Múltiples debates a la vista: justicia indígena, Ley de aguas, generación eléctrica… y más
En el Congreso de la República hay una larga lista de leyes con alta sensibilidad social que, sin necesidad de ser adivino, provocarán debate, confrontación y mayor efervescencia social en el país. Por supuesto que el principal tema –por actualidad y alcance–, es el de la justicia indígena, que debe ser discutido nuevamente hoy por el Congreso de la República, sin que sea de fácil pronóstico saber el curso que seguirá esta propuesta de reforma constitucional.
Pero la realidad es que no hay que ver este momento que vivimos como algo aislado o puntualmente girando solo en torno a las reformas constitucionales. No, la realidad es que el país se enfila a una complicada situación social, en la que no solo veremos confrontación ideológica, de clase y racial, sino además entrarán en juego las fuerzas de los partidos políticos, siempre deseos de mantener su rol en la conducción –hasta ahora sin rumbo ni sentido– de la Nación.
Complicado panorama, sin duda. El tema de las reformas tiene no uno, sino varios obstáculos. Primero es la modificación del artículo 203 sobre la jurisdicción de la justicia indígena. Luego vendrá la integración del Consejo de la Carrera Judicial, y así irán saltando temas que gustan y disgustan. Si todo sale bien en el Congreso –por cierto cosa muy difícil que suceda–, el proyecto debe ser sometido a la consulta popular. El alto costo de la consulta –Q300 millones– no debiera ser el principal obstáculo. El problema es que no se logren las reformas o estas lleguen deficientes y al final salga peor el remedio que la enfermedad. Riesgos, riesgo, por todos lados.
Pero si ese fuera la única complicación a resolver para aplacar la efervescencia social que hoy vemos, no habría que ser demasiado pesimista o alarmista. Pero la situación es más grave, porque estamos caminando a esa confrontación peligrosa entre sectores sociales.
El Congreso tiene dos leyes controversiales en agenda: la de aguas y la de desarrollo rural integral. Ambas generan tanto incertidumbre como la discusión de la justicia indígena. ¡Ah!, pero antes, se debe arreglar el tema de la inversión en generación eléctrica. No hay una política pública definida del país en materia de hidroeléctricas, y ese se ha vuelto otro punto sensible de confrontación.
Como es fácil apreciar, el panorama futuro no es halagüeño. Es complicado y, lo que no hay que perder de vista, es que no hay a la vista liderazgos nacionales –individuales o colectivos–, que puedan servir de catalizador social o político. Por el contrario, hay una ausencia absoluta de voces conciliadoras o de iniciativas que buscando acuerdos y puntos intermedios.
La sociedad misma está dispersa, y cada vez más se hace evidente el divorcio entre diferentes élites en el país. Hay muchos esfuerzos en llevar agua a determinados molinos, sin tener uno solo –molino–, como referente nacional.
En las últimas semanas he tenido oportunidad de conversar con dirigentes sectoriales, con personas que están en posiciones importantes del país. Es impresionante el grado de preocupación que existe, precisamente porque se percibe que el país está a la deriva.
¿Cómo detener esta efervescencia social? No hay respuesta sencilla. Más bien podría ser una de esas preguntas sin respuesta. Sin embargo, lo que si cabe esperar, es que se baje el tono de los discursos, de las demostraciones, da las actitudes confrontativas. Ese es un paso necesario, porque permite que toda discusión pueda alcanzar algún grado de entendimiento. De lo contrario, veremos cada vez posiciones más radicales y distantes.
Este caos social se puede convertir, con la proximidad del año electoral, en un caos político –adicional al ya existente y evidente con la corrupción– y llevarnos a sistemas o gobiernos autoritarios, no necesariamente interesados en el respeto de derechos y libertades.
O se pone atención al momento, o cuando se intente cambiar la dirección de la confrontación será demasiado tarde.