- La democracia guatemalteca ya no se puede defender únicamente con fuerzas domésticas. Necesita de algo más, una vigilancia inusual.
Las elecciones institucionales de 2026 —Tribunal Supremo Electoral (TSE), Corte de Constitucionalidad (CC) y fiscal general— serán observadas por tres misiones internacionales que ya han comenzado a visitar el país para tomar el pulso de cada uno de los procesos, encaminados a definir el futuro del Estado de Derecho.
La primera en aterrizar fue una misión exploratoria de la OEA. Casi de manera simultánea llegó un panel de expertos vinculados a organismos pro justicia. Ambas con el mismo fin: documentar los riesgos de cooptación y los patrones de manipulación que han distorsionado anteriores postulaciones. Su presencia fue estratégica: entrevistas con sectores académicos, organizaciones civiles y actores políticos para elaborar un diagnóstico que se convertirá en insumo clave para presionar por reglas claras y juntas de postulación más transparentes.
La misión de la OEA ya se expresó trs su visita y señala que las elecciones deben realizarse de manera transparente, las reuniones de las comisiones de postulación deben ser públicas, y todas las deliberaciones también.
El mensaje de la presencia de estas misiones es claro: el sistema de postulación guatemalteco es frágil y está bajo amenaza de redes de poder que, en los últimos años, utilizaron los cargos judiciales y electorales para bloquear reformas, perseguir adversarios y garantizar impunidad. La OEA observa el proceso no como un evento aislado, sino como parte de un ciclo más amplio que definirá la estabilidad democrática en el corto plazo.
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Estas son las elecciones programadas para el próximo año en Guatemala:
En 2026 se elegirán cinco autoridades clave:
- Marzo: TSE (El proceso está en marcha y principia a integrarse la comisión de 5 postuladores titulares y cinco suplentes. Congreso elige a magistrado de una nómina de 20 candidatos).
- Abril: CC (El Ejecutivo, el Congreso, la Corte Suprema, la USAC y el Colegio de Abogados, cada uno debe nombrar un magistrado titular y un suplente).
- Mayo: Fiscal general (Comisión de postulación presenta una lista de 6 candidatos y el presidente de la República nombra al fiscal general de esa lista)
- Julio: Rector de la USAC: (elecciones internas de la USAC)
- Octubre: Contralor: (Comisión de Postulación presenta nómina para que el Congreso haga la elección)
Próximamente llegará una misión de la Unión Europea (UE), también preocupada por la situación de la justicia guatemalteca, con un alto índice de impunidad para unos y castigo dirigido para otros. Esta vez su foco será evaluar las condiciones de independencia judicial, monitorear la transparencia en la selección de altas cortes y detectar posibles interferencias desde el sistema político o intereses económicos que pretendan capturar las instituciones.
La primera piedra en el camino no tardó en aparecer. La fiscal general, Consuelo Porras, no aceptó entrevistarse con las misiones, aduciendo que, en el pasado “han tenido sesgo” en sus declaraciones.
El trasfondo es claro: las elecciones de 2026 se desarrollarán en un terreno cargado de tensiones. Los sectores prodemocracia ven en estas misiones un contrapeso indispensable ante la posibilidad de que actores que dominaron el sistema durante la última década intenten recuperar espacios mediante pactos bajo la mesa, manipulación de notas académicas, presiones sobre universidades o uso político del Ministerio Público (MP) para intimidar.
Los riesgos no son menores. La elección del fiscal general podría definir si el país avanza hacia la reconstrucción institucional o si se mantiene la persecución selectiva como arma para crear impunidad y mantener la corrupción.
La conformación de la nueva CC determinará los límites del poder político y la protección de derechos fundamentales. Y la primera de las elecciones, la de magistrados del TSE será clave para garantizar que los comicios generales de 2027 se desarrollen sin intervención indebida.
Por eso, la llegada de estas misiones representa algo más que acompañamiento técnico: es un recordatorio de que la comunidad internacional sigue observando de cerca y que la legitimidad del proceso dependerá de su transparencia.