación y el TSE lo ha validado. No se trata de si tiene o no argumentos legales para su defensa, se trata de que debe ir a la CSJ o la CC para dirimir su caso y en cualquiera de esas instancias encontrará un muro insalvable. No es un tema legal, es un tema de poder, y el Estado lo controla totalmente la alianza oficialista.
Al sacar a Rodas del ruedo político se afecta a todo el MLP y sus simpatizantes, porque si no realizan otra asamblea pronto, se quedarán sin poder participar a nivel presidencial. En un Estado de Derecho, es válido agotar las instancias legales. En un sistema autoritario, sin independencia judicial, el resultado está escrito de antemano.
Arzú ha sido fuerte en sus críticas al presidente Giammattei. Se arriesgó con todas sus denuncias sobre corrupción, incapacidad y demás. El resultado es el mismo: todo el peso de la ley para los opositores. Se atenta hasta con la libertad de expresión, garantizada en la Constitución.
El caso del MLP tiene al menos una vía alterna, aunque impuesta y que vulnera el derecho de libertad política para elegir y ser electos, pero en el caso de Arzú, no cabe nada para su candidatura, aunque seguramente hará una lucha de denuncia.
Mientras tanto, y esto es lo penoso, el TSE acepta otras candidaturas, tolera las compañas anticipadas de todos los afines al oficialismo o de candidatos que no ven con temor por el momento.
Es triste lo que sucede en la Guatemala de hoy, esa en la que el poder del Estado cae como mazo contra los que considera opositores incómodos. Pero ¡ojo!: ¿A quién perjudica todo esto? A cada guatemalteco que se considera libre y con derechos y obligaciones igualitarios.
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