- Sin mencionar sobre la citación a la fiscal general, el MP destaca que no obedecer órdenes judiciales puede dar lugar a comisión de delitos: ¿Escalará la crisis a otro nivel?
La fiscal general Consuelo Porras y el Ministerio Público han tardado poco en responder con advertencias al presidente Bernardo Arévalo, quien califica de ilegales algunas de las acciones que la fiscalía lleva a cabo, principalmente el acoso judicial contra funcionarios, personeros de Semilla, periodistas y operadores de justicia.
«Ninguna autoridad podrá dar instrucciones al jefe del Ministerio Público o sus subordinados respecto a la forma de llevar adelante la investigación penal o limitar el ejercicio de la acción», señala el comunicado del MP divulgado en redes sociales, en el que también se advierte a funcionarios y agentes de seguridad que se nieguen a acatar órdenes de la fiscalía.
Sobre el mensaje del domingo por la noche del presidente Arévalo, dice el MP que el mismo fue «lamentable» y que sus declaraciones «constituyen un intento de vulnerar la autonomía e independencia que la Constitución Política de la República y la legislación guatemalteca otorga al Ministerio Público y al Organismo Judicial»
LEE ADEMÁS:
A manera de advertencia al ministerio de Gobernación, el MP hace ver que sus fiscales pueden exigir «la colaboración de cualquier funcionario o empleado público, emplazándolo conforme a las circunstancias del caso y practicar por sí o hacer practicar por funcionarios o agentes policiales, cualquier clase de diligencia, quienes estarán obligados a satisfacer el requerimiento o la comisión en el plazo que les fuera establecido».
Esto es una respuesta directa al presidente Arévalo, quien dijo que las fuerzas de seguridad solamente acatarán «órdenes estrictamente legales» de parte del MP.
El tono del mensaje confirma que el MP, confiando en el respaldo de las cortes, tanto la Suprema (CSJ) como la de Constitucionalidad (CC), pretende que la fiscalía está por enciam de todos los organismos del Estado y no acepta la rendición de cuentas ante nadie.
El presidente Arévalo anunció que citará a la fiscal general para que informe sobre el constante acoso judicial que el MP mantiene sobre diversos personajes, su actitud en contra de la Libertad de Prensa, y lsu negación a investigar los 170 casos de corrupción que su administración ha denunciado ante la fiscalía, sin resultado alguno.
Mientras, circula la tesis de que el presidente de la República puede destituir a la fiscal general «con causa justificada» como lo establece el artículo 251 de la Constitución, que dice así:
- Artículo 251: El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. (…) El Fiscal General de la Nación durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones y tendrá las mismas preeminencias e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El Presidente de la República podrá removerlo por causa justificada debidamente establecida.
En el comunicado del MP no se hace mención a la actitud que asumirá la fiscal general Porras cuando reciba la citación para acudir a una citación con el presidente, reunido en junta de Gabinete de ministros, como lo establece la ley.
En la primera ocasión, la fiscal se negó a rendir cuentas ante el Ejecutivo.