Gonzalo Marroquín Godoy
Días difíciles se viven en Guatemala. El famoso “Pacto de corruptos” no ha sido más que el disparador para el brote de un nuevo movimiento ciudadano en medio de una crisis profunda que se viene anidando desde hace años y que tantas veces, muchos han pretendido ignorar.
Para un estudio profundo del tema debiéramos remontarnos al inicio de la democracia. Sin embargo, para los efectos de esta columna es suficiente tener presente los acontecimientos más recientes, marcados por la corrupción e incapacidad de la que yo llamo “clase política”, entendiendo por ella a quienes se han dedicado a la vida política pública con esas dos características tan deplorables.
La fuerza del movimiento ciudadano está de sobra comprobada. Los pueblos se levantan cuando hay abusos.
El primer brote de movimiento ciudadano se dio en 2015. Todos recordamos que “La Plaza” fue factor determinante para la salida de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, pero también para que el Ministerio Público y la CICIG pudieran provocar una especie de “efecto dominó” con la caída de varias estructuras criminales incrustadas en el los tres poderes del Estado.
Luego se diluyó el movimiento, hasta que uno nuevo ha brotado con energía, esta vez para repudiar al presidente Jimmy Morales y los 107 diputados que abusiva e irresponsablemente aprobaron dos reformas deshonestas al Código Penal –hasta peligrosas para la sociedad en su conjunto–.
La indignación ciudadana ha ido in crescendo con la situaciones que se han dado en su orden: Trasciende que Jimmy Morales pretende pedir en la ONU la destitución de Iván Velásquez; MP y CICIG plantean antejuicio contra el mandatario por financiamiento electoral ilícito; Jimmy declara non grato al comisionado, pero la CC le enmienda la plana.
En este punto entra el Congreso con el “pacto de políticos” –gobernantes, diputados y alcaldes– y se se vota a favor de mantenerle la inmunidad al Presidente. Acto seguido otro escándalo sacude al presidente, al conocerse que recibe un sobresueldo del Ejército por Q50 mil mensuales.
No bastando con ello, al día siguiente se aprueba el “pacto de corruptos”, y la gente sale a las calles y la lluvia de criticas sube de tono.
La indignación ciudadana alcanza a todos los sectores, sin importar ideología. Entonces un grupo de organizaciones populares convoca a la gran manifestación de hoy –que primero se llamó “Paro Nacional”– y de inmediato aflora de nuevo el tema ideológico, como si solo a uno u otro grupo le importara lo que está sucediendo.
Es una pena que algo tan necesario en el país –la fuerza ciudadana– trate de desvirtuarse porque alguien pueda ser de izquierda o derecha. Si hay corrupción, no importa la ideología del gobierno de turno, hay que luchar contra ella.
Pinochet fue corrupto como Fujimori –para citar dos gobiernos dictatoriales de derecha– y fueron justas las manifestaciones en su contra. Maduro, como Chávez han escondido su corrupción bajo la dictadura, como lo hizo Correa. La corrupción, como el autoritarismo y abuso de poder, no tienen ideología. Entonces tampoco hay que ponerle etiqueta a los movimientos ciudadanos.
Hay un sabio refrán popular que dice “divide y vencerás”. Eso es lo que puede suceder si no se une la sociedad. A los políticos corruptos lo que más les conviene es que haya división ciudadana, porque se debilita la fuerza de las protestas.
Claro, quienes se han beneficiado del estatus quo político que ha prevalecido durante décadas, no les conviene que haya cambios radicales, que solamente pueden producirse si se mantiene y fortalece el movimiento ciudadano.
Hay que desconfiar de quienes promueven la división, ya sean canales de televisión, redes sociales o cualquier tipo de organizaciones. Guatemala necesita unidad y no división.