Gonzalo Marroquín Godoy
El pasado fin de semana se recordaba en varios medios de prensa que el caso La Línea ha cumplido ya dos años desde que se hicieran las primeras capturas y la CICIG y el MP desnudaron una poderosa estructura criminal que –en aquel momento–, se anunciaba bajo el mando de el Uno, y la Dos –o la R– , alias que, como no era difícil de imaginar, correspondían nada menos que al presidente Otto Pérez y su vicepresidenta Roxana Baldetti.
Todos recordamos las manifestaciones que principiaron en abril de 2015. La Plaza, como se ha dado en llamar a aquel movimiento ciudadano espontáneo y sin tinte político o ideológico, protestaba contra políticos y la corrupción, al tiempo de clamar por ¡#JusticiaYa!.
¡Cuánta agua ha corrido desde entonces! Se oyeron horas y horas de escuchas telefónicas, se amplió la investigación y realizaron más capturas, se escucharon los argumentos de los acusados, surgieron dos colaboradores eficaces –Juan Carlos Monzón y Salvador Estuardo González, alias Eco– que corroboraron las pruebas de la fiscalía, pero el caso no avanza.
La JUSTICIA es indispensable para construir una sociedad democrática;
sin ella, el sistema simplemente no funciona.
Tanto analistas, como el propio comisionado Iván Velásquez, y la Fiscal General Thelma Aldana, han advertido de un reacomodo de las golpeadas estructuras criminales, que buscan volver al marco de impunidad creado por esa clase política que ha llegado a corromper y cooptar también al sistema de justicia.
No debemos olvidar que La Línea es solamente uno dentro del montón de casos de corrupción descubiertos, los cuales han puesto en evidencia ese sistema criminal impregnado en los tres poderes del Estado, muchas veces con la complicidad de actores externos como empresas o personas individuales.
No se necesita ser genio para anticiparse a lo que estaba por venir. Esas fuerzas –que eran y siguen siendo poderosas y cuentan con recursos de todo tipo– luchan por revertir, aunque sea en parte, los golpes recibidos. El tiempo –lamentablemente– es su mejor aliado, en la medida en que los sistemas político y judicial, apenas si principian una lenta y no tan eficiente “depuración”, marcada por los éxitos y/o fracasos que se puedan ir dando en torno a los procesos judiciales.
Por eso resulta tan importante para las estructuras oscurantistas que los juicios no avancen con celeridad, sino que más bien transmitan dudas que ellos mismos puedan sembrar y promover.
Primero fueron aplausos –espontáneos u obligados por las circunstancias–, pero luego aquellas expresiones se transformaron, en algunos casos, en voces para señalar fallas reales o ficticias y desacreditar al MP y la CICIG: ¡no se respeta el debido proceso!; ¡cacería de brujas!; ¡intervencionismo extranjero!; ¡es acoso ideológico!; ¡está fuera de su mandato!, son algunas frases utilizadas con ese fin.
Muchas veces no se toma en cuenta que la mayor parte de los problemas sociales y económicos del país, así como la falta de oportunidades y desarrollo integral , se deben, en gran medida, a esa corrupción que hace tan ricos a unos pocos, en detrimento de las grandes mayorías. ¡La corrupción asesina!.
Las estructuras criminales y sus aliados en distintos sectores, quieren que se debilite el MP y se vaya la CICIG. Unos apuestan a eso para no pasar mucho tiempo en la cárcel, mientras que otros, quieren que las aguas vuelvan a la tranquilidad de la impunidad y puedan seguir con sus negocios.
Por eso la justicia marcha tan lento y después de dos años, ni siquiera se ha superado la etapa intermedia en el caso La Línea. Está a la vista el cambio de Fiscal General –en 2018– y existe la posibilidad de que no se renueve el mandato de la CICIG –en 2019–, dos factores que podrían cambiar, incluso, el rumbo del país y devolvernos a la ruta equivocada e ingrata de la impunidad.