- CC suspende artículos clave del presupuesto 2025 tras impugnación del CACIF
La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala dejó en suspenso de manera provisional cuatro artículos del Presupuesto General de la Nación 2025, tras la impugnación presentada por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).
Es decir, al disposición de la CC frena recursos para los Consejos Departamen- tales de Desarrollo (Codedes) y al ampliación de la Ley Temporal del De- sarrollo Integral, dirigidos a jubilados y veteranos militares. La Corte aún debe resolver sobre un amparo solicitado por la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), el cual cuestiona específicamente la asignación de fondos a los gobiernos locales.
Los artículos suspendidos
De acuerdo con la resolución de la CC, los artículos suspendidos están relacionados con:
- Asignación de fondos sin certeza jurídica: Se cuestiona la transferencia de recursos a entidades que no cuentan con un respaldo normativo claro.
- Ejercicio presupuestario sin aprobación legislativa específica: La CC consideró que algunas disposiciones permitían la ejecución de gastos sin la debida autorización del Congreso.
- Reasignación de partidas sin control legislativo: Uno de los artículos suspendidos otorgaba facultades al Ejecutivo para modificar el destino de ciertos fondos sin pasar por el Legislativo.
- Fondo especial de asignaciones: Se impugnó la creación de un fondo que, según el CACIF, carecía de transparencia y podía facilitar el uso discrecional de los recursos públicos.
Gobierno en desacuerdo
El presidente Bernardo Arévalo y su equipo han manifestado su desacuerdo con la decisión de la CC, argumentando que la suspensión de estos artículos podría afectar la ejecución de programas clave en salud, educación e infraestructura. Además, recalcan que el presupuesto aprobado por el Congreso busca mejorar la inversión social y reducir desigualdades.
Por su parte, el CACIF defendió su acción legal, indicando que su intención no es frenar el desarrollo del país, sino garantizar que el gasto público se realice dentro del marco legal y con los controles adecuados. También señalaron que es necesario evitar que los fondos estatales se manejen con discrecionalidad, lo que podría abrir la puerta a irregularidades.
La CC también ha tenido resoluciones contrarias a los intereses del Gobierno, sobre todo, protegiendo a la fiscal general Consuelo Porras.
¿Qué sigue?
La resolución de la CC es de carácter provisional mientras se analiza a fondo la inconstitucionalidad planteada. En los próximos meses, la Corte podría confirmar la suspensión de estos artículos o, por el contrario, revocarla si considera que no hay fundamentos suficientes para declararlos inconstitucionales.
En el Congreso, sectores afines al oficialismo analizan alternativas para asegurar que los programas contemplados en el presupuesto no queden en el limbo debido a la suspensión de estos artículos. No obstante, los partidos de oposición han advertido que insistirán en que cualquier asignación de fondos cumpla con la legalidad establecida.
La decisión de la CC marca un nuevo episodio en la disputa entre el Ejecutivo y el sector empresarial, lo que podría generar mayores tensiones políticas en los próximos meses. Mientras tanto, la incertidumbre sobre la ejecución del presupuesto 2025 sigue vigente, y el desenlace dependerá de futuras resoluciones judiciales y negociaciones en el Legislativo