Cuando las instituciones pierden su razón de ser y se ponen al servicio de intereses particulares y espurios, es cuestión de tiempo para que la democracia se desmorone.
Gonzalo Marroquín Godoy
Hace mucho tiempo que se viene repitiendo que la democracia en Latinoamérica enfrenta graves peligros. Al ver el mapa de la región nos encontramos con países que la han perdido del todo –Cuba, Nicaragua y Venezuela–, mientras que otros empiezan a dar muestras de deterioro, y en el caso de nuestra linda Guatemala, ha estallado una crisis de imprevisibles consecuencias, que además confronta a la sociedad.
Aquí, las instituciones del Estado, esas que están llamadas a ser funcionales, servir al pueblo y preservar los principios democráticos, han sido tomadas por fuerzas oscurantistas que amenazan seriamente con romper el orden constitucional y traer al traste lo que va quedando de la democracia. Responden a los intereses de una clase política fortalecida por la corrupción, que vive al al amparo de la impunidad.
El escenario es complicado y con fuerzas dispares. El resumen es sencillo de presentar. Hay un “golpe de estado judicial en marcha” para impedir que el presidente electo Bernardo Arévalo pueda asumir el cargo, tras ganar el balotaje el pasado 20 de agosto, en elecciones que los observadores electorales locales e internacionales calificaron de “transparentes y ejemplares”. Nada de ese fraude que ahora el fiscal Rafael Curruchiche hace micos y pericos para sacárselo de la manga.
En esas elecciones hubo dos candidatos: Sandra Torres, representante de la vieja política y del sistema de corruptela, aliada al oficialismo; y Bernardo Arévalo, hijo de un expresidente popular –Juan José Arévalo (1945-1951)–, a quien los electores poco conocían previamente, pero que, con un discurso anticorrupción, logró posesionarse fuertemente hasta obtener una amplia victoria en las urnas (61% contra 39%).
El oficialismo y sus aliados no esperaban esa derrota abrumadora y su reacción fue activar el sistema judicial y buscar una fachada “legal” para perseguir al partido Semilla de Arévalo, y luego emprender acciones en contra de la votación y del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el fin de denunciar un fraude inexistente, como lo reportan los observadores electorales nacionales y los grupos de la OEA y la Unión Europea (UE), que estuvieron presentes durante todo el proceso eleccionario.
El oficialismo y sus aliados controlan la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad (CC), que no han impedido las acciones ilegales que realiza el Ministerio Público (MP) para justificar la denuncia de fraude. Por el momento han logrado, por orden de uno de los jueces “del sistema” –Fredy Orellana–, la suspensión de la personería jurídica del partido ganador, aduciendo irregularidades en su inscripción hace más de cinco años y los reiterados allanamientos y órdenes en contra del TSE.
Las acciones sesgadas y parciales del sistema de justicia –MP y cortes– han provocado un levantamiento popular como no se veía en este país hace mucho tiempo. Hoy se cumplen ocho días del “Paro Nacional” convocado por organizaciones indígenas y populares, en defensa de la democracia y exigiendo la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, Curruchiche y Orellana, quienes responden a poderes oscuros más elevados en la estructura de la alianza oficialista.
La batalla jurídica se libra con desigualdad de posibilidades. Es reconocido que el sistema de justicia está cooptado por el oficialismo y sus aliados, entre los que se cuentan partidos políticos, militares, estructuras criminales, empresarios y grupos extremistas conservadores. La CSJ no se ha renovado desde hace cuatro años, cuando terminó su período constitucional. Sus magistrados responden obedientemente a la clase política dominante que les mantiene en sus cargos de forma inconstitucional.
En contraparte, ha brotado un movimiento social que crece. El “Paro Nacional” se lleva a cabo por medio de protestas en plazas y bloqueo de carreteras, pero los primeros brotes de violencia se han reportado, sin saberse a ciencia cierta quién o quiénes los provocan.
Las cámaras empresariales piden la intervención de las fuerzas de seguridad para garantizar la libre locomoción y la conflictividad social está sobre un hilo que puede romperse en cualquier momento y derivar en violencia, como la que antes vivieron Venezuela y Nicaragua, cuando el pueblo salió a protestar contra las dictaduras de Nicolás Maduro y Daniel Ortega y fue reprimido.
El martes, por tercera vez en menos de dos meses, la OEA discutirá por medio del Consejo Permanente, la crisis de Guatemala, un país en el que ese escenario tan complejo e imprevisible que le ha llevado a una disyuntiva claramente marcada: golpe o democracia. La mayoría del pueblo quiere la segunda, pero el poder establecido apuesta por lo primero.
El «Paro Nacional» es la consecuencia de acciones irresponsables del MP. Los bloqueos son la forma en extremo que el pueblo ha encontrado para decir ¡basta!. Por supuesto que no es la forma ideal, pero cuando el autoritarismo, la corrupción y la impunidad se unen, no dejan opciones.
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