Gonzalo Marroquín Godoy
Quien no conoce la historia –o la ignora–, está condenado a repetir los errores que se han cometido en el pasado. El militarismo no ha sido nunca solución.
No me cabe duda de que hay algunas personas que están a favor del militarismo. Hay quienes llegan a creer que las dictaduras –tipo Ubico o Pinochet–, son lo que hace falta a nuestros pueblos para vivir en orden, cuando en realidad lo que hace falta para que haya orden y paz en una auténtica democracia, es que exista un sistema de justicia que funcione y un sistema totalmente civil que garantice la seguridad ciudadana.
En época de las dictaduras–tipo la de Ubico– y en los gobiernos militares, varios ministerios eran destinados a oficiales o exoficiales del Ejército, específicamente para concentrar el poder e imponer las líneas a seguir. Estratégicamente ocupaban los ministerios de la Defensa, Gobernación, Agricultura y Comunicaciones, entre otros. Eran puestos considerados estratégicos para ese tipo de regímenes.
En la época de Ubico había cierto orden –conseguida por medio de represión–, pero a los enemigos políticos se les aplicaba la ley fuga –los asesinaban– o le caía todo el peso de una justicia que también era sumisa a los mandatos del dictador. Durante los gobiernos militares, las violaciones a los derechos humanos se volvieron una constante. Alguien podría decir que se justificaba por la guerra interna, pero eso es como justificar la corrupción aduciendo que, por ejemplo, no importa el híper negocio que enriqueció a unos pocos por la venta de Telgua, porque finalmente tenemos teléfonos que antes no había.
Esa actitud acomodaticia debemos erradicarla. Primero, porque el Ejército jamás debió incurrir en violaciones a los derechos humanos –masacres, desapariciones, etcétera–, porque siendo parte del Estado, está obligado –en aquel entonces y ahora–, a respetar la vida y seguridad de las personas. Segundo, aquella privatización, que dio buenos resultados, debió hacerse con transparencia y sin el entorno corrupto en el que giraron cientos de millones de dólares.
Dejando esos ejemplos a un lado y volviendo al tema del militarismo, hay que recordar que el espíritu de la Constitución es el de menguar la injerencia del Ejército –los militares– en los ámbitos políticos y sociales. De esa cuenta se crean instituciones civiles que sustituyen la influencia castrense, como por ejemplo la SAAS y la Secretaría de Inteligencia Estratégica (SIE).
Cuando en la era de gobiernos civiles llega un exmilitar a la Presidencia, el general Otto Pérez Molina, principia lo que algunos califican como el retorno de los chafas al poder. Si bien siempre mantuvieron algunos puestos importantes, cada gobierno se veía una menor influencia de exmilitares. Con Otto Pérez era lógico que se rodeara de sus excompañeros. Luego vino Jimmy Morales y la cosa empeoró. Proveniente él de un partido de línea castrense, se ha visto en estos cuatro años que cada vez le dio un papel más protagónico al Ejército. Muchos de sus asesores son exmilitares y por eso su política a favor de la corrupción y la impunidad.
La PNC, que había principiado a volverse profesional, por esfuerzos civiles, ha sido destruida en su jerarquía, posiblemente para que alguien piense que lo mejor es poner algún exoficial a cargo. Ojalá me equivoque, pero la cúpula de seguridad estará en manos militares… y no del todo transparentes.
Se ha confirmado que seguimos el camino del militarismo. En el ejército, como en cualquier institución, hay buenos y malos. Sin embargo, no se puede esperar muchas cosas buenas del equipo que ha anunciado el presidente electo Alejandro Giammattei.
En el pasado, muchos oficiales del Ejército han estado involucrados en violaciones a los derechos humanos o vinculados con los cárteles de la droga y el contrabando. Es decir, que tampoco se trata de la mejor tarjeta de presentación. Ignorar todo eso, de un pasado histórico muy reciente –y hasta presente–, es correr riesgos innecesarios para un nuevo gobierno. El militarismo como tal, que se le relaciona además con autoritarismo, no es el mejor compañero de un presidente civil en un país que es una bomba de tiempo por la conflictividad social latente que vivimos.
Ah, por cierto, leyendo lo que dice la Constitución sobre el Ejército, veo que hay un aspecto delicado. El Presidente es el Comandante General de la institución. No se si eso lo convierte en oficial castrense, porque entonces habría un conflicto constitucional, pues el artículo 247 establece lo siguiente: Para ser oficial del Ejército de Guatemala, se requiere ser guatemalteco de origen u no haber adoptado en ningún tiempo nacionalidad extranjera.
Giammattei es guatemalteco de origen, pero hace poco nos enteramos –cuando lo expulsaron de Venezuela por llevar pasaporte italiano–, que optó por esa nacionalidad en algún momento reciente. Pero ese es otro tema que queda más para los juristas y aquí solo es anecdótico.
El militarismo le dará mas problemas que soluciones al futuro presidente.