Gonzalo Marroquín Godoy
La confirmación por parte de la ONU de Iván Velásquez como Comisionado de la CICIG hasta 2019 es una noticia positiva para el país, pero que muchos les cae como balde de agua fría, ya sea porque le temen o le tienen animadversión por lo que representa y ha hecho en la batalla contra la corrupción y la impunidad.
Es hasta cierto punto preocupante ver como una parte de la opinión pública y ciertos sectores de la sociedad civil, han modificado su posición en torno a este personaje y la institución internacional que dirige, puesto que, si no se gana esa guerra contra las estructuras criminales enraizadas en el Estado, Guatemala seguirá como hasta ahora, sumida en la pobreza y sin falta de oportunidades para la mayoría de sus habitantes.
La CICIG no tendrá cambio en la cúpula para
los vitales meses que se avecinan de procesos y juicios.
La CICIG es producto de un acuerdo entre la ONU y el Estado de Guatemala, firmado en 2006 y ratificado en 2007. No cabe, por tanto, el argumento de intervencionismo extranjero, porque fuimos los propios guatemaltecos quienes solicitamos que se creara esta Comisión, producto –precisamente– de la falta de capacidad de las autoridades y justicia del país, para combatir la impunidad reinante.
Los avances han sido muchos e importantes, pero sobre todo, lo que hemos visto a partir de 2015, cuando principia a desnudarse ese andamiaje construido por la clase política para saquear al país. Por supuesto, no hay que pensar que únicamente el gobierno del PP con Otto Pérez y Roxana Baldetti a la cabeza han actuado de esta manera. Se puede decir que esa administración fue la gota que rebalsó el vaso, un vaso que simplemente se fue ensuciando con cada gobierno.
Hay quienes niegan méritos a Velásquez y la CICIG. En lo personal, creo que los dos comisionados anteriores, Carlos Castresana y Francisco Dall’Anese, hicieron cosas importantes y abrieron brecha, pero finalmente la decisión del actual Comisionado, de abrir esa caja de Pandora de la corrupción, ha marcado un hito en la historia y es ejemplo a nivel internacional.
La estructura que construyeron los políticos para saquear y mantener impunidad, crecía cada cuatro años. Nos guste o no, se debe reconocer que sin la CICIG jamás se hubiera podido iniciar esta batalla. Ciertamente que hace falta mucho camino por recorrer y es por eso que se debe aplaudir la decisión de la ONU de mantener al frente a la persona que mejores resultados ha dado,, porque un cambio a estas alturas del partido no haría más que facilitar ese retroceso o estancamiento por el que tantos luchan y suspiran.
Rresulta insultante que cuatro diputados, Fernando Linares (PAN), Julio Lainfiesta (UCN), Jaime Regalado (MR), y Oscar Quintanilla (AC), hayan operado como prestanombres para promover un cabildeo en Washington para desprestigiar a este organismo internacional.
Es una vergüenza que en un país con tantas necesidades se dilapiden US$80 mil mensuales. Es una pena que ni siquiera se de la cara, pero claro, ahora sería interesante que se investigara de donde proviene ese dinero, porque es posible que sea lavado de dólares, producto de la corrupción.
Por cierto que una tarea que ha avanzado lenta, pero de manera segura, es la ‘depuración judicial’ del Congreso. Ojalá que pronto veamos el resultado de las investigaciones del caso Odebrecht y que a ellas se les sume la de este contrato oscuro de los diputados con la firma estadounidense Barnes & Thornburg, porque entonces se estará demostrando que ya no existe ese manto de impunidad que en el pasado les permitió robar y actuar a su sabor y antojo.
La tarea de la CICIG es fundamental. El comisionado Velásquez ya debiera tener la Orden del Quetzal por los servicios prestados a la Patria. Por supuesto, eso no sucederá, porque en el Gobierno actual hay muchos de esos enemigos que he mencionado, incluyendo al propio presidente Jimmy Morales.