Gonzalo Marroquín Godoy
Cada año, durante el mes de diciembre, como por arte de magia, ministerios e instituciones del Estado que han mostrado incapacidad para invertir durante once meses, salen de compras y contrataciones de última hora y logran así emparejarse con su ejecución, por supuesto, sin cuidar la debida transparencia para garantizar la calidad del gasto público.
En muchas ocasiones se da que se levanta un evento en Guatecompras en los días previos a la Navidad o al Año Nuevo –cuando hasta los entes fiscalizadores se relajan–, y ¡oh sorpresa! ya no hay problemas con la criticada Ley de Compras y Contrataciones y los negocios se hacen en cuestión de minutos.
En diciembre, muchos ministerios suben su ejecución con compras y contrataciones de última hora… y poca fiscalización
El pasado lunes la diputada Nineth Montenegra presentó un informe sobre la ejecución de cada una de las dependencias del Gobierno y da verdadera pena comprobar que al 30 de noviembre solamente se ha ejecutado un 77.37 % y que hay ministerios, como Comunicaciones, Desarrollo y Cultura que apenas andan por el 50% o menos.
Pero se vuelve más dramático cuando se analiza la ejecución en materia de inversión –es decir que no se contemplan los gastos de operación, principalmente sueldos–, porque entonces la ejecución desciende aún más. Por ejemplo, la cartera de Comunicaciones –que es la responsable del pésimo estado de las carreteras–, apenas ha ejecutado un 48% de su presupuesto, y Desarrollo Social es peor, porque solo ha ejecutado un 6%.
Educación y Salud, dos carteras que debieran aprovechar los recursos disponibles al máximo, solamente han ejecutado el 11 y 17% de lo presupuestado. Gobernación no se queda atrás, con solamente un 14% de ejecución en materia de inversión.
Pero ayer mismo, el presidente Jimmy Morales, cuando se le cuestionaba sobre esa baja ejecución, dijo a los periodistas que confía que para el 31 de diciembre la ejecución alcanzará un 98 o 99%, es decir, que se gastará todo lo disponible en el mes de diciembre.
La información que presentó la parlamentaria de Encuentro por Guatemala no es sacada de la magna. Tiene como fuente el SICOIN, que es el sistema del ministerio de Finanzas en donde se mira en detalle el gasto público.
Es una pena que no haya manera de medir y cuidar la calidad de ese gasto, porque indudablemente cuando se realizan compras y contrataciones a velocidad del rayo, no se pueden esperar los mejores resultados. Aclaro, eso si, que no es una práctica exclusiva de este gobierno, porque varios de los anteriores hacían lo mismo.
Si a ese despilfarro de dinero que se produce por malas compras y contrataciones sumamos bonos, canastas, convivios y demás, podrían rescatarse cientos o miles de millones de quetzales para ser bien utilizados –si hubiera capacidad– en las áreas más sensibles y en donde mayor necesidad de inversión existe.
Mientras la inversión no se ejecuta adecuadamente, los gastos de funcionamiento del Gobierno aumentan cada año. La burocracia sigue subiendo y la ineficiencia se esconde detrás del pretexto de que es complicado hacer compras y contrataciones… salvo en diciembre, cuando todo se acelera y los funcionarios se vuelven misteriosamente en súper eficientes hombres del Presidente.
OJO CON OTRO RÍO REVUELTO: Para la sesión de hoy en el Congreso, los diputados han aprobado una agenda en la que piensan conocer y discutir nada menos que ¡34 iniciativas! –entre las que se deben aprobar US$145 millones en créditos–, un número que llama a la desconfianza, porque es imposible hacer un trabajo eficiente de esa manera.
Seguramente hay mano de mono detrás de ese relajo. Huele o apesta a que lo que se quiere impedir es la elección de representantes del Congreso a la Relatoría de Prevención contra la Tortura, el Secretario y Subsecretario de CONAMIGUA y la de los representantes del Congreso ante la Junta Monetaria. Y ¿para qué?, pues para que queden pendientes y sean parte de la negociación de la futura Junta Directiva oficialista.