Gonzalo Marroquín Godoy
En cierta ocasión, conversando con el comisionado Iván Velázquez sobre la realidad del país, de la forma de pensar y actuar de los guatemaltecos, le expuse algo de lo que estoy plenamente convencido: en Guatemala muchas veces resulta más importante la forma que el fondo, cuando se quieren alcanzar objetivos y obtener resultados. Años antes había tenido una plática en similares términos con Álvaro Colom, al poco tiempo de haber asumido como Presidente de la República.
En efecto, a lo largo de mi ya extensa carrera periodística, he podido comprobar como fracasan iniciativas, ideas o proyectos políticos –algunos de ellos interesantes e importantes–, principalmente porque no se han preocupado de la forma de presentarlos, por más que el fondo pueda ser positivo.
Las reformas constitucionales al sector justicia parecen
condenadas a una muerte parlamentaria.
Menciono esto en relación a las reformas constitucionales al sector justicia que han naufragado en el Congreso y parecen estar cerca de una muerte segura. Aún si sobrevivieran a la aprobación por el pleno –cosa remota–, es casi seguro que se perderían en una consulta popular en la que reinaría el desconocimiento, la falta de interés y la oposición feroz de los sectores que la han adversado.
No se pensó ni analizó la forma de llevar a feliz término las reformas. La iniciativa surge –con la mejor intención– del comisionado Velázquez (CICG) y es respaldada por la Fiscal General Thelma Aldana (MP). Por supuesto que ambos son están interesados en reformar el sistema de justicia, pues han comprobado, una y otra vez, que hace falta mucho camino por recorrer en la lucha contra la impunidad y la corrupción.
Pero en ese caminar que han transitado desde 2015, han dejado muchos heridos en el camino. Algunos están en las cárceles, otros gozan de libertad, pero temen a las acciones de los entes fiscales porque tienen la cola machucada.
Que fueran estos dos personajes –a quienes considero valientes y valiosos para el país– los principales impulsadores de la iniciativa, fue un error estratégico, porque todos los que adversan a la CICIG encontraron un pretexto perfecto para oponerse y, a la vez, debilitar a la Comisión Internacional en su papel acusatorio.
Si a eso se suma que calcularon mal el apoyo del presidente Jimmy Morales, quien abandonó el barco aún antes de que se iniciara la causa en contra de su hijo y hermano, encontramos entonces otro golpe. Y lo peor, no alcanzaron a medir la oposición que podría darse –esta vez sí–, sobre el fondo de los cambios, pues la iniciativa se debilita por la enorme oposición al tema de la justicia indígena.
No se envolvió bien el paquete de reformas. Posiblemente se pensó que habría fuerte respaldo ciudadano, pero la verdad es que esta coyuntura la han aprovechado algunos sectores para debilitar los esfuerzos de CICIG y el MP en su lucha contra la corrupción. La opinión pública está dividida y el respaldo social que se vio hacia estas dos instituciones en 2016 se ha diluido.
Ahora, algunos tratan de hacer ver como si lo que sucede con las reformas es una derrota de la CICIG. Lo hacen para que pierda fuerza e influencia. Pero la verdad es que no se debe ver de esa manera, porque el rompimiento del sistema de justicia con el pasado es importante ¡para el país! no solo para la CICIG y el MP.
Lamentablemente los opositores no dieron luces para evitar choques y buscar soluciones. Ojalá que se encuentre una fórmula que impida que esta muerte de las reformas sea en vano. Si mueren, que al menos nos dejen la conciencia de que hay que buscar el cambio radical. Pero ojo, en el futuro hay que cuidar la forma, porque quienes están a favor de la impunidad, se agarran de cualquier pretexto para sus ataques.