Lo que está sucediendo en la «Guatemala de hoy» no es poca cosa: sin argumentos legales válidos, se aplica la ley de manera antojadiza forzada e implacable.
Gonzalo Marroquín Godoy
En el siglo XVIII, Voltaire, filósofo y abogado francés, dijo una frase histórica a favor de la libertad de expresión del pensamiento, un concepto que en la actualidad es defendido y respetado en la mayoría de las democracias del mundo. Esto dijo aquel reconocido pensador: No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo.
No se trata pues de un derecho de los periodistas, pues es algo mucho más amplio, que alcanza a todas las personas y está consignado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en todas las constituciones del mundo libre. En el caso de Guatemala está garantizado por el artículo 35 de una manera tajante, amplia, clara y sin dobleces.
LEE AQUÍ EL ARTICULO 35 CONSTITUCIONAL: https://guatemala.justia.com/nacionales/constitucion-de-la-republica-de-guatemala/titulo-ii/capitulo-i/#articulo-35
En realidad, deja muy poco para la interpretación. Aun así, el MP –empezando por el fiscal Rafael Curruchiche– y el juez Jimmi Bremer, deciden que es delito que periodistas escribamos sobre la forma en que se aplica la justicia en Guatemala y se ponga al desnudo la falta de independencia judicial. Les incomoda que denunciemos y hagamos ver que la justicia responde a los intereses espurios del sector político dominante.
Para ellos, supuestamente encargados de impartir y velar por la justicia y el respeto a la Constitución, es un delito hacer uso de nuestro derecho –mío, pero también suyo, mi querido lector–. El pobre Voltaire moriría de vergüenza ajena al ver la forma en que estos personajes retuercen los derechos de las personas.
Es un razonamiento insólito –por no decir una auténtica idiotez–, afirmar que, al ejercer nuestro derecho a expresarnos, al opinar sobre funcionarios, estamos cometiendo un delito y eso nos convierte en delincuentes a los que hay que investigar y castigar.
Eso en el caso de los periodistas a los que el MP pretende perseguirnos y encarcelarnos. Pero no se trata solamente de acosar y acallar a la prensa. Ahora estamos viendo que otro derecho constitucional se interpreta de la peor manera. Resulta que el candidato presidencial Edmund Mulet actuó en este caso en defensa de la libertad de expresión y, haciendo uso de su derecho de petición –doble derecho–solicitó que se procediera contra el juez que, sabiendo que su resolución era ilegal, la ejecutó. Eso se llama prevaricato ¡y ese sí es un delito grave!, aquí y en la Patagonia.
Veamos lo que dice el articulo 28 constitucional y saque el lector sus propias conclusiones. No se necesita ser abogado para entender que Mulet hace uso de su derecho:
LEE AQUÍ EL ARTÍCULO 28 CONSTITUCIONAL
Ahora resulta que se le persigue judicialmente y el MP pretende que se le levante la inmunidad para perseguirlo penalmente, al mismo tiempo que acciona ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), para denunciarlo por supuesta campaña electoral anticipada. Como si ser candidato le privara de su libertad de expresión.
Pero ¡ojo!, ya quitaron del camino a Roberto Arzú y a Thelma Cabrera, y ahora la estrategia del oficialismo se encamina a quitar al último de los candidatos opositores que aparecen en las encuestas con fuerzas para desafiar a las candidatas vinculadas con el oficialismo.
¿Acaso Zury Ríos, Sandra Torres o Manuel Conde no vienen haciendo campaña desde hace mucho tiempo? sobre todo si se toma como campaña hacer uso de su derecho de expresión. En todo caso, lo que la ciudadanía debe exigir es que se mida a todos con el mismo rasero y que no se aplique la rigurosidad de la ley –retorcida– solamente a quienes quieren quitar del camino para no arriesgar un desastre para el oficialismo el día de las elecciones.
Cada día hay nuevas sorpresas en esta nuestra sufrida Guatemala de hoy. Ya no hay nada ni nadie que impida que la ausencia del Estado de Derecho sirva para pisotear los derechos de los guatemaltecos. No hay que engañarse. Ahora pueden ser periodistas, exjueces, defensores de derechos humanos y candidatos presidenciales de oposición, pero cuando se abusa contra unos pocos, termina abusándose en contra de todos y la pérdida de derechos se generaliza. Eso, sin olvidar que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente, como diría Lord Acton.
Así sucedió y sucede en Cuba, Nicaragua y Venezuela. No lo olvidemos.
LEE ADEMÁS: