En medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19, el Congreso buscará aprobar una ampliación presupuestaria de Q5 mil millones, la cual incluye una asignación para el Organismo Legislativo de Q26 millones, de los cuales, Q1 millón se trasladarían al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y Q5 millones para la Asociación de Dignatarios de la Nación.
Sin mayor discusión, la Comisión de Finanzas dio dictamen favorable a la propuesta de ampliación presupuestaria solicitada por el Gobierno de Alejandro Giammattei.
Samuel Pérez, de la Bancada Semilla, integrante de dicha sala de trabajo, denunció a través de su cuenta personal de Twitter que los Q5 millardos que buscan aprobar no va destinada a atender la crisis sanitaria que afronta el país y, además, buscan exonerar de impuestos a nuevas empresas por 100 años.
La distribución de los recursos sería de la siguiente manera:
Q.150 millones a Ministerio de Gobernación para salarios
Q500 millones al Ministerio de Educación para salarios
Q120 millones para la Contraloría General de Cuentas
Q724 millones COVIAL CIV para infraestructura vial y remozamiento hospitales
Q30 millones al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) para infraestructura
Q100 millones al Banco del Crédito Hipotecario Nacional (CHN) para crédito vivienda
Q22 millones para el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF)
Q200 millones incentivos forestales (proyectos 2018)
Q600 millones Codede (obras en ejecución)
Q294.9 millones Ministerio Público (MP)
Q360 millones para el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) por subsidio energía eléctrica
Q100 millones a el Fondo para la Vivienda (Fopavi) para construcción de vivienda
Q350 millones al Organismos Judicial (OJ)
Q40 millones Atención a la Víctima
Q1.5 millardos destinado a Deuda Pública