Por mandato de la Constitución, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debió ser cambiada el 12 de octubre de 2019. Se han cumplido tres años de violación constitucional, y… ¡les pela!
Gonzalo Marroquín Godoy
Hay muchas frases que repetimos sin saber su origen. Una de ellas es la que proviene de Ambrosio, un campesino sevillano que, al no obtener buenos resultados con sus cultivos, decidió volverse atracador, utilizando para ello su carabina. Pero el buen Ambrosio era una persona sin afán de matar a nadie, por lo que pronto se supo que su arma la utilizaba para intimidar… pero sin pólvora.
Pronto surgió el refrán popular para decir que algo que no sirve para la función para la que ha sido creado(a), desvirtúa su razón de ser. Ese es el caso que quiero traer hoy a este Enfoque, para demostrar cómo la alianza oficialista, pero particularmente el Congreso, la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ministerio Público (MP) y la propia Corte Suprema de Justicia (CSJ) han convertido nuestra Carta Magna en una simple carabina de Ambrosio.
Veamos por qué. En 2019, la clase política manosea a su sabor y antojo —como suele hacerlo hasta la fecha— el proceso de postulación de magistrados a la CSJ, con múltiples señalamientos de la CICIG y la FECI. En medio de una batalla legal, el caso se empantana a propósito en el Congreso y no se cumple por primera vez con el mandato constitucional de elegir a los nuevos magistrados de la Corte y de las salas de apelaciones.
Una siguiente resolución de la CC ordena a los diputados cumplir con el mandato constitucional, pero la cosa no cambia. Desde entonces hemos visto el resquebrajamiento absoluto de la independencia judicial del país, aduciendo que todo tiene que ver con el fallo de la CC. ¿Y la actual?
Se decidió inconstitucionalmente que debían seguir los mismos magistrados y estos, ni lentos ni perezosos, se acomodan para seguir con su cuota de poder y sus altos salarios, pero sin ser las autoridades judiciales legales. Hay abogados de mucho prestigio que afirman que todo lo actuado por los magistrados de la CSJ y de sala puede ser impugnado en el futuro por carecer de legitimidad.
En el Congreso se vive una de las mascaradas más vergonzosas de los últimos tiempos: cada jueves programan ¡sin falta! lo siguiente: Continuación de la elección de magistrados de la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría; y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con base en la sentencia de amparo de la Corte de Constitucionalidad dentro del expediente número 1169-2020.
¡Ah!, también programan las interpelaciones a los ministros de Energía y Minas, Alberto Pimientel; Cultura, Felipe Aguilar; Educación, Claudia Patricia Casasola de Estrada, y Comunicaciones, Javier Maldonado. Esto tampoco se cumple NUNCA. Las sesiones de los jueves son una burla a la Constitución y para usted como para mí.
Pero volviendo a la elección de magistrados de salas y de la CSJ, es muy simple la explicación: la alianza oficialista mantiene así todo el control sobre el Organismo Judicial. Las instituciones que debieran poner en cintura al Congreso y hacerlo obedecer la ley, son el MP y la CC, pero ambas instituciones responden a los mismos intereses y entonces chocamos con una triste realidad: Han vuelto nuestra Constitución una carabina de Ambrosio.
El Congreso incumple flagrantemente su obligación y trata de mostrar una fachada legal, cuando lo que hace es un auténtico desacato, que debiera ser perseguido legalmente en sus representantes, en este caso, los directivos del Organismo Legislativo.
Se han cumplido tres años con esta anomalía anticonstitucional. Se han cumplido tres años en los que la alianza oficialista se niega a cumplir con el mandato de la Carta Magna y el ordenamiento legal del país, partiendo de la institución, la CC, que debiera ser la que garantiza la certeza jurídica. A ese nivel hemos llegado.
El mantener a los actuales magistrados, fieles y obedientes al oficialismo, es una de las razones por las que el Estado de derecho se ha visto tan reducido en los últimos dos años. Recordemos que esa instancia es la que designa jueces, los cuales son seleccionados precisamente por su vinculación o afinidad con la alianza oficialista, o simplemente porque se vuelven dóciles al mandato de los jefes.
En cambio, los jueces independientes son atacados desde fuera —por el MP— y desde dentro —por los magistrados de la CSJ—, para removerlos, quitarlos del camino e incluso perseguirlos penalmente, como ha ocurrido con varios de ellos este año.
Cuando se habla de impunidad hay que pensar que esta no podría existir si tuviéramos autoridades independientes. Los magistrados de la CSJ dependen del Congreso para seguir usurpando sus cargos. La dignidad en ellos brilla por su ausencia.
Aun en gobiernos militares autoritarios se trataba al menos de mantener las formas. Se sabía que las órdenes provenían de arriba, del poder militar, pero al menos se realizaban los cambios mandados por la Constitución.
Este es el más claro ejemplo del deterioro que ha sufrido nuestra democracia. No hay independencia de poderes y ya ni se preocupan por nombrar a otros magistrados monigotes. Saben que estos bailan bien el son que les tocan, y el pueblo acepta lo que le dan…