ALEX PAPADOVASSILAKIS Y JODY GARCÍA
InSigthCrime
InSight Crime es un centro de pensamiento y un medio de comunicación sin ánimo de lucro que busca profundizar y enriquecer el debate sobre el crimen organizado y la seguridad ciudadana en las Américas, mediante la publicación constante de informes, análisis, investigaciones y sugerencias de políticas sobre cómo abordar los múltiples desafíos que estas problemáticas presentan.
Sofía Hernández ha sido reelegida por tres periodos consecutivos en el Congreso guatemalteco y está en campaña para aspirar a una cuarta reelección cuando el país se dirija a las urnas el 25 de junio, pero hasta ahora su trayectoria ha sido más bien accidentada, por así decirlo.
Hernández ha sobrevivido a la desaparición de los tres partidos políticos que la llevaron al poder. Los tres jefes de los partidos —uno de ellos expresidente— fueron condenados de manera separada por cargos como fraude aduanero, lavado de dinero y narcotráfico. Ella también ha encarado acusaciones de corrupción en su país y en el exterior.
Ahora, en la recta final de su campaña por la reelección, recuerda a los votantes los méritos que la han llevado a convertirse en una de las políticas más influyentes de Huehuetenango, provincia fronteriza donde la política lleva décadas de coexistencia con la actividad ilícita de los narcóticos.
“Soy una mujer que se ha forjado. Me gradué de maestra. Fui a la universidad. Soy sicóloga. Tengo maestría, tengo doctorado”, alardeó Hernández en un mitin político en su ciudad natal de Santa Ana Huista, al oeste de Guatemala, unas semanas antes de las votaciones.
Pero eso es solo una parte de la historia de Hernández. Su ascenso en la política le ha atraído el escrutinio, en especial por los presuntos nexos de su familia con el tráfico de drogas. Ella es apenas una de una multitud de candidatos electorales con vínculos cuestionables con el crimen organizado, en un país donde los traficantes entienden desde hace mucho la importancia de forjar alianzas políticas.
*Este reportaje es el preludio de una investigación en profundidad sobre la política, la corrupción y el crimen organizado que rodean las elecciones guatemaltecas de 2023. InSight Crime publicará una serie de artículos en los días previos a las elecciones de Guatemala el 25 de junio.
UCN: la migración de un “narcopartido”
Hernández es oriunda de Santa Ana Huista, una pequeña población en la provincia de Huehuetenango, oeste de Guatemala, que se asienta en las montañas que abarcan la frontera con México. Antes de ingresar a la política, trabajó como sicóloga en la atención a víctimas de delitos en la división local del Ministerio Público nacional para Huehuetenango.
Su primera incursión en la política ocurrió en 2011, cuando fue elegida como diputada al congreso por Huehuetenango con el Partido Patriota (PP). Se retiró del PP en 2014, un año antes de que una investigación por fraude aduanero sentara un precedente al llevar a la dimisión del jefe del partido y entonces presidente Otto Pérez Molina. Más adelante, la vicepresidenta de Pérez Molina fue acusada de narcotráfico por Estados Unidos.
Hernández se aseguró la reelección en 2015 con el partido político Líder, en cabeza del candidato presidencial Manuel Baldizón. Este quedó de tercero en la votación, pero posteriormente fue extraditado a Estados Unidos, donde pagó 28 meses de prisión luego de admitir que lavó dinero procedente del narcotráfico. Las autoridades electorales cancelaron el Partido Líder en 2016, lo cual obligó a Hernández a sumarse a un bloque independiente de legisladores.
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Para las elecciones de 2019 se unió a la Unión del Cambio Nacional (UCN), facción política que fue tildada de “partido narco” en alguna ocasión por la Embajada estadounidense en Guatemala.
La turbulencia siguió. El jefe del UCN y candidato a la presidencia, Mario Estrada, fue detenido en Miami a solo dos meses de las elecciones, acusado por las autoridades estadounidenses de solicitar dineros de campaña al Cartel de Sinaloa. Más adelante, se declaró culpable de esos cargos y fue sentenciado a 15 años de prisión.
El escándalo dejó en evidencia el alcance de los nexos de la UCN con el narcotráfico. También suscitó interrogantes más generales sobre hasta qué punto el dinero de la droga había infiltrado las elecciones. Pero el caso de Estrada no fue impedimento para que Hernández y otros 11 dignatarios de la UCN se hicieran a un escaño en el Congreso. Y una vez en el poder, el bloque de la UCN rápidamente hizo una alianza con Vamos, el partido político del recién electo presidente de Guatemala Alejandro Giammattei.
Esa alianza marcó el inicio de la era dorada de la UCN. El partido se convirtió en el tercer bloque más votado en la legislatura y Hernández subió a la vicepresidencia del Congreso. Pero este fue también el canto postrero del partido. En 2021, las autoridades electorales anularon a la UCN por infracciones financieras, lo que nuevamente dejó a Hernández sin partido.
