¿Qué pasa si el Ministerio Publico no cumple con su deber? … Simplemente no pasa nada, porque la fiscal general no rinde cuentas a nadie y por eso puede hacer lo que le plazca.
Gonzalo Marroquín Godoy
Nadie está por encima de la ley. Una frase con sustento legal, filosófico y constitucional, pero que no es real en la práctica. El propio presidente de la República tiene que rendir cuentas y le pueden fiscalizar la Contraloría General de Cuentas (CGC), el Congreso de la República y el Ministerio Público (MP), que le pueden llevar, incluso antes las tribunales y cortes, tras un proceso de antejuicio.
Nadie está por encima de la ley. Lo dijo y repite en varios mensajes la fiscal general, Consuelo Porras. Nadie está por encima de la ley, dice también su fiel alfil, el fiscal Rafael Curruchiche. La gran pregunta es: ¿Es realidad esa frase cuando se habla de la fiscal general o del Ministerio Publico como institución. ¿A quién rinden cuentas en realidad?
Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo hace algunos meses en Guatemala y comprobó que esa frase no aplica a la poderosa jefe de la institución ubicada en el barrio de Gerona. en efecto, Consuelo Porras está blindada y no rinde cuentas a nadie, por más que dicen hacerlo cada año cuando presentan su memoria de labores.
Hay que partir del hecho de que, en efecto, se cometió un gigantesco error cuando en 2016 se reformó la Ley del MP para proteger a la fiscal en un momento en que empezaba a verse que habría una corriente política muy fuerte para remover a Thelma Aldana, principal aliada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad CICIG), empeñada entonces en una lucha anticorrupción en el país.
Aquel error injustificable permitió que su sucesora, la fiscal Porras, llegara al cargo y con el tiempo se convirtiera en una funcionaria poderosa e intocable, que puede arremeter contra todo y contra cualquiera, incluso contra el propio presidente Bernardo Arévalo, a quien incluso le ha dicho, en tono de orden, mejor dedíquese a trabajar, en vez de recriminarle a ella por su inacción para investigar la corruptela, a los corruptos y todos los escándalos que son de conocimiento público.
La citada misión de la CIDH, que vino para oír y ver sobre la situación de la justicia en el país, llegó a varias conclusiones, y una de ellas es que Guatemala debe crear un mecanismo para que el Ministerio Público tenga que rendir cuentas de sus actos.
Esa misión pudo detectar y comprobar, que en el sistema de justicia, el MP tiene varios patrones que repite y hacen evidente que sus acciones tienen un fin que no tiene que ver con la aplicación de la justicia. Así, mencionaron como hechos irregulares el alto número de demandas contra una misma persona con el fin de complicar su defensa –evidencias hay en casi todos los casos contra operadores de justicia (exjueces y exfiscales), periodistas o defensores de derechos humanos.
Otro tema que llamó la atención fue la tramitación que se le da a denuncias anónimas, cuando estas interesa, mientras que se dejan de investigar denuncias fundamentadas de hechos de corrupción. Y qué decir del abuso de la prisión preventiva y las prácticas dilatorias en los procesos judiciales, como se ha visto en los casos de Virginia Laparra y José Rubén Zamora. Para muestra dos botones bastante evidenciados a nivel nacional e internacional.
El MP se coloca por encima del TSE y de otras instituciones, Ahora mismo, el hostigamientos contra el Superitendente de la SAT, Marco Livio Díaz, muestra que no se busca aplicar la ley, sino hacer sentir su peso y fuerza. Persiguen a alguien que denuncia la corrupción de nuevo.
El presidente Arévalo está en un laberinto en su batalla contra la fiscal Porras. Ella puede perseguirlo a él –al menos lo amenaza– y a sus principales funcionarios–está tras varios–, pero nada pasa con las denuncias que el Gobierno ha presentado contra la fiscal general por incumplimiento de deberes, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, tres delitos que serían graves y motivo suficiente de destitución para cualquier funcionario del sector publico.
Nadie está por encima de la ley. Pero, ¿qué pasa cuando el sistema de justicia está coludido y protege a una fiscal que abusa de su cargo y arremete contra sus enemigos y beneficia a sus amigos?
La Ley del MP dice que la fiscal solo puede ser destituida cuando tenga una sentencia firme en algún proceso que se haya iniciado en su contra. ¡Imagínese! Pero la Constitución simplemente establece que puede ser destituida por el presidente «con causa justificada»… y la hay.
Para que le declaren con lugar un antejuicio a Consuelo Porras tendría que haber magistrados probos que no le temen. No es el caso. Pero aún si se diera el caso, es el propio MP el que tendría que investigar el delito penal del que se le acusa. Es decir, que es un círculo vicioso, imposible de romper.
¿Por qué no se investigó nunca la compra anómala e ilegal de las vacunas rusas Sputnik V? Estados Unidos sancionó incluso a Miguel Martínez, pareja de Giammattei, por recibir varios sobornos. Si hubiera habido voluntad, se pudo pedir incluso colaboración al Departamento de Justicia de EEUU.
¿Por qué se detuvo la investigación sobre la visita de un misterioso grupo de rusos que visitaron al presidente Giammattei. ¿Por qué no han caminado ninguna de las más de 100 denuncias que el Gobierno ha presentado por hechos de corrupción durante la gestión anterior? ¡Ah!, pero en cambio sí acosan a los magistrados del TSE, a ministros y secretarios del presidente Arévalo, así como a diputados del partido Semilla.
¿Por que no se investiga el caso -b410 y se persigue a quien lo denunció por la gigantesca evasión fiscal?
La fiscal general dice que el MP es autónomo e independiente. Si lo fuera, actuaría contra todos por igual, incluyendo a quienes formaron la «alianza oficialista» de Giammattei y que ahora ha pasado a ser llamada «alianza antidemocrática». En v ez de eso, el ataque es contra todos los que denuncian o persiguen la corrupción y se resisten a aceptar que el sistema de justicia del país promueva impunidad.
Hasta el día de hoy, la fiscal general es una funcionaria intocable que no le tiene que rendir cuentas nadie. Por ahora, ella ha demostrado que es la única, con sus alfiles, que resultan estar por encima de la ley.
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