- Comisiones de Postulación para magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y salas de apelación trabajan a marchas forzadas para hacer el listado final; sociedad civil, Gobierno y organismos internacionales exigen que se escoja a los mejores.
Guatemala se encuentra en una etapa crítica para el futuro de la justicia, ya que las comisiones de postulación para elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las salas de apelación inician hoy el trabajo final para concluir con los listados definitivos de candidatos, que deben ser enviados al Congreso de la República a más tardar el próximo lunes.
Este proceso, que ha estado marcado por la polémica y el escrutinio público, busca renovar uno de los pilares fundamentales del sistema judicial del país. Tanto la CSJ como las salas de apelación juegan un papel clave en la administración de justicia, y sus magistrados son responsables de decisiones que afectan a la nación en su conjunto.
Interna e internacionalmente se ha denunciado que todas las instituciones de sector justicia fueron cooptadas por fuerzas políticas y estructuras de corrupción durante las administraciones de los presidente Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, creando un muro de impunidad que afecta cualquier lucha anticorrupción que quiera librarse.
El proceso de postulación
Las comisiones de postulación están conformadas por académicos, representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), y autoridades judiciales, quienes tienen la tarea de revisar y evaluar los expedientes de los aspirantes. El proceso implica varias etapas, desde la convocatoria, recepción de documentos, y análisis del historial profesional y académico de los candidatos.
El reto que enfrentan estas comisiones es grande. No solo se trata de evaluar a miles de candidatos, sino de hacerlo en un contexto donde las presiones políticas y sociales están presentes. En los últimos años, las elecciones de magistrados han estado en el ojo del huracán, ya sea por la falta de transparencia, denuncias de favoritismos o por la injerencia de actores externos al sistema judicial.
Los comisionados han optado por no tener en cuenta en la llamada tabla de gradación más que méritos académicos, méritos profesionales y méritos de proyección humana, sin tomar en cuenta la verificación de la «reconocida honorabilidad», que es una de los requisitos constitucionales para optar al cargo de magistrados.
INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES DE POSTULACIÓN
Además, se rechazaron todas las tachas presentadas contra aspirantes, indicando que úniciamente se aceptan como válidas cuando los señalados han sido condenados por un tribunal. Así un grupo de comisionados logró proteger, incluso, a magistrados y jueces que han sido sancionados por la comunidad internacional por ser funcionarios «corruptos y antidemocráticos».
Se ha denunciado también que operadores políticos, señalados con anterioridad por la CICIG de intervenir en procesos similares, como Gustavo Alejos y roberto López Villatoro –el «Rey del Tenis»– han influido en el proceso previo al que se inicia este viernes, y que varios de los abogados, magistrados y jueces que ellos apoyan, fueron los que obtuvieron las notas más altas en la primera evaluación.
Trabajo intenso de fin de semana
Con el plazo límite acercándose, las comisiones han decidido trabajar de manera intensiva durante el viernes, sábado y domingo, jornadas en las que revisarán los últimos expedientes y realizarán las entrevistas finales. La prioridad es cumplir con los tiempos establecidos por la ley y entregar un listado que cumpla con los requisitos de idoneidad, ética y profesionalismo que demanda la sociedad.
El presidente Bernardo Arévalo hizo un llamado el jueves a los miemnbros de las comisiones para que se seleccione a los candidatos por sus cartas de presentación, incluyendo concpetos de ética, honorabilidad y capacidad.
Se espera que el listado final incluya a los candidatos mejor evaluados, basados en criterios como su experiencia en el ámbito judicial, independencia de criterio y compromiso con la justicia. Sin embargo, las dudas sobre el proceso persisten, especialmente en relación con algunos de los aspirantes que ya han enfrentado cuestionamientos por sus vínculos con redes de corrupción o grupos de poder.
Desafíos en el horizonte
Uno de los principales desafíos que enfrentan las comisiones es garantizar que los magistrados electos puedan ejercer su labor sin estar sujetos a presiones políticas o económicas. En Guatemala, el poder judicial ha sido históricamente objeto de manipulación por parte de sectores interesados en mantener el statu quo, lo que ha debilitado su independencia.
Este proceso, además, se da en medio de una coyuntura política delicada. El gobierno del presidente Bernardo Arévalo enfrenta un embate por parte del Ministerio Público (MP) y de algunos sectores políticos que han buscado desestabilizar su administración, lo que añade un componente extra de tensión al proceso de elección de magistrados.
El MP, a cargo de Consuelo Porras, ha intentado, incluso, que se retire la inmunidad del presidente Arévalo y varios de sus ministros y secretarios, en un afán de crear inestabilidad política en el país.
El papel del Congreso
Una vez que las comisiones concluyan su trabajo, el listado será remitido al Congreso de la República, quien tendrá la responsabilidad final de elegir a los magistrados. Este es un paso crucial, ya que, históricamente, el Congreso ha sido acusado de politizar el proceso, negociando las posiciones de magistrados a cambio de favores o alianzas partidarias.
Con un Congreso que ha demostrado estar profundamente dividido, y en medio de un ambiente político volátil, las expectativas sobre cómo se llevará a cabo la elección final están en duda. Muchos analistas temen que el proceso se convierta en un campo de batalla donde los intereses políticos prevalezcan sobre la idoneidad de los candidatos.
El oficialismo ha mostrado en las últimas semanas tener más fuerza que la oposición, pero los analistas estiman que la alianza actual que respalda las iniciativas del Ejecutivo es frágil y no tiene la contundencia necesaria. Incluso, no ha avanzado el proyecto de reforma a la Ley del MPO, para que Porras pueda ser destituida.
El llamado a la transparencia
Diversos sectores de la sociedad civil, incluidos organismos internacionales, han hecho un llamado a la transparencia y a la independencia en este proceso. Organizaciones como la CICIG (durante su operación) y algunos movimientos ciudadanos han señalado en el pasado la importancia de fortalecer el sistema de justicia para combatir la corrupción e impunidad en el país.
En este contexto, la opinión pública guatemalteca sigue con atención cada paso del proceso, consciente de que la elección de los magistrados de la CSJ y las salas de apelación tendrá repercusiones a largo plazo en la estabilidad institucional del país.
Conclusión
El futuro del sistema judicial guatemalteco pende de un hilo. Las comisiones de postulación están bajo la lupa, y su labor en los próximos días será decisiva para garantizar que los próximos magistrados de la CSJ y las salas de apelación sean personas comprometidas con la justicia, la transparencia y el bienestar del país.
A partir de la próxima semana, cuando el Congreso reciba el listado de candidatos, será el momento de definir si Guatemala puede avanzar hacia un sistema judicial más independiente o si, por el contrario, prevalecerán los intereses de aquellos que buscan controlar las decisiones judiciales en su propio beneficio.
Fuentes del Congreso aseguran que se iniciará el proceso de elección a partir del primero de octubre.
LEE ADEMÁS: La columna del periodista Gonzalo Marroquín Godoy.