Gonzalo Marroquín Godoy
Hablar de millones y millones en las cadenas del Presidente genera más confusión y dudas que certezas; la atención social requiere honestidad y transparencia.
Aún no hay una luz al final del túnel; aún no se sabe cuánta profundidad alcanzara la emergencia sanitaria, mucho menos se puede visualizar con precisión la crisis económica y social que ya principia a sentirse. La pandemia del coronavirus covid-19 sigue avanzando a nivel mundial y Guatemala no es la excepción, por más que los números no llegan a ser alarmantes en comparación con otros países.
Aunque no se ha dicho oficialmente, si el contagio se convierte en masivo, nuestro endeble sistema hospitalario no se dará abasto y los hospitales improvisados serían insuficientes. Por eso, lo imperativo de #Quédese EnCasa, algo que, lamentablemente se ha relajado en los últimos días –en especial desde que se dictó el toque de queda–, al extremo de volver, en los días pasados, los atascos en la nueva hora pico, a partir de las 2:00 de la tarde. No sería mal una campaña de concienciación para que la gente termine de comprender la magnitud de esta calamidad pública.
Partiendo del reconocimiento a la buena reacción que se ha tenido en el campo de salud –aunque hace falta que se masifiquen las pruebas lo antes posible–, debemos decir que en el área social la respuesta ha sido un poco tardía y ahora luce confuso todo lo que se piensa hacer. Se le pide al IGSS que page salarios, se dice que se darán mil quetzales a un sector de la sociedad y a otros que se les dará dinero. A las pequeñas y medianas empresas se dice que se les darán préstamos, pero no hay una mecánica totalmente clara. No se informa de tasas de interés –que debieran ser muy bajas–, ni de mecánica para acceder a al dinero, más allá de anunciar que el banco que se utilizará será el Crédito Hipotecario Nacional.
Primero, el presidente habló ante el pleno del Congreso y pidió la ampliación presupuestaria por Q7 mil millones, para la reactivación económica, necesaria por los efectos del coronavirus. Giammattei hizo un juego de palabras, pero nunca dijo claramente que esa ampliación tenía destino específico, no vinculado con la emergencia sanitaria, y más bien era algo que ya venía preparando su administración.
Lo que está sucediendo provocará la peor crisis económica y social que el país recuerde. Son cientos de miles de personas que requerirán ayuda económica para subsistir. Cualquier cantidad que se mencione puede ser insuficiente. En este momento, es ilógico pensar que el Estado pagará más de Q1 mil millones en aumentos a los maestros. Es tiempo que todos nos apretemos el cincho… también Joviel Acevedo y los maestros. Ellos seguirán recibiendo el sueldo que tienen, mientras que los subempleados y la economía informal en general, verán sus ingresos menguados a cero y requerirán medidas especiales de salvataje.
Todos los aumentos en el sector público deberían quedar congelados. Los burócratas estarán en mejor posición que la mayoría de guatemaltecos, ese 80 por ciento que vive en niveles de pobreza y pobreza extrema.
Así como en materia de salud se actuó con visión futurista y pronto, en el campo social y económico la respuesta ha sido lenta y muy compleja. Pero además, hace falta un ingrediente importantísimo. Imaginemos lo que puede ocurrir con un manejo oscuro de los Q13 mil millones que ahora pide Giammattei. Si no hay políticas claras de transparencia, lo que veremos es una auténtica piñata que beneficiará a muchos, sí, pero algunos malos guatemaltecos se verán beneficiados por la opacidad y corrupción.
Por ejemplo, compras sobrevaloradas. El lunes, elPeriódico publicó cuatro ejemplos de compras a todas luces sucias. Una empresa que se dedica a organizar fiestas infantiles vende galones de gel con alcohol con un absurdo sobreprecio para el Registro de la Propiedad y la Secretaría General de la Presidencia hace lo mismo, a un precio aún mayor, del mismo producto. Los montos de ambas compras –el diario publicó otros dos ejemplos–, son muy pequeños, pero si así se manejan las compras pequeñas, imaginémonos como será cuando se trate de millones de quetzales.
La municipalidad de San José, Escuintla –el Puerto–, derrocha dinero en compras sobrevaloradas de mascarillas, por valor de Q180 mil –algunas a Q1 mil 50 cada unidad–. Si se maneja el dinero de esta manera, no alcanzará ni con todo de lo que se disponga.
Hay que tener presente que dos ampliaciones presupuestarias por valor de Q20 mil millones provocarán un desajuste estructural de la macroeconomía. Si es para atender las necesidades de la población, enhorabuena, pero si gran parte de ese dinero va a bolcillos de funcionarios y empresas corruptas, llora sangre.
Llama la atención el silencio de la famosa Comisión de Transparencia, tampoco aparece en ninguno de los planes presidenciales. Lástima. Sería bueno que los diputados –no lo harán por supuesto– aprobaran una reforma al código penal triplicando cualquier pena que se derive de casos de corrupción durante el Estado de Calamidad Pública. Si robar siempre es punible, hacerlo en esta época debe tener un castigo significativamente mayor. ¡Aló diputados!