Se trata del periodista latinoamericano más galardonado a nivel internacional por su lucha por la libertad de prensa y denuncia constante de la corrupción e impunidad, dos causas que le llevaron a la cárcel en Guatemala, en donde la justicia se convirtió hace tiempo en injusticia.
Gonzalo Marroquín Godoy
José Rubén Zamora es un periodista chapín 100% que está en prisión desde hace cerca de 700 días, privado de su libertad el atrevimiento de desafiar a un régimen autoritario y corrupto al que denunció desde las páginas de su propio diario, elPeriódico, donde publicó, una y otra vez, investigaciones periodísticas que desnudaban la podredumbre del gobierno del entonces presidente Alejandro Guiammattei.
Pero no se trata de un periodista más o de un paladín de la libertad que se enfrenta con molinos de viento cuál Quijote. No, se trata del periodista más reconocido a nivel latinoamericano por la labor realizada. Alguien que antes había enfrentado a varios gobiernos corruptos e igualmente autoritarios, pero nunca el sistema de justicia se había coludido en todas sus instancias para atraparlo y encarcelarlo.
Zamora sufrió persecución antes. Sobrevivió a atentados y un brutal allanamiento de su residencia, pero la justicia –fiscales, jueces y magistrados–, sabían que la libertad de expresión es una garantía constitucional en Guatemala y que ese derecho está por encima de cualquier ley ordinaria.
La lista de sus premios o reconocimientos es extensa: Premio María Moors Cabot de la Universidad de Columbia uno de los más prestigiosos de Estados Unidos–; el Premio Libertad de Prensa del Comité de Protección a los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés); en el año 2000 su nombre fue incluido por el Instituto Internacional de Periodismo (IPI) como uno de los “50 Héroes Mundiales del Periodismo del siglo XX”; recibió el premio de la Fundación Knigth, una de las más reconocidas en EEUU; el Premio rey de España; el premio Libertad de Prensa Independiente de Reporteros sin Fronteras; y en mayo pasado el reconocimiento a la Excelencia Periodística del Premio Gabo, de la Fundación Gabriel García Máquez.
Todos esos premios no bastaron para que se le respetara como periodista y que su libertad de expresión privara por sobre cualquier intención oscura de sus “adversarios”, en este caso, la intrincada estructura antidemocrática que se creó durante el gobierno de Giammattei, la cual reunió a todos los poderes del Estado, partidos políticos, mafias, estructuras de corrupción, algunos empresarios y militares.
Lo más determinante de esta alianza que se creó con fines oscuros, es que cooptó a todas las instituciones del sector justicia y la dependencia encargada de velar por los derechos humanos, dejando a merced de su feroz brazo inquisidor a la prensa y, en particular, a Zamora.
Al estar garantizada constitucionalmente la libertad de expresión y de prensa, había que hacer un montaje jurídico para perseguirlo y capturarlo. Se montó en tres días una trama penal que no ha podido probar los delitos que se le imputan, pero le mantienen en la cárcel desde hace ya casi dos años. Cómo se trataba de alguien de mucho peso, se integró un equipo “de lujo” para ir tras él. Un equipo que tiene nombres y apellidos claramente definidos.
A la cabeza de ese equipo está la fiscal general Consuelo Porras y los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, quienes han contado con el pleno respaldo de los jueces Fredy Orellana y Jimi Bremer. No sobra destacar que estos cinco personajes han sido sancionados por Estados Unidos por sus prácticas “corruptas y antidemocráticas”, por lo que han sido incluidos en la “Lista Engel”.
En el afán de la “justicia” por hacer que prevalezca la injusticia –mientras hay impunidad total para los corruptos–, hay un actor paralelo, pero sumiso y fiel a los lineamientos de la corruptela y las violaciones a los derechos humanos. Se trata de la Fundación Contra el Terrorismo que, en la práctica funciona como un grupo “parajudicial”. Los grupos paramilitares del pasado asesinaban a sus oponentes, este los trata de “ejecutar” por la vía judicial.
El propio presidente Bernardo Arévalo, fue víctima de este equipo represor, que intentó impedir, por un fallido golpe de estado judicial su llegada al poder. Arévalo reconoce que Zamora es víctima de aquel sistema de injusticia e impunidad que se resiste a desaparecer, pero la realidad de Zamora no cambia.
Una sala le concedió libertad domiciliaria, pero acciones maliciosas del oscuro juez Bremer impiden que se realice una audiencia pendiente para dilucidar otro de sus casos y así poder ir a su casa mientras los procesos continúan.
Esto pasa en la Guatemala de hoy, en donde el poder ejecutivo sigue intentando promover cambios, mientras que aquella alianza del oscurantismo continúa con el control del Legislativo y el sistema de Justicia. La lucha por la democracia no ha terminado para los guatemaltecos.
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