Gonzalo Marroquín Godoy
El Congreso simplemente se niega a proceder con la elección de magistrados del Organismo Judicial. En el Estado, sigue pasando de todo, sin que haya contrapeso.
Hay un refrán popular que dice así: Cuando el río suena, el porque piedras lleva. La sabiduría popular es sencilla, ¡y cierta! Recuerdo que de patojo fui a la finca de unos amigos por la región de Siquinalá, Escuintla, muy cerca de donde pasaba el río Achiguate. Lo cierto, es que en un día soleado, el agua corría en medio de armonía. Pero cuando llovía con intensidad, aquel caudal arrastraba piedras y el ruido llegaba a atemorizar.
En todo caso, lo que se interpreta es que cuando hay ruidos, debemos poner atención, porque algo está sucediendo y el peligro es latente. Eso está pasando –desde hace demasiado tiempo– en la política criolla. Funcionarios, diputados, magistrados y achinchincles, toman las instituciones como si fueran propias y dejan de lado el deber ser de todo funcionario público.
Ahora mismo, una de las situaciones más inconcebibles la estamos viendo con el Congreso de la República. Abiertamente ese poder del Estado, llamado a ser la representación del pueblo, se mantiene en franca rebeldía, desafiando a la CC, pues se niega a cumplir con su obligación de elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de salas, con lo que mantiene en vilo al maltrecho sistema de justicia.
Esto no es más que un esfuerzo por mantener una inconstitucional supremacía del poder político sobre el poder judicial, con el efecto que todos sabemos que pretenden los diputados torcidos –porque no todos lo están–: que siga reinando la impunidad.
Desde que se eligió la Junta Directiva del Congreso, por su integración y la forma en que se llevó a cabo, se sabía que continuaría la mediocridad que mostró la legislatura anterior, aquella que bajo la presidencia de Álvaro Arzú Jr. creó el famoso Pacto de corruptos, que llegó incluso a intentar aprobar leyes para beneficiar a corruptos, dirigentes políticos y hasta delincuentes comunes. Ese intento lo frenó una reacción ciudadana, pero no se pudo evitar que avanzaran en otros frentes donde se luchaba por detener la impunidad.
Hay quienes defienden la actitud del Congreso, diciendo que la CC se excede en sus fallos y resoluciones. Sin entrar a debatir sobre ese tema, la verdad es que es el único contrapeso que tiene la desbocada clase política, que arrolla la institucionalidad sin detenerse a ver el daño que le está provocando a la democracia. Lo que si es evidente es que aún ese contrapeso se muestra débil, porque no ha podido obligar al Congreso a que cumpla con sus fallos.
No importa la mediocridad de la mayoría de diputados –empezando por su presidente, Allan Rodríguez–, simplemente se impone la unión y fuerza que en este momento muestran los tres poderes del Estado, alineados con otras fuerzas que podrían hacer contrapeso, como son el Ministerio Público y la Contraloría.
En el Gobierno, ya lo he comentado antes, se muestra como una agencia de empleo para los cuates, como acaba de suceder con el nombramiento del ministro de Cultura, Felipe Armando Aguilar, quien en su currículum no muestra ninguna trayectoria en el campo de la cultura, más allá de ser relacionista público de algunas campañas de divulgación. Pero ¡eso sí!, es amigo del titular del Centro de Gobierno, Miguel Martínez, quien antes le nombró Delegado de Prioridades Presidenciales, en dicho ente, que cada vez cobra más poder dentro del Gobierno.
He repetido en ocasiones anteriores que la clase política se aprovecha del momento de distracción social que provoca el covid-19 para hacer y deshacer a su antojo. Las instituciones de la llamada sociedad civil y la prensa en general, debemos mostrar más interés por lo que está sucediendo detrás de la emergencia sanitaria, porque cuando la crisis pase, la institucionalidad estará demasiado comprometida.
El tema más preocupante, porque no parece que se pueda resolver ni siquiera medio bien, es el de la justicia. Todo indica que la trituradora de la clase política seguirá su caminar, para no perder el control de la maltrecha justicia, en donde malos magistrados entregan su independencia a cambio de los puestos que mantienen o a los que llegan.