El ascenso de Hernández en el Congreso también atrajo atención indeseada. El Departamento de Estado estadounidense la sancionó en 2022 por “uso indebido de sus facultades oficiales para intimidar a sus oponentes políticos”, mediante la solicitud de coimas y amenazas de instrumentalizar el Congreso “para ejercer retaliación contra sus enemigos para beneficio personal”. Dos años antes, los fiscales guatemaltecos documentaron un encuentro entre Hernández y un reconocido operador político acusado de interferir en las designaciones a las altas cortes en el país durante una investigación por presunto tráfico de influencias.
Su familia también ha sido un problema. En 2021, el hermano de Hernández, Henry Hernández Herrera, fue detenido por nexos con un reconocido clan narco conocido como los Huistas, que operaba en la ciudad natal de Hernández, Santa Ana Huista. Posteriormente, este se declaró culpable de colaborar con el clan y, tras su excarcelación, fue acribillado mientras jugaba un partido de fútbol en Huehuetenango. Los fiscales también conectaron a Henry Hernández y otro de sus hermanos con una red de empresas de propiedad de los Huistas en la misma provincia.
Ese mismo año, el sobrino de la diputada Hernández fue extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
Tanto ella como sus copartidarios de la UCN —viendo su reputación enlodada por los nexos con narcotráfico— necesitaban una nueva casa política. Y la hallaron en Vamos, el partido del presidente Giammattei, cuya imagen quedó hecha trizas después de una serie de sonados escándalos de corrupción.
Parecía como anillo al dedo. Los diputados de la UCN ya estaban acostumbrados a votar con Vamos en el Congreso. El partido de Giammattei, altamente impopular y con pocas posibilidades de mantener la presidencia, vio una oportunidad de mantener su influencia en el Congreso reclutando a un grupo de operadores regionales de la UCN con gran influencia. La distribución geográfica de los siete candidatos al Congreso por la UCN, ahora ondeando la bandera de Vamos, abarca múltiples regiones esenciales para el tráfico de narcóticos, incluida Huehuetenango, la provincia natal de Hernández.
Entre los demás candidatos se cuenta Napoleón Rojas, jefe de la coalición electoral de la UCN y ahora candidato al Congreso con Vamos en la provincia de Santa Rosa, sobre la costa Pacífica.
Los diputados al Congreso Jaime Octavio Augusto Lucero (Jalapa), Maynor Estuardo Castillo y Castillo (Jutiapa), Sandra Carolina Orellana Cruz (Zacapa), y José Arnulfo García Barrios (Suchitepéquez) también se sumaron a la migración de la UCN hacia Vamos con la esperanza de conservar un escaño en el Congreso.
El hijo de Hernández, Erick Geovanni Martínez Hernández, también migró de la la UCN a Vamos en su campaña por la reelección al Congreso (Huehuetenango). Su hija, Karla Martínez, igualmente saltó entre los dos partidos, pero cambió el Congreso por una posibilidad de ganar un escaño en el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Dolor de cabeza electoral
La migración de la UCN no terminó con Vamos. Todos los diputados restantes del Congreso por ese partido buscaron salida hacia un nuevo partido con miras a las elecciones. Otros miembros y afiliados, algunos asociados a los Huistas, también han buscado una vía alternativa al poder, notoriamente con el partido Prosperidad Ciudadana (PC).
Aunque era fuerza minoritaria en la política, Prosperidad Ciudadana barrió en las elecciones de 2023 cuando el candidato a la presidencia por esa colectividad, Carlos Pineda, sorprendió al posicionarse como favorito en la mitad de la campaña. Pero las esperanzas del partido se hicieron humo cuando las autoridades electorales excluyeron a Pineda y a todo el partido de las elecciones por un tecnicismo administrativo.
Esto ha creado un dolor de cabeza para un sector de los afiliados a la UCN y presuntos aliados de los Huistas que tenían la esperanza de llegar al poder arrastrados por Pineda. Esto incluye a la familia de Freddy Salazar Flores, miembro del Parlacen por la UCN, quien en 2022 fue sancionado por Estados Unidos, acusado de “transportar y acopiar cocaína para los Huistas”. Las sanciones provenían de una imputación contra Salazar interpuesta por el Departamento de Justicia en 2016.
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Las autoridades electorales bloquearon la campaña de Salazar para la reelección con Prosperidad Ciudadana, pero su madre y su esposa se ofrecieron para reemplazarlo. Su cónyuge, Danury Lizeth Samayoa Montejo, es hija del presunto jefe de los Huistas, Aler Samayoa. A este lo requieren las autoridades estadounidenses por cargos de narcotráfico. La hermana de Salazar, Elisa Judith Mejía Salazar de Rozotto, al parecer se casó con otro jefe de los Huistas en 2018, y se había registrado como candidata al Congreso por PC antes de la exclusión del partido.
