La Asamblea Nacional de Nicaragua ha aprobado este miércoles la reforma del Código Penal del país que ahora incluye la cadena perpetua para los «delitos de odio», algo que la sociedad civil ha calificado como «instrumento de represión».
Durante la sesión plenaria, los diputados también han aprobado la Ley 779, también conocida como Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Ambas propuestas aprobadas por la amplía mayoría de 70 diputados del partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
En cuanto a la pena de prisión perpetua revisable, se reserva para «los que cometen delitos de extrema gravedad», según escribió en su cuenta de Twitter el Parlamento.
Oposición
La oposición, en contra de la aprobación, señaló que si bien «son repugnantes los asesinatos, esto es una consecuencia de que ha fallado», señalaron desde la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), tal y como recoge ‘La Prensa’.
Y es que, aunque la pena perpetua se aplicará para el caso de asesinatos o violaciones a mujeres, también se podrá aplicar en «delitos graves (…) en circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional».
Ante esto, las organizaciones de Derechos Humanos han alertado de que se trata de «una forma más de intimidar» a la población, según criticaba la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez.
Año electoral
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, encara un año electoral con fuertes críticas por parte de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos por una serie de reformas que se han aprobado gracias a la mayoría de su partido en la Asamblea Nacional y que han supuesto las críticas por sus implicaciones, siendo la última la reforma constitucional aprobado este lunes.
Recientemente, el órgano legislativo también ha aprobado la conocida como Ley de Agentes Extranjeros, así como la Ley contra el Ciberdelito –apodada por la sociedad civil como ‘Ley Mordaza’– y una tercera ley que impide presentarse como candidatos a aquellas personas acusadas de «traición a la patria», entre otras acciones «en contra» del país.