El Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, presidido por el juez Giuseppe Pignatone, condenó en primera instancia a ocho años y 11 meses de cárcel, así como al pago de una multa de 12,500 euros al expresidente del Instituto para Obras de Religión (IOR) -conocido como el banco del Vaticano-, Angelo Caloia de 81 años y al abogado ligado al instituto, Gabriele Liuzzo de 97 años, por delitos de malversación de fondos y lavado de dinero.
Al otro imputado en el caso, Lamberto Liuzzo, de 55 años, lo condenaron a cinco años y dos meses de prisión.
Se trata de una sentencia en primer grado pero, en cualquier caso, es la primera emitida por la justicia del Vaticano por un delito financiero. Ninguno de los imputados estaba presente en el aula donde se ha desarrollado la audiencia judicial.
Según ha hecho saber la oficina de prensa del Vaticano en un comunicado, por otro lado, el tribunal de apelaciones ha confirmado medidas cautelares contra Lamberto Liuzzo que pasan por el secuestro de 14 millones de euros en cuentas bancarias del IOR y otros 11 millones de euros en cuentas bancarias suizas.
Se les acusaba de haber obtenido en forma ilícita millones de euros producto de operaciones inmobiliarias realizadas entre 2001 y 2008, en concreto, por la venta de 29 edificios repartidos entre las ciudades de Roma, Milán y Génova por los cuales estos funcionarios podrían haber ganado hasta 70 millones de dólares.
Juicio
El fiscal del Vaticano, Giampiero Milano, abrió en mayo de 2018 el juicio oral ante las evidencias de que ambos funcionarios, Caloia –que ejerció como jefe de IOR entre 1989 y 2009–, y Liuzzo, desviaron más de 50 millones de euros entre 2001 y 2008 en una operación ilícita a través de la venta de una parte considerable de los activos de bienes raíces del instituto bancario.
En esa gestión también estuvo implicado el exdirector general del IOR, Lelio Scaletti, que falleció antes de que se cerraran las investigaciones.
Las pesquisas comenzaron en 2014 tras una denuncia presentada por el propio IOR. El IOR, personificado como parte civil subsidiaria en este juicio, lo que le confiere el derecho de exigir una indemnización, en caso de que hallados culpables, por los daños causados.
De hecho, el promotor de justicia del Vaticano, Alessandro Diddi, el mismo que está investigando el caso de la compra opaca de un inmueble de lujo en Londres que habría provocado pérdidas millonarias a las finanzas del Vaticano, había confiscado de forma preventiva 32 millones de euros de sus cuentas bancarias, algunas abiertas precisamente en el IOR, además del secuestro de bienes inmuebles por valor de 25 millones de euros.
El tribunal del Vaticano ha impuesto de momento el pago de una indemnización provisional de 23 millones de euros, cifra que será calculada de nuevo en función de la determinación real del daño infringido en otro juicio paralelo en el Vaticano.