La eliminación de PC podría hacer alguna mella en la extensa red de influencias forjada por los Huistas en la política guatemalteca. Como muchas organizaciones traficantes de drogas, el grupo busca cada vez más influencia en el Congreso para posicionar a aliados que puedan brindarles protección política y, según las denuncias contra Freddy Salazar, de ayuda activa en el acopio y transporte de cocaína. Las conexiones políticas del grupo pueden ayudar a explicar por qué ha sobrevivido más que algunos de los clanes más prominentes del país, muchos de los cuales sucumbieron a la intensa presión de las autoridades en la década de 2010.
Pero las elecciones se tratan en parte de ir sobre seguro en el fragmentado sistema de partidos de Guatemala —22 partidos presentaron candidatos presidenciales— y no escasean las opciones alternativas.
El partido político Podemos ahora cobija a la diputada por la UCN Vivian Preciado Navarijo, cuya familia está vinculada a un clan narco en la costa Pacífica del país.
Otro diputado ante el Congreso por la UCN, Julio César López Escobar, ahora hace campaña con el partido Cabal, liderado por uno de los favoritos en la campaña presidencial, Edmond Mulet. El padre de López Escobar se vio envuelto anteriormente en un escándalo de corrupción y también aspira al Congreso con Cabal. Su tío, Roberto López Villatoro, fue el arquitecto de un sofisticado entramado criminal que buscaba llenar de aliados suyos las cortes del país para garantizar protección política.
“Dicen que soy narco, y lo soy…”
En un pueblo en lo alto de las montañas de Guatemala retumbaron los disparos mientras un grupo de lugareños alzaban en hombros a su alcalde, Exadillas Ramos. Ramos y sus partidarios, del municipio de Esquipulas Palo Gordo, en la provincia de San Marcos, oeste de Guatemala, celebraban el lanzamiento de la campaña del alcalde por la reelección, y su decisión de unir fuerzas con Vamos.
Ramos es uno de los 169 candidatos a alcaldías con el aval de Vamos para las elecciones de 2023, parte de una estrategia dirigida a recoger votos y empujar al deslucido candidato presidencial de ese partido, Manuel Conde, a una segunda vuelta.
El alcance de la campaña de Vamos ha llevado el partido a muchos municipios que tienen rutas de trasiego, en especial, provincias fronterizas como San Marcos, donde los narcotraficantes buscan el poder municipal para facilitar y blindar sus operaciones. Los alcaldes guatemaltecos gozan de inmunidad política y mantienen influencia sobre las fuerzas de seguridad locales. También tienen acceso privilegiado a contratos del Estado que pueden usarse para lavar dinero.
“Dicen que soy narco, y lo soy…”, afirmó Ramos en un evento público después de su elección después de su elección como alcalde en 2019.
De la misma opinión eran los fiscales guatemaltecos. El Ministerio Público allanó la alcaldía de Equipulas Palo Gordo a mediados de 2021 e identificó a Ramos como presunto miembro de un clan narco local que trasegaba cocaína entre Guatemala y México.
Los fiscales allanaron la tesorería de la ciudade e identificaron a la esposa de Ramos como la principal blanqueadora de dinero del grupo. Las autoridades detuvieron también a dos de los hijos del alcalde.
La inmunidad política del alcalde Exadillas lo blindaba contra una imputación formal. Sus presuntas conexiones con la actividad de los narcóticos no parecían inquietar a las autoridades electorales, quienes autorizaron su campaña a la reelección.
A Exadillas se le une en la votación su hermano, Roderico Ramos Aguilar, quien también fue detenido en los operativos. Los fiscales acusaron a Ramos de lavado de activos y asociación ilícita, pero el caso en su contra fue retirado. Tampoco encontró resistencia de las autoridades electorales al inscribir su candidatura a la alcaldía para la localidad cercana de El Rodeo. El actual alcalde de ese municipio está solicitado en extradición por Estados Unidos, señalado de narcotráfico.
Otros candidatos de Vamos con nexos con el tráfico de narcóticos incluyen a Roberto Marroquín, alcalde de una localidad sobre la costa Pacífica asediada por la violencia del narco. InSight Crime relató en una crónica las conexiones del alcalde con el tráfico de drogas en una investigación publicada en 2021.
Las autoridades antidrogas guatemaltecas también han arrestado a un candidato al concejo municipal, que hace campaña con Vamos en la provincia de El Progreso, y tiene una solicitud de extradición por narcotráfico en Estados Unidos.
Vamos también ha brindado una nueva plataforma política a más de una docena de alcaldes de la UCN, según una investigación de Ojoconmipisto. Otros 30 se han sumado a Vamos desde el partido político de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), cuyas anteriores campañas electorales estuvieron señaladas de financiación por parte de narcos mexicanos.