No son pobres, pero los chilenos de clase media, asfixiados por deudas contraídas para pagar los altos gastos de la salud y la educación privadas, luchan contra una «fragilidad» económica permanente que los lleva a unirse a las protestas sociales.
Chile se puede enorgullecer de unos datos envidiables en América Latina: la pobreza nunca ha sido tan baja, tras pasar del 40% de la población a menos del 10% en 30 años, lo que ha convertido a este país de 18 millones de habitantes en un lugar donde la clase media es mayoritaria.
Pero para los chilenos, el modelo económico ultraliberal heredado de la dictadura (1973-1990), que privatizó el agua, la salud, la educación y el sistema de jubilaciones, genera «una angustia permanente» ante el riesgo de sufrir cualquier infortunio.
Nicolás Achondo, un cocinero de 33 años, tuvo que cerrar su restaurante. Después de pagar sus gastos, los salarios de sus empleados y sus impuestos, ya no tenía dinero para contratar un sistema privado de salud. Víctima de un accidente moto, el tratamiento le costó miles de dólares.
«Fue una deuda millonaria y en aquel momento no tenía cómo pagarla. Y al no tener cómo pagar entras en el sistema de los deudores, el Dicom. Y eso te cierra todas las puertas», cuenta Achondo. «No puedes acceder a ningún crédito bancario, no puedes arrendar un apartamento o una casa (…) Como emprendedor, el hecho de ser deudor hizo imposible obtener un crédito para mi negocio y éste empezó a generar deudas (…). Es bien injusto».
Su familia le ayudó a pagar sus deudas, pero ya no tiene ningún capital para reabrir el restaurante y quiere emigrar a Canadá.
La clase media no tiene subsidios estatales. «La única cosa que podemos hacer es pedir créditos bancarios para acceder a la vivienda, a la salud, la educación y la ropa», lamenta Achondo.
Sus padres ya sufrieron esa fragilidad. El videoclub que tenían en los años ochenta y noventa quebró ante la evolución del mercado. El dinero les alcanzó para pagar los estudios de sus dos hijos mayores, entre ellos Nicolás, sin pedir préstamos; pero no podrán hacer lo mismo con los dos menores, estudiantes en un colegio del sistema público, cuyo nivel de enseñanza se considera bastante peor que en los establecimientos privados.
«Con o sin útero»
Los dos hijos de Marisol Berríos, una trabajadora social de 59 años, financiaron sus estudios universitarios con créditos. «Son profesores en escuelas secundarias, pero son precarios, trabajan por honorarios. Tienen el salario mínimo y no entran en el sistema de salud».
En un modelo donde el Estado interviene muy poco, la rentabilidad es la clave del sistema.
Las chilenas deben pagar hasta tres veces más que los hombres por su cobertura sanitaria cuando quieren tener hijos, y el seguro no cubre las complicaciones médicas que puedan surgir.
«Hay un plan con útero y un plan sin útero, que es más barato. Pagas un porcentaje mayor cuando eres fértil. Y en la vejez, si eres mujer, también pagas más», explica Berríos, que se preocupa por su pensión de jubilación, que en Chile es administrada por fondos de pensiones muy criticados.
«A mí me da miedo pensar en mi vejez. Me falta un año para jubilarme y mi pensión será de 170.000 pesos (unos 230 dólares)», cuenta esta quincuagenaria que gana actualmente 1,2 millones de pesos (1.600 dólares).
A la salud, la educación y la jubilación se suman las alzas de la tarifa de la electricidad, los peajes omnipresentes en las autopistas del país y de la ciudad de Santiago, y los medicamentos cuyos precios son fijados por el mercado.
En ese contexto, la subida del precio del metro en la capital (+3,75%, frente a una inflación prevista del 2,6% en 2019) en horas punta, cuando los habitantes no tienen otra forma de desplazarse, fue la chispa que encendió las protestas actuales.
Para intentar aplacar la cólera popular, el presidente conservador Sebastián Piñera anunció varias medidas como la suspensión del alza del 9,2% de la electricidad y de la subida anual del 3,5% de los peajes, pero no logró poner fin al estallido.
«Chile despertó» se ha convertido en uno de los lemas favoritos de los manifestantes desde el 18 de octubre. «Nos despertamos frente a la brutalidad del sistema», afirma Marisol Berríos.