Consuelo Porras y Rafael Curruchiche insisten en llevar por la vía penal acusación contra periodistas de elPeriódico. Jueces avalan estrategia para silenciar a la prensa
El Ministerio Público (MP) sigue su cruzada para silenciar a la prensa y ahora busca que un juez confirme el 16 de junio próximo la vía penal para criminalizar la labor de 8 periodistas que escribían o trabajaban en el diario elPeriódico, silenciado por el acoso judicial y comercial que sufrió durante el último año.
En febrero pasado, a solicitud del MP y la Fundación Contra el Terrorismo (Fundaterro), el juez Jimmy Bremer ordenó la investigación contra los ocho periodistas, contraviniendo el artículo 35 de la Constitución de la República y la Ley constitucional que garantiza la libertad de expresión y de prensa.
Abogados y juristas nacionales e internacionales han advertido sobre lo irregular de la acción del juez Bremer, quien habría incurrido en varios delitos al autorizar una acción evidentemente ilegal.
El MP y la FECI, bajo las órdenes de consuelo Porras y Rafael Curruchiche respectivamente, sostienen que los periodistas cometieron el delito de «obstrucción a la justicia» al escribir sobre el caso del periodista José Rubén Zamora, quién está próximo a recibir sentencia condenatoria, luego de un juicio que ha estado plagado de irregularidades también.
Porras y Curruchiche forman parte de la llamada «Lista Engel» creada por el Departamento de Estado de Estados Unidos para sancionar a personajes calificados como «antidemocráticos y corruptos».
El artículo 35 de la Constitución es contundente y claro, a pesar de lo cual, el MP solicitó la investigación penal de los periodistas. Esto dice la Constitución:
No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. Los funcionarios y empleados públicos podrán exigir que un tribunal de honor, integrado en la forma que determine la ley, declare que la publicación que los afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se les hacen son infundados.
Artículo 35 de la Constitución.
El juez Bremer ignoró este artículo 35, lo que supone una acción ilegal por parte de un funcionario público. El juez aceptó la solicitud ilegal de la fiscalía y ordenó que se abriera investigación penal contra Julia Corado, Gonzalo Marroquín, Edgar Gutiérrez, Gerson Ortiz, Rony Ríos, Denis Aguilar, Cristian Velix y Alexander Valdéz.
Julia Corado fue la directora de «elPeriódico» hasta su cierre, y Gnzalo Marroquín es director de Crónica, expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y ha sido director de varios medios de prensa en Guatemala, entre ellos, Prensa Libre y el telenoticiero 7Días.
¿Qué pretende el MP?
Por mandato constitucional, el caso debiera seguir el camino que la ley establece: si jueces y fiscales se consideran injustamente tratados por la prensa, deberían presentar una demanda por la vía correspondiente, no penal, y acudir a un tribunal de imprenta para que se conozcan sus argumentos. En todo caso, no hay delito alguno y solamente podrían solicitar un derecho de aclaración.
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Ayer, la FECI asumió el control de la investigación y el Juzgado Quinto de Primera Instancia programó audiencia unilateral para el 16 de junio. La jueza que conocerá el caso debiera enmarcarse dentro de la ley y, por lo tanto, enviarlo por la vía que manda la Ley de Emisión de Pensamiento, que es la única por la que un periodista puede ser sometido a proceso por su función profesional.
Secuela de otro caso contra la prensa
La persecución y acoso en contra de los ocho periodistas, quienes han tenido que salir del país para asegurarse que no serán encarcelados sin sustento legal, como ya anticipó la «fundaterror» en sus redes sociales – reales y falsas–, se deriva del juicio en contra del periodistas José Rubén Zamora, con el fin de silenciar a su diario «elPeriódico», que semanalmente publicaba sobre algún caso de corrupción del gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
En solamente 72 horas lograron montar un caso en su contra, acusándolo de lavado de dinero por Q300 mil, obstrucción a la justicia y chantaje.
En el juicio, que concluyó la semana pasada, nunca se logró probar por parte del MP ninguno de los tres delitos. Sin embargo, el acusado Zamora Marroquín no pudo presentar pruebas de descargo. Se hizo evidente que el dinero provenía de una fuente lícita, por lo que no hubo lavado de dinero, que los supuestos personajes chantajeados (2) no pudieron presentar ninguna prueba de lo que afirmaron ante el juez.
Sobre la acusación por obstrucción a la justicia se utilizaron grabaciones obtenidas de manera ilegal por el MP. el MP ha solicitado una pena de 40 años de prisión contra el periodista, la misma semana en que algunos de los acusados por casos de corrupción millonaria salían de prisión a la espera de sus procesos.