Gonzalo Marroquín Godoy
La corrupción ha acompañado al hombre a lo largo de los siglos. Algunos historiadores aseguran que hay citas claras desde la época de los egipcios, mientras otros aseguran que las pruebas existentes datan de la antigua Grecia, y no dejan bien parados a Demóstenes y Pericle. En todo caso, sirve esta mención para mostrar que desde tiempos inmemoriales este cáncer está presente en sociedades y gobiernos.
Partiendo de esta situación, cabe destacar que ¡por supuesto!, la corrupción tampoco es nueva en Guatemala. De hecho, en textos históricos pueden encontrarse comentarios que muestran que presidentes como Justo Rufino Barrios, o Jorge Ubico –para mencionar únicamente dos héroes nacionales– no eran tan honestos como algunos aduladores han pretendido mostrarlos en textos y documentos.
La ex magistrada es la muestra de entramado para
construir plataforma de corrupción e impunidad
Lo que ahora estamos viendo es simple y sencillamente el destape de toda esa podredumbre que se fue acumulando con el paso del tiempo, y la sociedad –las personas comunes y corrientes–, se fue acomodando, al extremo de hacerse famosa la frase que roben pero que dejen obra.
Para entender las situaciones o hechos que ahora nos escandalizan, siempre es bueno presentar ejemplos que muestren la forma en que han operado –en nuestro caso– las estructuras crimino-políticas, empeñadas en lograr dos objetivos claros: el enriquecimiento por medio de la corrupción y la impunidad.
El sistema político permitió crear partidos controlados y manipulados por sus respectivos caciques o grupos influyentes, quienes han tomado el erario público como su caja chica o fuente de financiamiento personal y se han dado a la tarea de saquear las arcas nacional por todas las vías, como ya ha quedado demostrado en la larga lista de casos que llevan CICIG y el MP.
En algún momento hace poco más de dos décadas, esa clase política, principió a ver que de la mano de la corrupción debe estar siempre la impunidad, para poder disfrutar así de las millonadas obtenidas por actos corruptos. Es entonces cuando empiezan a manipular con mayor ahínco la designación y elecciones de magistrados, jueces, Fiscal General, Contralor de la República, y hasta el Instituto de la Defensa Público Penal. Poco a poco ya no les parece suficiente controlar solamente a personas, sino lo hacen con las instituciones del sector justicia y fiscalización.
Y es entonces cuando surgen personajes como Blanca Stalling, ahora ex magistrada detenida por uno o dos casos no de tanta monta, pero muy relevantes y ejemplares en este tema, por lo que la profesional del derecho ha llegado a representar: símbolo de la ese esquema para garantizar impunidad a los políticos.
Ella supo tener buenos aliados –militares, operadores de los políticos de turno en el poder, como Gustavo Herrera, etcétera– para escalar posiciones, en la medida en que mejor servía a la clase política.
Aunque ahora se le acusa principalmente por un caso de tráfico de influencias –a favor de su hijo–, la verdad es que su nombre ha estado vinculado a ese entramado de la clase política para mover sus piezas y tomar una posición influente. Ella ha llegado a ser tan poderosa, que se habla de al menos 14 magistrados de sala que están bajo su influencia, porque ella les ha promovido desde el Instituto de la Defensa Público Penal, el cual llegó a convertir por más de una década en su propio feudo.
Aún ahora, Stalling se muestra arrogante en otro proceso que se lleva en su contra por haber intentado evitar que la capturaran con un arma, y en vez de mostrar humildad, se cree dueña del sistema –ojalá no sea cierto–. Sus declaraciones son tan prepotentes, que caen en la desfachatez, misma que mostró en el inicio de los procesos la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.
Pero su poder parece en declive y ojalá que como ella ha caído, siga desmoronándose ese muro de impunidad.