El Gobierno del presidente Bernardo Arévalo atraviesa momentos complicados, con ataques externos que pretenden provocar una implosión o, en su defecto, hacerlo fracasar.
Gonzalo Marroquín Godoy
No es fácil que se produzca el colapso o resquebrajamiento de un gobierno provocado por fuerzas externas poderosas –una implosión–, y menos cuando la presión de grupos o sectores se produce en los primeros meses de un nuevo mandato presidencial, precisamente cuando se sabe que el gobernante cuenta con amplio respaldo popular, producto del voto que le encumbró en el poder de una Nación.
En la historia universal moderna hay suficientes ejemplos de este tipo de fenómenos sociopolíticos. Quizás el más sonado que se pueda citar sea el colapso de la antigua Unión Soviética (URSS) en 1991, cuando las fuerzas externas fueron infinitamente superiores a las de la anacrónica estructura comunista que terminó partida en pedazos… literalmente.
Aunque en dimensiones diferentes, estamos viendo por estos días agitación política y social en varios países latinoamericanos –Haití, Colombia, Venezuela, Argentina, Nicaragua, Perú, Chile y Bolivia, por ejemplo–, pero internacionalmente llama la atención lo que está sucediendo en Guatemala, en donde el relativamente nuevo gobierno de Bernardo Arévalo está sufriendo por la presión externa que recibe, con marcado sello ideológico.
Se trata de un gobierno de corte socialdemócrata encabezado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, el cual llegó al poder con el 59% de los votos en enero pasado, pero poco ha podido avanzar, en buena medida porque enfrenta a la llamada –por Crónica– “Vieja alianza, que no es otra cosa que la misma alianza que formó Alejandro Giammattei, con el único cambio de que perdió el poder Ejecutivo.
Si bien Arévalo ganó con amplio margen la presidencia sobre Sandra Torres (UNE, partido aliado al oficialismo entonces), asumió el cargo con gran debilidad política, pues su partido, Movimiento Semilla, solo obtuvo 23 de 160 escaños en el Congreso y tres alcaldías de 340 en todo el país.
Pero eso no es lo peor. El problema más serio es que tiene como férrea opositora a esa “Vieja alianza” que reúne al MP, la Corte de Constitucionalidad (CC), la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Congreso, un sector militar, mafias y ciertos grupos conservadores que temen a reformas sociales o al éxito de un gobierno “de izquierda”.
Esa alianza fracasó en su intento por frenar la llegada a la presidencia de Arévalo. La fiscal general Consuelo Porras, convertida ahora en la punta de lanza del grupo, denunció fraude en las elecciones e hizo que fiscales y jueces persiguieran a dirigentes del partido Semilla e incluso al presidente Arévalo y la vicepresidenta Herrera.
Porras ha sido sancionada por “corrupta y antidemocrática” por Estados Unidos, los 27 países de la Unión Europea, Canadá y Suiza. Arévalo, que ganó con la promesa de librar una lucha anticorrupción, desea la destitución de la fiscal porque entrampa todo proceso que tiene que ver con este delito, pero ha chocado contra un muro infranqueable y ahora él mismo está bajo el ataque de los grupos que forman esa nefasta alianza.
En el Congreso no parece que haya fuerza suficiente para impulsar la iniciativa de ley para poder hacer el cambio de fiscal general, y las fuerzas de los partidos políticos dentro de la “Vieja alianza” se han reagrupado y parecen contar con el número de diputados suficiente para entorpecer cualquier cosa que provenga del Ejecutivo y facilitar lo que sea en su contra.
Un poder Ejecutivo, enfrentado con los demás poderes del Estado y los poderosos grupos de la alianza, parece sumido en un mar de complicaciones. Todo indica que la intención de sus adversarios es poner en su camino cualquier cantidad de obstáculos para hacer que su gestión fracase y serían felices viendo su implosión… o una salida vergonzosa al final del período.
Las dos fuerzas que salieron en defensa de la democracia y del triunfo de Arévalo en las urnas persisten. La primera –y muy sólida– es la comunidad internacional. La segunda en cambio ha perdido parte de su fuerza, porque se trata de los grupos populares e indígenas que, sin embargo, consideran que el presidente no está cumpliendo con sus promesas básicas de campaña, aunque mantienen su rechazo contra la fiscal y los oscuros personajes que promueven la impunidad.
Desde mi punto de vista, la fuerza externa que presiona sobre Arévalo es más fuerte que la interna y la implosión puede darse si los bastiones del oficialismo –comunidad internacional y grupos sociales– pierden incidencia y contundencia. Por eso es importante una estrategia integral para defender la democracia, porque, aunque algunos no lo crean, está bajo ataque de quienes pretenden que en el país continúe prevaleciendo la corrupción y la impunidad.
Esa defensa de la democracia debe ser una lucha en la que todos los amantes de la libertad, quienes crean en el desarrollo integral y el respeto a la Constitución, se sumen y participen dentro de la medida de sus posibilidades.
La libertad no es gratis… ¡¡¡la libertad se debe anhelar, buscar y defender!!!
Lo triste es que estos grupos oscurantistas pretenden someter al país a un desgaste sumido en la corruptela, en vez de buscar una salida que fortalezca la democracia y fomente el desarrollo.
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