- El bipartidismo puede ser peligroso, pero el un multipartidismo exagerado –más allá de seis a ocho organizaciones– es peligroso para la democracia y promueve anarquía.
- En Guatemala hay 25 partidos políticos y para las próximas elecciones podrían ser 30 o más para las elecciones que tendrán lugar dentro de un año aproximadamente.
Redacción de Crónica
El sistema político guatemalteco es una paradoja y, al mismo tiempo, se ha convertido en una trampa institucional. A aproximadamente un año de que se convoque a las elecciones generales de 2027, el país no padece de apatía organizativa, sino de una metástasis de siglas, logos -algunos hasta ridículos– y, muy pronto, acompañados de canciones y frases que no llevan más que al engaño de campaña electoral.
Las cifras oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) son contundentes y configuran una radiografía de la fragmentación: en la actualidad existen 25 partidos políticos plenamente habilitados para competir. Sin embargo, la fábrica de franquicias no se detiene; existen 24 comités en formación, de los cuales 6 ya superaron la barrera de los 20,000 afiliados y están listos para recibir su personería jurídica.
Para los próximos comicios, los guatemaltecos podrían encontrar en la papeleta una oferta histórica e ingobernable de más de treinta opciones distintas. Pero esta aparente abundancia no es sinónimo de democracia, sino el síntoma de una enfermedad institucional. El modelo de partidos políticos diseñado por la Constitución de 1985 y regulado por la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) ha quebrado estrepitosamente, arrastrando consigo la gobernabilidad y compromete el futuro del país.
La radiografía del del rechazo
El sentir de la población guatemalteca respecto a sus organizaciones políticas no es de indiferencia, es de profundo rechazo y desconfianza absoluta. Las mediciones de opinión pública reflejan con claridad tres realidades que los ciudadanos perciben en las calles y que explican el descrédito del sistema (encuesta CID-Gallup para Fundación Libertad y Desarrollo):
Inexistencia de representatividad: La mayoría de los encuestados afirma que ningún partido político defiende sus intereses económicos, sociales o de seguridad. Los partidos son percibidos como clubes privados de financistas y caciques locales que solo aparecen durante la época de campaña.
Sinónimo de corrupción: En el imaginario colectivo, las siglas de los partidos no representan corrientes de pensamiento, sino marcas comerciales asociadas al saqueo del Estado, al clientelismo y al enriquecimiento ilícito de sus cúpulas.
El rechazo al Congreso: La proliferación de bancadas y el transfuguismo provocan que el ciudadano vea al Organismo Legislativo como un mercado de compraventa de votos (las famosas «compras de voluntades»), ensanchando la brecha entre el votante y el elegido.
Auténticos vehículos electoreros
La gran tragedia del multipartidismo guatemalteco es que ninguna de las 25 organizaciones vigentes posee un discurso ideológico sólido. Las etiquetas de derecha, centro o izquierda han quedado reducidas a eslóganes vacíos o a posturas folclóricas en redes sociales. En Guatemala, los partidos políticos no funcionan como escuelas de formación ciudadana ni como tanques de pensamiento para diseñar políticas públicas de largo plazo. Han mutado en auténticos vehículos electoreros.
Estas franquicias operan bajo una lógica estrictamente mercantilista. Cada cuatro años, los dueños de las fichas ante TSE abren una subasta nacional: se venden candidaturas a la presidencia, curules para el Congreso o varas edilicias. Quien tiene el dinero para financiar la campaña o para pagar el derecho de piso a la dirigencia nacional se queda con la casilla, sin importar su idoneidad, su pasado o su preparación técnica.
Este diseño de partidos desechables explica un fenómeno único en la región: desde que entró en vigor la era democrática contemporánea en 1985, ningún partido político ha logrado repetir en la Presidencia de la República. Se han celebrado diez procesos electorales y el patrón es letal: el partido que llega al poder se desgasta, es saqueado por sus propios funcionarios y desaparece o se reduce a su mínima expresión en el siguiente período. De las diez organizaciones que han gobernado el país, solo tres sobreviven formalmente en la actualidad, y las tres muestran una tendencia irreversible a la baja, destinadas a engrosar el cementerio político del país.
