Gonzalo Marroquín Godoy
Guatemala es una República, con tres poderes del Estado y dos pilares fundamentales –¡qué no funcionan!–: el sistema POLÍTICO y el sistema de JUSTICIA.
La Constitución de 1985 tiene capítulos especiales para enmarcar el funcionamiento de los sistemas político y de justicia del país. Al observar el ordenamiento de la República de Guatemala, vemos que el Estado se organiza con la finalidad primordial de proteger a la persona y la familia; su fin supremo es el bien común. Como deberes del Estado, se impone garantizar a los habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.
También se establece con claridad que hay tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– y se prohíbe explícitamente que exista subordinación de alguno de ellos ante otro. Es totalmente claro que debe haber independencia entre los poderes del Estado y que todos ellos deben trabajar para aquel bien común, mencionado en los dos primeros artículos constitucionales. Esa independencia no existe, en absoluto!!!
En la letra muerta hay claridad. Se desarrollan las funciones de cada organismo y de los funcionarios públicos, así como de la institucionalidad que debe existir en el Estado. Si se hace un análisis de la Carta Magna se puede establecer que el desarrollo mismo del país –económico y social–, depende de la eficiencia que puedan tener los sistemas mencionados.
Desde hace muchos años he sostenido en diversas tribunas y particularmente en mi columna ENFOQUE, que el país se encuentra a la deriva por el colapso del sistema político, no solo deficiente, sino –sobre todo–, por la corrupción que le ha invadido y ha tomado prácticamente todas las instituciones, desde el Ejecutivo, el Legislativo, las corporaciones municipales y demás dependencias autónomas o semiautónomas… y, por añadidura, cortes y tribunales.
Hemos podido comprobar, una y mil veces, que pasan los gobiernos, pero no se trabaja para lograr el desarrollo integral de la persona, sino más bien se trabaja para lograr el desarrollo económico de los servidores públicos. No sirven al país, sino se sirven del país. Así lo hacen altas autoridades nacionales, municipales, diputados y operadores de justicia. Los sistemas político y de justicia están corrompidos hasta los tuétanos.
¿Cómo podríamos pensar que hay desarrollo integral, si no se mejora la educación, la salud –ni siquiera se garantiza la nutrición de la niñez– y se brinda oportunidades económicas? El fracaso del sistema político es evidente. La Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) es un mamarracho diseñado para que estructuras electoreras puedan seguir cambiándose la estafeta por medio de elecciones que son viciadas desde su concepción.
Peor aún. El sistema político ha tomado supremacía sobre el sistema de justicia que, entonces, termina padeciendo de un doble mal: corrupción e impunidad. Ahora se habla del caso Alejos como manipulación de la Justicia. Claro, pero ¡por favor!, no olvidemos que se viene denunciando esta manipulación desde hace muchos años. No es nueva la forma en que se amañan las comisiones de postulación y luego se dirigen los votos de los diputados para elegir a los magistrados seleccionados, para garantizar que el marco de impunidad prevalezca. En el año 2016 se hizo un frustrado intento por llevar reformas constitucionales al sistema de justicia. Entre las muchas cosas que se pretendía mejorar, estaba el promover la independencia de los operadores de justicia con respecto al poder político y una elección más transparente.
Hubo errores, es cierto, en la forma en que se trató de impulsar dicha reforma. Sin embargo, también es cierto que la llamada clase política –esa corrupta y nefasta que predomina en el país– no está dispuesta a promover ningún tipo de reforma que cambie el cómodo estatus quo que han creado. Por eso se aprovechó el tema de la justicia indígena para dividir a la sociedad y detener el avance de la reforma. Aún cuando el liderazgo indígena aceptó que se retirara el artículo correspondiente de la iniciativa, la reforma se desechó.
Nos quedamos entonces con ese sistema frágil y manipulable que permite la preeminencia de la vieja política. Ahora se habla nuevamente de una reforma constitucional. Es importante llevarla a cabo, pero con madurez y con espíritu de Nación, es decir, buscar VERDADERAMENTE el bien común, y no los intereses particulares o de grupo
No sería malo que de una vez se eliminara de la Constitución la reelección indefinida de alcaldes y diputados, aunque se dejen dos períodos como algo posible, cuando se ha hecho un buen trabajo. En fin, como soñar no cuesta nada, ya el Congreso tiene avanzada la aprobación de la reforma constitucional al sector justicia. Hay que avanzar. Ojalá haya algunos buenos diputados entre los nuevos que han llegado al Congreso. Se puede desempolvar esa reforma y, aunque con cuatro años de retraso, avancemos entonces en la dirección correcta.
Mientras eso sucede, hay que poner atención a lo que sucederá en los próximos días en el Congreso, porque mucho me temo que se dará una elección muy amañada de magistrados de cortes y para la Corte Suprema de Justicia.