- De nuevo la fiscalía se ubica del lado de la corrupción. El MP persigue al superintendente de la SAT, Marco Livio Díaz, tras denunciar el caso B-410
El Ministerio Público (MP) de Guatemala ha iniciado investigaciones contra Marco Livio Díaz Reyes, superintendente de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en un giro que ha generado críticas por parte de diversos sectores, porque van tras el funcionario que denuncio multimillonaria defraudación al Estado, un caso que, por otra parte, no avanza en la fiscalía.
Lo que se sabe hasta el momento, es que el MP intenta montar un caso contra Díaz Reyes y otros funcionarios de la SAT, a quienes intenta invoilucrar en un caso de chantaje, algo parecido a lo que ha hecho en otros casos de personajes a los que persigue injustamente.
Esto ocurre después de que la SAT revelara el caso B-410, una red de 410 empresas vinculadas a un esquema de defraudación fiscal que habría generado pérdidas al Estado por más de 300 millones de quetzales entre 2021 y 2023.
En agosto de este año, Díaz presentó públicamente los hallazgos del caso B-410. Según explicó, estas empresas estaban conectadas a un mismo abogado y compartían un representante legal, registrando domicilios falsos, documentos adulterados y operaciones con instituciones estatales, como la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Defensa.
En un comunicado oficial, Díaz Reyes expone que hay «señalamientos infundados, apócrifos y supuestas acusaciones» y demanda que la justicia prevalezca.
A pesar de estas evidencias, el MP ha enfocado sus esfuerzos en investigar al denunciante, mientras que las empresas y personas vinculadas, como el exdirector del extinto Centro de Gobierno, Miguel Martínez, no han sido objeto de investigaciones profundas por el ente dirigido por Consuelo Porras.
Trascendió que dentro de la «investigación» del caso, los fiscales del MP suelen preguntar a las empresas señaladas de gran corrupción, si no han sido víctimas de chantaje de funcionarios de la SAT, lo que permite suponer que intentan montar un caso en contra del acusador y exculpar a las empresas señaladas con pruebas contundentes por parte de la sat.
Diversos analistas han señalado que este cambio de enfoque podría deberse a una intención política de debilitar la lucha contra la corrupción, especialmente contra estructuras que operaron durante administraciones pasadas.
Mientras tanto, Marco Livio Díaz continúa defendiendo la transparencia de sus acciones y la relevancia de combatir estas prácticas, que afectan gravemente a las finanzas públicas del país
El Ministerio Público (MP), bajo el liderazgo de Consuelo Porras, ha sido señalado reiteradamente por dirigir acciones que favorecen la persecución de quienes denuncian corrupción o luchan contra estructuras ilegales.
En este contexto, la investigación contra Marco Livio Díaz Reyes, superintendente de la SAT, refuerza estas críticas, ya que parece ser una represalia directa tras su denuncia del caso B-410, un entramado de defraudación fiscal de más de 300 millones de quetzales
CHANTAJE, delito que replican en otros casos
En varios casos recientes, el MP ha utilizado acusaciones de chantaje para justificar investigaciones contra figuras clave en la lucha anticorrupción. Uno de los ejemplos más emblemáticos es el caso del periodista José Rubén Zamora, fundador de elPeriódico, quien fue acusado de lavado de dinero y chantaje en medio de una evidente persecución por su papel en la exposición de actos de corrupción gubernamenta.
Este patrón se repite ahora contra Díaz, quien ha sido señalado de supuestos actos irregulares tras la presentación de la denuncia del caso B-410.
Lo mismo ha ocurrido con operadores de justicia como Virginia Laparra, exfiscal anticorrupción, quien fue condenada en circunstancias cuestionadas, mientras enfrentaba procesos impulsados por el MP relacionados con el ejercicio de sus funciones. Estas acciones han generado una percepción de que el MP utiliza herramientas legales de forma arbitraria para intimidar y neutralizar a quienes representan una amenaza para grupos de poder vinculados a estructuras corruptas.
Críticas al MP y a Consuelo Porras
La gestión de Consuelo Porras ha sido señalada tanto a nivel nacional como internacional por socavar el estado de derecho. Diversas organizaciones, incluidas Human Rights Watch y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, han criticado la falta de independencia del MP y sus prácticas consideradas como persecución política. Porras fue incluida en la Lista Engel, que señala a actores corruptos o antidemocráticos en Centroamérica.
A nivel interno, voces de sectores académicos, empresariales y de la sociedad civil han advertido que el MP utiliza su poder discrecional para obstaculizar investigaciones sensibles, como en el caso B-410, mientras protege a figuras clave del gobierno de Alejandro Giammattei, entre ellos Miguel Martínez. Este último ha sido mencionado en investigaciones de corrupción, pero permanece sin ser investigado a profundidad por el MP【9】【10】.
Un giro alarmante en el caso B-410
El enfoque del MP en investigar a Marco Livio Díaz en lugar de avanzar en la denuncia del caso B-410 ha levantado sospechas de un intento de desviar la atención pública. Este caso involucra a 410 empresas que defraudaron al Estado a través de facturación falsa y contratos millonarios con instituciones gubernamentales. La inacción del MP frente a estos hechos contrasta con su rapidez para actuar contra Díaz, quien denunció públicamente la red de corrupción.
Este patrón de persecución y protección selectiva por parte del MP no solo afecta la lucha contra la corrupción en Guatemala, sino que también erosiona la confianza en las instituciones de justicia, generando un clima de impunidad y represión para quienes buscan un país más transparente y justo.