Abelardo Medina / ICEFI
El ministro de Finanzas Públicas presentó el 2 de septiembre, como lo establece la ley, el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado 2016, que asciende a Q72,430 millones, 2.6 por ciento superior al aprobado para el 2015, e inmediatamente se dispararon las luces de emergencia en varios sectores sociales, de investigación, económicos y de la población en general, sobre la posibilidad real de financiarlo; pero sobre todo, por la imposibilidad de concebirlo como un instrumento de desarrollo efectivo para la sociedad guatemalteca.
El presupuesto planteado no puede considerarse una herramienta para favorecer la inclusión y el desarrollo social por varios factores: el financiamiento proviene principalmente de impuestos indirectos, que de ninguna forma producen una redistribución de la riqueza. Prueba irrefutable es que el 46 por ciento de la recaudación total provendrá del cobro del IVA, pagado en su totalidad por los consumidores. Tampoco se avanza en la eliminación de privilegios fiscales, necesaria para promover la justicia fiscal.
El gasto previsto no obedece a un plan de desarrollo de largo plazo y, por ende, corresponde más al mantenimiento de cuotas a cada uno de los Ministerios, Secretarías y dependencias, que a objetivos concretos para mejorar el bienestar social. En este punto, destaca la carencia efectiva de indicadores que muestren las metas de los resultados que espera el Gobierno por la utilización de recursos públicos, y se percibe la conservación del paradigma erróneo de la ejecución total como prueba de buena gestión.
Es obvio que el gasto debe obedecer a un horizonte de largo plazo que privilegie el bien común: mejorar la educación, la salud y la protección social, dando prioridad a los grupos más vulnerables: niñez, adolescencia, adultos mayores, etc. Sin embargo, en el presupuesto no privilegia el gasto en dichos segmentos ni existen metas concretas que identifiquen el por qué de las asignaciones a otros rubros, por lo que siguen existiendo gastos superfluos e innecesarios y que, en muchos casos, dan lugar a corrupción.
El endeudamiento planificado, debido en gran parte a la crisis política latente desde abril del presente año, sin llegar a ser inmanejable, sí será más caro. Como consecuencia del virtual cierre de las ventanillas de los organismos multilaterales de crédito, el déficit fiscal será financiado con bonos, los cuales deberán pagar una tasa mayor en el mercado, comprometiendo recursos que no podrán ser utilizados para financiar el bienestar social.
El sector público guatemalteco tiene recursos limitados, por lo que se debe hacer un uso óptimo de los mismos en la búsqueda del bien común consagrada en la Constitución de la República; pero dicho uso debe hacerse de forma que favorezca la inclusión social y promoviendo el desarrollo, especialmente de los sectores sociales que hasta la fecha perciben poco o nada el bienestar de vivir en nuestra sociedad.
*Economsta Senior, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
Abelardo Medina*