Gonzalo Marroquín Godoy
La Misión de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia es la siguientes: Garantizar el cumplimiento y la restitución de derechos de la niñez y adolescencia a través de la ejecución de programas de prevención, protección, reinserción y resocialización, coordinando interinstitucionalmente; formulando, ejecutando y evaluando políticas públicas en la materia, con la participación ciudadana.
Entre el 7 y 8 de marzo se produjeron una serie de hechos trágicos en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, con resultado de 41 niñas y adolecentes muertas en un incendio. Apenas once día después, el 19 de marzo, un motín se producen en el centro correccional Etapa 2, y cuatro monitores son asesinados por pandilleros recluidos por estar en conflicto con la Ley.
Han pasado 4 meses y van 4 motines y 7 muertos en
centros de rehabilitación y/o privación de libertad para menores
El 13 de abril se produce un alzamiento de pandilleros en Las Gaviotas, zona 13, con saldo de al menos 4 empleados golpeados. Estos tres incidentes tuvieron lugar en poco menos de un mes, tiempo convulso para las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, la cual se quedó sin dirección cuando el secretario y la subsecretaria fueron capturados por el primero de los hechos.
Ya para entonces había salido a luz que esa dependencia era un verdadero desastre. Se supo que hasta la encargada de Recursos Humanos era la peinadora de la primera dama, lo que mostraba que las contrataciones de la administración se hacen más por cercanía, amistad o familiaridad, que por capacidad.
Ahora los violentos incidentes de este lunes vuelven a dejar al descubierto la incapacidad del Estado en el control de los menores privados de libertad y la falta de políticas eficaces para evitar que las tragedias continúen.
¿Cuántos motines o alzamientos habrá que esperar para iniciar un cambio ¡de verdad! en la Secretaria de Bienestar Social? ¿Cuántas personas más deben morir para que algo suceda?.
Si algo así sucediera en otro país, se exigiría la renuncia de las autoridades, el Congreso iniciaría su propia investigación y el castigo se daría para los responsables. Esta última parte está en proceso en Guatemala con el Hogar Seguro, pero el ejecutivo no parece ni inmutarse ante el fracaso de una dependencia que le corresponde directamente al Presidente.
Al ver las escenas de Las Gaviotas, cabe preguntarse si con la estructura, conceptos, misiones y demás de la SBS, se puede controlar a estos pandilleros. ¿No será que se necesita un cambio de raíz e incluso hacer alguna modificación legislativa?. Soy partícipe de que a los menores hay que protegerlos ¡por supuesto!, pero el desborde de la situación obliga a pensar si, por ejemplo, no debiera el Congreso legislar para que los mayores de 16 años sean tratados como adultos cuando cometan delitos como asesinato, extorsión, portación ilegal de armas, entre otros delitos de alta peligrosidad social.
Si el país está como está, es por la falta de decisiones, acciones y políticas definidas para cada problemática. La conflictividad social aumenta en la medida en que el Estado no encuentra soluciones a los problemas que se plantean.
Desde mi punto de vista, la SBS está desbordada desde hace mucho tiempo, lo que no justifica que las actuales autoridades se hayan contentado con tener puestos de empleo para los amigos. Hay una gran responsabilidad para atacar de frente y consistentemente esta problemática.
La solución no pasa ya solo por reestructurar la Secretaría –cosa que hay que hacer–, pasa por analizar la estructura que debe existir y legislar adecuadamente ante una realidad que ya agobia a la sociedad. Pero claro, sin asumir el liderazgo, lo que cabe esperar es que pronto tengamos otro motín… y luego otro. Al fin y al cabo, es como los hoyos en las carreteras: o se arreglan pronto o aumentan en tamaño y número.