El Congreso fraccionado
Las consecuencias de este multipartidismo atomizado son devastadoras para la institucionalidad. El primer escenario de colapso ocurre en el Congreso de la República. La dispersión del voto genera legislaturas ultra-fraccionadas, donde ninguna fuerza política tiene la capacidad de consolidar una mayoría para impulsar reformas de Estado, lo que abre la puerta para las grandes componendas, especialmente en el reparto de obras.
La consecuencia inmediata es la inconsistencia en el poder y la ingobernabilidad. Para aprobar cualquier ley, los gobiernos de turno se ven obligados a negociar con micro-bancadas atomizadas, lo que convierte la actividad legislativa en un chantaje permanente. Las leyes que el país necesita en salud, educación o infraestructura quedan engavetadas a menos que se transija con las agendas particulares de los feudos distritales.
El segundo impacto, y quizás el más peligroso para la seguridad nacional, es la alta permeabilidad de estas estructuras ante los poderes fácticos y el narcotráfico. Al carecer de financiamiento público real y de militantes orgánicos que aporten cuotas, los «vehículos electoreros» dependen de inyecciones masivas de capital privado para sobrevivir a las costosas campañas. Es en este vacío donde penetra el dinero oscuro. Estructuras del crimen organizado, constructoras cuestionadas y caciques locales financian de manera simultánea a tres o cuatro partidos en un mismo departamento. El narcotráfico ya no solo compra voluntades de funcionarios electos; ahora compra el vehículo completo, colocando a sus propios peones en las planillas municipales y legislativas.
El candado de la ley
¿Por qué no se corrige este rumbo si el diagnóstico de su fracaso es evidente? La respuesta radica en el diseño de la propia Ley Electoral y de Partidos Políticos. La normativa actual ni siquiera promueve la democracia interna dentro de las agrupaciones. Las asambleas municipales, departamentales y nacionales son meros trámites burocráticos y teatros legales donde la militancia asiste solo para levantar la mano y ratificar lo que la dirigencia mercantilista ya decidió y pactó en secreto.
El nudo intocable del problema es que, para corregir el daño que el multipartidismo está provocando al corto y mediano plazo, se requiere reformar con urgencia la LEPP. Sin embargo, los encargados de dictaminar y aprobar esas modificaciones son los propios diputados del Congreso, quienes llegaron a sus curules gracias a las mañas y vicios de ese mismo sistema fragmentado. Los legisladores se convierten en juez y parte; no tienen ningún incentivo real para democratizar los partidos, transparentar el financiamiento o cerrarle el paso a las franquicias de cartón que ellos mismos controlan.
Un sendero sin brújula
Con más de 30 partidos políticos proyectados para 2027, encausar a Guatemala por un sendero de desarrollo diferente se vuelve una tarea titánica, casi imposible. La fragmentación condena al país a la parálisis permanente. Mientras las naciones vecinas discuten estrategias de inserción geopolítica, atracción de inversiones de alta tecnología y reformas educativas para el siglo XXI, la clase política guatemalteca pasa los cuatro años de gobierno discutiendo el reparto de obras distritales y sobreviviendo a las crisis que provoca la falta de consensos mínimos.
El peligro para el país en el corto plazo es la total pérdida de fe de la ciudadanía en la democracia formal. Cuando el votante se da cuenta de que da igual por qué sigla vote, porque al final todas operan bajo el mismo patrón mercantilista, se abre la puerta para los discursos populistas radicales o autoritarios que prometen orden a cambio de sacrificar las libertades civiles. El multipartidismo que hoy nos divide y nos fragmenta no es una muestra de pluralismo; es la condena de una República que se disuelve en un mar de logotipos vacíos, manejados por mercaderes de la política que han hecho de la democracia su negocio más rentable.