Gonzalo Marroquín Godoy
Si la clase política, esa que promovió el “Pacto de corruptos” pensó que sumando aliados y controlado el Congreso de la República podían intimidar al Ministerio Público (MP) y a la CICIG –léase Thelma Aldana e Iván Velásquez–, pues se ha equivocado de cabo a rabo.
Estamos por presenciar un verdadero choque de trenes: por un lado la fuerza de los poderes Ejecutivo y Legislativo –abanderados por el presidente Jimmy Morales y el alcalde Álvaro Arzú–, sumados a un grupo de alcaldes, ganaderos, algunos empresarios y, por supuesto, los reos VIP de las cárceles militares y, por el otro lado, el MP y la CICIG, con el respaldo de la comunidad internacional y un sector de la ciudadanía, preocupada por el peligro de que se quiera hacer “pinchar” la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Vivimos un inicio de año intenso en noticias. El MP y la CICIG han vuelto a sacudir a la “vieja política” corrupta, que se resiste al cambio.
Esta semana ha traído noticias de todo tipo: el primer destape del caso Odebrecht –incluyendo la detención de Manuel Baldizón en Miami–; la captura del ex ministro de la Defensa, Williams Mansilla; el caso Traficantes de influencias, que involucra a dos jóvenes políticos y empresarios, Mario Leal y Felipe Alejos –este último vicepresidente del Congreso con proceso de antejuicio– y; el amparo interpuesto por el MP para reactivar la petición de antejuicio contra Jimmy Morales por su famoso “bono de responsabilidad”, que no era otra cosa que un ilegal doblete salarial.
Si la CC enmienda la plana a la CSJ, entonces veremos salir de nuevo a los 107 diputados del “Pacto” para desgarrarse las vestiduras e impedir que le quiten la inmunidad al gobernante, como ya lo hicieron en una ocasión, cuando se le señaló por el delito de financiamiento electoral ilícito.
Casi de manera paralela, un trabajo de investigación de Nuestro Diario ha sacado a relucir más sobre irresponsable derroche de recursos que realiza la SAAS en las compras para el presidente Jimmy Morales, quien en su defensa no puede hacer nada más que balbucear disparates, lo mismo que su flamante y confuso vocero.
Esa estructura conocida como “Pacto de corrutos” dio una muestra de fuerza con la elección de una Junta Directiva del Congreso plagada, en su totalidad, de diputados que votaron a favor de las leyes para proteger a los dirigentes políticos y delincuentes. Desde entonces –el 14 de enero–, buscan la manera de debilitar el mandato de la CICIG, aunque no han encontrado la vía para hacer parecer como algo lógico y legal la solicitud a la ONU para que se modifique el mandato de la Comisión.
No hay que olvidar que la semana pasada, el grupo que sueña con volver al status quo anterior a 2015, logró la salida de otro que le era “incómodo”, el titular de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa. Como si todo esto fuera poco, ayer se despide al ministro de Gobernación, Francisco Rivas, uno de los pocos funcionarios que sacaba bien la tarea y, en su lugar, llega un ex Interventor de Migración de la época de Álvaro Colom, bastante cuestionado, por cierto.
Demasiadas noticias para analizar y poder sacar alguna conclusión certera. Lo único que está claro es que Arzú (papá, por supuesto), Jimmy, diputados & compañía no se detendrán, como tampoco lo harán Aldana y Velásquez, convencidos los primeros en la necesidad de imponer su propio Fiscal General y no detenerse hasta que la CICIG muerda el polvo en la batalla. Los entes fiscales, en cambio, lejos de reducir sus operativos por llevar a más corruptos a las cárceles, doblan sus esfuerzos y están dispuestos a dar la cara.
Con la caída de Baldizón –aunque falta ver cuanto tiempo tarda Estados Unidos en enviarlo– y el proceso contra el secretario general de la UNE por el financiamiento ilícito, parece debilitarse el punto de que el MP y la CICIG actúan ideológicamente, uno de los argumentos que más han esgrimido en las redes sociales, con el fin de meterle miedo a la población.
Mucho me temo que no estamos ante una partida de ajedrez. Más bien estamos presenciando una pelea sin cuartel, La ciudadanía, hasta ahora, la observa pasivamente, pero ya va siendo hora de tomar partido. Aquellos que estén de acuerdo con bonos, abusos, autoritarismo, incapacidad y demás “virtudes” que muestra esa obsoleta y oscurantista clase política, pues que se mantengan en su línea, pero los que quieran un país diferente, un país más sano –no perfecto, pero más sano–, que empiecen a prepararse para volver a la Plaza, porque de lo contrario terminará imponiéndose en la lucha el “Pacto de corruptos”.