La difusión de una fotografía en la que se ve al presidente argentino, Alberto Fernández, celebrando el cumpleaños de su mujer, Fabiola Yáñez, en julio de 2020, en pleno confinamiento, ha generado una tormenta política en Argentina, donde el Gobierno reconoce el «error» mientras la oposición tantea ya la convocatoria de un juicio político.
La imagen fue divulgada esta semana por la cadena LN+ y muestra a un total de 12 personas, pese a que en ese momento –14 de julio de 2020– estaban prohibidos los eventos de más de 10 asistentes y cualquier encuentro social en un espacio cerrado. También era obligatorio el uso de mascarilla, pero nadie la lleva en la fotografía.
«Fue un error»
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ha reconocido este viernes por primera vez que la celebración «fue un error», que «no debería haber pasado». En este sentido, y aunque ha apuntado en una entrevista radiofónica que la residencia presidencial funcionaba como «centro de reuniones» de la pandemia, lo que muestra la imagen es «un evento social».
No obstante, el Ejecutivo también considera que hay un «oportunismo político» detrás de la filtración, por parte de una oposición que «busca permanentemente generar escándalo», informa la agencia Télam. «Hoy no está en juego una foto sino cómo nos ponemos de pie, cómo salimos de la pandemia y qué modelo político y económico vamos a llevar adelante», ha sentenciado.
Juicio político
Varios diputados opositores se han apresurado a adelantar que presentarán una solicitud de juicio político contra Fernández, lo que en caso de prosperar implicaría su destitución. Uno de los promotores, Mario Negri, de Juntos por el Cambio, ha confirmado en diversas entrevistas esta iniciativa, aunque es consciente de que no saldrá adelante.
«Se precisan dos tercios y el kirchnerismo bloqueará todo», pero «queremos que el Congreso debata esto», ha declarado, al criticar a un presidente que, en su opinión, ha «deshonrado» al país haciendo uso de «privilegios inaceptables», lejos de las exigencias que reclamaba al común de la ciudadanía.
El proyecto presentado ante la Cámara de Diputados acusa a Fernández de «mal desempeño» y de «la eventual comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en el ejercicio de sus funciones».
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