Gonzalo Marroquín Godoy
Jorge Ubico gobernó durante casi 14 años (1931-1944) con puños de hierro. Desbarató todos los movimientos opositores y las supuestas “conspiraciones comunistas” –que no eran tal, pero servían de pretexto para reprimir a sus adversarios–, además de controlar todos los poderes del Estado. Parecía inquebrantable. Para junio de 1944, el pueblo estaba agobiado de sus abusos.
Los universitarios de entonces empiezan jornadas de protesta contra el tirano y pronto se suman maestros y gremios profesionales, así como valientes mujeres que salen a las calles a manifestar su descontento. El clamor ciudadano aumenta a niveles que no se habían visto antes y el dictador empieza a sentirse acorralado.
La historia muestra que hasta los dictadores han caído cuando no se escucha el clamor popular.
Un grupo de personalidades destacadas del país –311 profesionales para ser preciso–, le solicitan la renuncia por medio de una carta en la que cada uno calza su nombre, aún sabiendo que sus vidas corren peligro. Mientras estos verdaderos patriotas entregan aquella carta, las fuerzas de seguridad ubiquistas reprimen una manifestación bastante grande y dan muerte a la maestra María Chinchilla.
Un informe desclasificado por el Departamento de Estado, muestra el mensaje que entonces envía el embajador estadounidense, Boaz Long: “…la tensión se ha extendido por toda la ciudad con una rapidez increíble”. Ubico no pudo resistir aquel mes de protestas y presiones. Aquel militar y dictador con 14 años de represión sobre sus hombros, se vio obligado a renunciar el 1 de julio de 1944.
Poco más de tres meses y medio después, el 20 de octubre, el pueblo sale otra vez a las calles –esta vez con apoyo de un sector del Ejército–, para poner fin a los intentos del presidente Federico Ponce Vaides, quien pretendía prolongar el ubiquismo sin Ubico. La Revolución –el clamor popular– vence abrumadoramente.
En 1993, Jorge Serrano intenta asumir los tres poderes del Estado con el famoso ¡Serranazo!, con el que da golpe al Congreso y la Corte Suprema de Justicia. Pero Serrano interpreta mal el clamor popular de entonces. El pueblo y las élites le dan la espalda y en pocos días sale a su exilio dorado en Panamá, a donde llega con las cuentas bancarias –alforjas– llenas para iniciar su vida de empresario “de éxito”.
Otra vez hubo organización ciudadana. Todavía se recuerdan las marchas encabezadas por la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, para obligar a las fuerzas de seguridad a permitir la circulación de periódicos que, como aquel Siglo Veintunio –bajo la dirección de José Rubén Zamora–, se atreve a desafiar la dictadura del “siglo catorce”.
Pero la historia tiene más capítulos sobre el clamor popular. En 2015 decenas de miles de ciudadanos se reunen cada sábados durante varios meses, hasta ser un factor determinante para que caiga el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, en medio de los señalamientos de corrupción por los escándalos descubiertos por el MP y la CICIG.
Confluyeron tres factores vitales en aquel entonces. Ese clamor –o movimiento– ciudadano, la prensa independiente que denunció la corrupción –y particularmente este diario, elPeriódico– y, por supuesto, la determinación del MP y la CICIG de no hacer concesiones a la clase política, responsable principal –que no único– del entramado de corrupción y impunidad, que ahora está a punto de caer.
Jimmy Morales, acuerpado por el alcalde Álvaro Arzú, ha actuado como un aprendiz de dictador, tratando de expulsar del país a quien tanto bien ha hecho por Guatemala: Iván Velásquez.
Ahora han surgido fuerzas ciudadanas que parecen estar dispuestas a repetir los capítulos que he tomado como ejemplos históricos. El pueblo no es ningún tonto. No quiere decir que el 100% de la ciudadanía esté a favor del MP y la CICIG, pero mi percepción es que si es una mayoría significativa la que quiere que en el país continúe la lucha contra la corrupción y la impunidad, dos males que tanto daño y pobreza han sembrado.
Lo importante es que este movimiento crezca y que sea como el de 2015, absolutamente transparente. No estoy hablando de derrocar al mal gobierno de Jimmy Morales y compañía, pero si que sea la ciudadanía la que decida que es lo mejor para el país en este caso particular.
El presidente debe dejar, de una vez por todas, de pensar en la forma de sacar a Iván Velásquez y a la vez comprometerse con los gobernados –que son el poder de la democracia–, en que hará una elección de nuevo Fiscal General sin sesgo, sin intentar llevar al cargo a alguno de los profesionales del derecho allegados a él.
Los engaños no se aceptan, como no sed le aceptaron a Ubico, Ponce, Serrano o Pérez.